La vía penal no resuelve un problema de salud pública como es el aborto, opinó hoy la presidenta de Defensoras Populares, Teresa Ulloa, tras calificar como injusta la ley que castiga a las mujeres que interrumpen su embarazo, desconociendo sus derechos sexuales y reproductivos.
Al conocer el caso de María Guadalupe Tristán, de 31 años de edad, quien el lunes pasado ingresó al Reclusorio Norte acusada por el delito de aborto, Ulloa insistió en que la penalización no resuelve la problemática ya que de acuerdo con el Consejo Nacional de Población, cada año ocurren en México cerca de 200 mil abortos inducidos.
Pero las cifras pueden ser mayores según estimaciones del Grupo de Información en Reproducción Elegida (Gire) organización civil que calcula en más de 500 mil las interrupciones de embarazos en territorio mexicano.
El arresto de María Guadalupe Tristán causó sorpresa en el ámbito de las organizaciones sociales, toda vez que pocas son las mujeres que han pisado la cárcel acusadas por este delito.
Hace10 años, en las cárceles del Distrito Federal sólo una mujer se encontraba privada de su libertad por haber provocado un aborto a una menor de 16 años.
No obstante, las mujeres continúan recurriendo a esta práctica, muchas veces por ignorancia de la ley, como considera la secretaria de Salud del Distrito Federal, Assa Cristina Laurell, quien informó que en lo que va del año solamente se han practicado tres abortos legales en hospitales del DF.
El 24 de agosto de 2000 la Gaceta Oficial del DF publicó el decreto por el cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de Procedimientos Penales, ampliado las causales del aborto: por razones eugenésicas (cuando el producto presenta malformaciones genéticas), por graves daños a la salud de la mujer y por inseminación artificial, sumándose a las causales de violación e imprudencial.
La abogada Ulloa, insistió en que las mujeres tienen derecho a decidir sobre su cuerpo aunque el conservadurismo defienda otra posición sin importar que los hijos no deseados estén condenados a la miseria, a la drogadicción o alcoholismo.
Más aún, consideró que la ley es injusta porque sólo castiga a la mujer y no contempla sanción para los varones corresponsables del embarazo de las mujeres.
Dijo que problemas como el aborto y la violación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres se están agudizando frente el avance de la derecha y de la jerarquía católica en lo que va de la administración foxista.
Cabe recordar que Teresa Ulloa logró liberar en 1996 a Laura Chavira, una joven de 18 años a quien su padre había acusado de aborto y a quien ya habían sentenciado por homicidio calificado. Laura también estuvo presa en el Reclusorio Norte.
En el caso que nos ocupa, dijo que el aborto no es considerado un delito grave, por lo que María Guadalupe tiene derecho a la libertad bajo fianza. De acuerdo con la ley en el DF, el aborto puede ser penalizado hasta con tres años de prisión.
2003/SM/MEL
|
disponible para periodistas y medios de comunicación impresos y electrónicos por favor citen la fuente El servicio informativo se realiza gracias al apoyo |