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Confían en modificar Ley de Guarda y Custodia

Por María de la Luz González

Organizaciones civiles y legisladores de PRD y PRI en la Asamblea Legislativa avanzan en consensos para modificar la Ley de Guarda, Custodia y Derechos de Convivencia, vigente desde diciembre del 2004 en el Distrito Federal, que ha sido calificada de regresiva por diversos sectores de la sociedad civil.

La diputada Maricela Contreras Julián, presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Asamblea Legislativa (ALDF), confió en que en breve puedan aprobarse reformas a la citada ley que privilegien el bien superior de las niñas y niños, los principales afectados por el ordenamiento aprobado hace unos meses.

La ley establece la figura de custodia compartida y el derecho de los padres y de los familiares hasta en cuarto grado a la convivencia con las y los menores, incluso en los casos en que existen indicios de violencia.

Si las madres, por proteger a sus hijas e hijos, se oponen al ordenamiento, se arriesgan a perder su guarda y custodia a favor de los agresores, y a ser sancionadas como responsables de incumplir una disposición judicial.

La diputada Contreras Julián explicó que actualmente se discute en comisiones un a propuesta de reforma a la ley, que ha sido enriquecida con planteamientos que privilegian los derechos de las niñas y niños.

Recordó que de acuerdo con los instrumentos internacionales que consagran los derechos de las niñas y niños, la convivencia no es un derecho de los padres, sino de los menores y, por tanto, padre y madre están obligados a crear las condiciones necesarias para que sus hijos puedan tener estas convivencias de la mejor manera.

Las reformas que se están planteando incluyen una definición de lo que debe entenderse por “bien superior del menor”, que es la creación de las condiciones necesarias para el desarrollo intelectual, físico y emocional de los menores, elementos que los jueces deberán considerar en un juicio de custodia.

Los aspectos de guarda y custodia compartida, agregó, se pueden quedar en la ley, siempre y cuando se establezca por convenio entre el padre y la madre, “pues si no hay acuerdo no puede haber custodia compartida y será en un juicio donde se determine con quién se van a quedar los hijos”.

La iniciativa de reformas propone igualmente que no haya arresto inmediato para quien incumpla las convivencias, sino que haya apercibimientos, y que estos incluyan el incumplimiento de las obligaciones de crianza y las alimentarias.

Asimismo, se plantea eliminar la posibilidad de que las convivencias puedan ser demandadas por familiares hasta el cuarto grado, “porque esto implica una gran inestabilidad para los menores, que deberán entonces tener una agenda de convivencia con los abuelos, tíos, primos y el padre y la madre”, explicó.

En función del bien superior del menor se está proponiendo también la incorporación de oficiales que los apoyen cuando tengan que dar una declaración o ser escuchados por el juez, para crear un ambiente en el que puedan expresarse sin presiones, sin angustias y decir de manera adecuada lo que están sintiendo o viviendo.

La legisladora cuestionó el hecho de que la patria potestad, que uno de los padres puede perder por haber cometido algún delito grave o incumplido una obligación hacia el menor, como el no proporcionarle alimentos, puede recuperarse por el simple hecho de pagar una pensión alimenticia.

Durante su intervención en una reunión de organizaciones feministas por el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, la legisladora calificó la actual ley como un embestida de la derecha, e hizo un llamado a la sociedad civil a sumar esfuerzos para impedir el retroceso.


2005/LG/SJ

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