La Auditoría Superior de la Federación confirmó el desvío de recursos públicos a Provida con lo que promueve acción penal contra la organización y autoridades con responsabilidad en el asunto, se informó hoy en medio de muertes pontificias y desafueros.
El informe presentado por el titular de la dependencia ante la Comisión de Vigilancia de tal Auditoría en la Cámara de Diputados, Arturo González de Aragón, refiere "diversas observaciones por 27 millones 409 mil pesos en la comprobación de los recursos públicos" que el Comité Nacional Provida recibió vía la beneficencia pública.
Por ejemplo, abunda el informe, el equipo de ultrasonido que comprobaron a Transforma México tenía un sobreprecio de dos millones 551 mil pesos, equivalente a 72 por ciento de todos los gastos comprobados.
Asimismo, la Auditoría Superior de la Federación comprobó que en los papeles dobles de proveedor y empleado de Provida, la organización recibió de ellos mismos siete millones 774 mil pesos, o sea, 64.5 de las aportaciones de particulares a Provida.
En este sentido, la diputada federal priista Marcela Guerra, integrante de la Comisión citada adelantó hoy en entrevista radiofónica que presentará una denuncia a la Unidad de Lavado de Dinero ante la Procuraduría General de la República, con base en las inversiones que Provida habría hecho en la bolsa de Nueva York.
Mientras que otros medios informaron que de los más de 33 millones de pesos desviados, siete millones habrían ido a parar directamente a la bolsa del ex director de Provida, Jorge Serrano Limón.
La Auditoría Superior de la Federación determinó que para el año 2003, las irregularidades en la Cuenta Pública ascendieron en total a 54 millones 922 mil pesos tras practicar auditorias en 88 dependencias y entidades de los tres poderes en el país y organismos autónomos, informó la Cámara de Diputados.
ESTA FUE LA HISTORIA
A partir de un supuesto aumento de recursos para las mujeres en el año 2003 dio inicio el caso Provida, del presupuesto de ese año se destinaron 503 millones de pesos a la Secretaría de Salud, esto con el fin de tener un aumento en los programas dirigidos hacia las mujeres.
Mientras que en algunas cuestiones aumentaban los montos en el caso del VIH/sida intentaban los Diputados disminuir un de 308 millones a 178 millones de pesos, esto es una disminución del 42.3 por ciento del presupuesto asignado en años anteriores, posteriormente esta propuesta fue rechazada por la misma Cámara.
La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública consideró recortar del presupuesto 30 millones de pesos destinados a Provida, que habían sido asignados por el diputado del Partido Acción Nacional (PAN) Luis Pasos.
Al respecto, la presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara baja, Concepción González Molina, comentó que esos recursos se destinarían a la Secretaria de Salud para atender a enfermo de sida.
Sorprendentemente después de la decisión de la Cámara, el Grupo antiabortista Próvida recibió los 30 millones, detrás de ello se encontraba Luis Pasos, a quien después la Comisión de Equidad y Género pretendía interponer un juicio penal por el desvió de fondos destinados para las mujeres y otorgados a este grupo conservador.
A pesar de las negaciones de Luis Pasos sobre el desvió de fondos, en noviembre de 2003 en el pleno de la Cámara Rafael García Tinajero, del Partidos de la Revolución Democrática (PRD), acusó a Pasos por el recorte de los 30 millones de pesos, en ese momento se hizo un recuento del escándalo protagonizado por Provida y Luis Pasos.
Las organizaciones informaron en conferencia de prensa que a un año de la auditoría ciudadana que determinó que Provida encabezada por Serrano Limón cometió fraude y evasión fiscal en el ejercicio de 30 millones de pesos, que recibió en 2003 de la Secretaría de Salud (SS), no ha habido respuesta de ninguna autoridad.
La directora de Salud Integral para la Mujer (SIPAM), Pilar Muriedas, explicó que el pasado mes de enero de enviaron dos cartas dirigidas al secretario de Salud, Julio Frenk Mora, y al titular de la Función Pública, Eduardo Romero; para que se dieran a conocer los avances en los acuerdos entre las instituciones gubernamentales y las asociaciones civiles.
2005/AA-MR/SJ
