Ante la creciente controversia respecto a la pertinencia del fuero militar para juzgar violaciones a Derechos Humanos (DH), la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a los tribunales no analizar este asunto hasta que las y los ministros se pronuncien al respecto.
En el Acuerdo 6/2012 publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la SCJN dispuso que los Tribunales Colegiados de Circuito deben aplazar la resolución de todos los casos (amparos en revisión o amparos directos) en los que exista un conflicto sobre la competencia del fuero de guerra.
El objetivo es garantizar los derechos de seguridad jurídica y acceso efectivo a la justicia y esperar a que el tribunal fije criterios sobre el uso del fuero militar, lo que en un futuro evitará que los juzgadores dicten sentencias contrarias al criterio de la SCJN.
El 7 de mayo de 2012 el pleno del alto tribunal acordó que cuando un Tribunal Colegiado de Circuito conociera un caso sobre delitos cometidos por militares en contra de civiles o contra la salud, y donde existiera una controversia de competencia de tribunales civiles y militares, el asunto se aplazaría.
Anteriormente en julio de 2011 las y los ministros analizaron la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sobre el caso del líder social Rosendo Radilla, presuntamente desaparecido por militares en 1974. En ese entonces el pleno restringió el uso del fuero para conocer casos de violaciones a DH.
Asimismo la SCJN pidió aplazar el análisis de estos asuntos con la finalidad de que todos los juzgados y tribunales federales del país que conocieran algún asunto relacionado con el fuero castrense, le informaran para que ésta determinará si ejercía su facultad de atracción o no.
El acuerdo aprobado en mayo de 2011 entró hoy en vigor tras la publicación en el DOF, y hasta ahora el máximo tribunal tiene en su poder 26 amparos en revisión, un amparo directo y un conflicto competencial, todos los cuales tienen que ver con efectivos castrenses.
Además de estos casos, en enero pasado la SCJN informó que también analizará la responsabilidad del Poder Judicial derivada de las dos sentencias de la CoIDH por la tortura sexual ejercida por militares en 2002 contra las indígenas de Guerrero Inés Fernández y Valentina Rosendo.
El análisis de estas sentencias (en el expediente 1396/2011) fue turnado al ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, aunque aún no hay fecha para su discusión.
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