Agregó que en estos hechos participaron, según informaciones recibidas, grupos de individuos para policiales que asesinaron a varias personas indefensas.
El relator aclaró que «no desconoce que estos hechos ocurren en el marco de un largo conflicto social y político que ha enfrentado a diversos sectores de la sociedad oaxaqueña con las autoridades estatales».
Añadió que ha recibido información reportando que en el transcurso de este conflicto las violaciones a los derechos humanos incluyen tiroteos con armas de fuego que han producido muertos y heridos, detenciones arbitrarias, allanamientos de hogares, desapariciones forzadas y la negación del debido proceso.
En el informe sobre su misión en México en 2003, Stavenhagen recomendó al gobierno de México, entre otras cosas, que proceda con urgencia a desmantelar, desarmar y sancionar a grupos paramilitares o civiles armados que operan en regiones indígenas.
Asimismo, expresó gran preocupación por el uso de la fuerza pública «para la supuesta solución a problemas sociales de larga duración», y sugirió a las autoridades federales y estatales que se atengan en todo momento a los compromisos adquiridos por México en el ámbito internacional de respetar sin limitaciones los derechos humanos de las personas y los grupos, incluyendo el derecho a la libre expresión, a la manifestación, a la disidencia y a la protesta social.
06/LR/CV
