Confían se logren acuerdos a favor de movimiento jornalero

El gobernador de Baja California (BC), Francisco Vega de Lamadrid, esperó hasta el último día del plazo acordado para reunirse con la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social de San Quintín, con quienes tratará demandas de infraestructura que tienen más de 10 años de rezago, así como la construcción del hospital de especialidades y guarderías para las jornaleras.
 
Fidel Sánchez Gabriel, vocero de la Alianza, dijo vía telefónica a Cimacnoticias que el subsecretario de Gobierno de BC, Pablo Alejo López Núñez, se comunicó el pasado 27 de mayo con él para informarle sobre el cumplimiento del último punto de los 13 acuerdos que firmaron conjuntamente (en presencia de legisladores y autoridades federales) el pasado 14 de mayo.
 
En este último acuerdo se especifica que el gobernador deberá reunirse con las y los jornaleros antes de que concluya este mes de mayo para tratar problemáticas locales.
 
Lo que Sánchez Gabriel escuchó por teléfono fue que este sábado 30 de mayo, a las 11 de la mañana (tiempo del Pacífico, 1 de la tarde en la Ciudad de México) Vega de Lamadrid se trasladará hasta el Centro de Gobierno de San Quintín, al sur del municipio de Ensenada, para tratar problemáticas de la región del Valle que tienen hasta 10 años de rezago.
 
Los voceros del movimiento y Lucila Hernández García, representante de las mujeres jornaleras, ya tienen preparado el orden del día para la reunión, en la que plantearán algunas exigencias que presentaron al gobernador desde años anteriores.
 
Las y los jornaleros pedirán que se actualice un estudio de factibilidad para la construcción de una presa en la cuenca del arroyo de Santo Domingo, que beneficiaría de agua potable principalmente a la comunidad indígena triqui que se asienta en  San Quintín.
 
Sánchez Gabriel precisó que el primer estudio para construir la presa se hizo en 1977, pero el gobierno local de entonces pospuso el proyecto y hasta ahora no se ha construido.
 
Otro tema sobre la mesa es la planeación de un programa de regularización predial para las miles de personas que habitan los asentamientos irregulares de las comunidades de jornaleros, y que no son beneficiarias de recursos federales.
 
La falta de infraestructura hidráulica obliga a las mujeres de San  Quintín a trasladarse con dos cubetas de 20 litros hasta las vías principales de las comunidades, para esperar las pipas de agua y comprar el líquido a 23 pesos por un tambo de 200 litros.
 
Por familia se requiere de tres a cinco tambos por semana para el uso diario, pero para la preparación de alimentos se hace un gasto extra de 11 pesos por garrafón.   
 
Mañana también se discutirá la construcción de un plantel en San Quintín de la Universidad Tecnológica de Tijuana, que estaba previsto desde hace dos años pero, sin previo aviso, el proyecto empezó a planearse para otra comunidad.
 
Igualmente se discutirá la expropiación de un pozo ubicado en el Ejido Díaz Ordaz, el cual fue construido con financiamiento de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) hace 11 años.
 
No obstante, cuando el pozo estuvo listo para la toma de agua gratuita (un año después) llegó un supuesto dueño que se apropió del pozo, dejando sin agua a una comunidad de más de 600 habitantes.
 
A estas añejas demandas, el movimiento agregará las que surgieron este 2015; entre ellas, la construcción de un hospital de tercer nivel para el cual –aseguró Sánchez Gabriel– el movimiento ya dio una contribución económica simbólica (de 20 a 50 pesos por 10 integrantes de la Alianza) al diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) Ricardo Medina Fierro, integrante de la Comisión de Asuntos Indígenas y quien es oriundo de BC.
 
Cabe detallar que desde el año pasado se abandonaron los cimientos para la construcción de una unidad de servicios de salud en la delegación Camalú, la cual se pensaba sería el hospital de tercer nivel.
 
No obstante, las y los jornaleros supieron que ahí se habría construido la Clínica 69 (del programa federal Prospera) que finalmente se asentó en la colonia 13 de San Quintín, y no atiende especialidades ni urgencias que no sean básicas.   
 
Las y los jornaleros cuestionarán al gobernador Francisco Vega sobre el cumplimiento del resto de los acuerdos, ya que aunque no niegan que ya se hayan realizado las inspecciones a los que se comprometió la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, el movimiento desconoce exactamente en qué centros de trabajo se están llevando a cabo.
 
También pedirán informes sobre el número de personas que se lograron afiliar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ya que de ese registro dependerá el número de guarderías que habrán de construirse.
 
Fidel Sánchez señaló que sigue en pie la reunión del próximo 4 de junio con el gobierno federal para detallar el posible aumento salarial a 200 pesos mínimo por día, y agregó que no está en sus planes impedir las elecciones del próximo 7 de junio, a fin de que no se vincule al movimiento jornalero con algún partido político.
 
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