Aún después de que se vetó la iniciativa de Ley de promoción y desarrollo de bionergéticos, la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados insiste en defender intereses agroindustriales y quieren acelerar el paso de esta iniciativa, para que sus intereses personales no se vean afectados por preocupaciones reales de la sociedad civil, denunciaron hoy diversas organizaciones civiles ambientalistas.
Por tanto, la Fundación Heinrich Böll, Greenpeace, Oxfam, Oxfam-Internacional y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, de la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio, demandaron en conferencia de prensa que se abra el debate de la Iniciativa de Ley de Bioenergéticos.
Una política de bioenergía integral que no se base en intereses solamente de producción de etanol es un proceso complejo, que debe involucrar la opinión de la sociedad, y el principio de precaución, dijeron.
«La política de biocombustibles en un país con déficit de producción de maíz debe explícitamente definir que no se darán subsidios ni apoyos para la producción de etanol con el grano de alimentación básico de las y los mexicanos», señalaron.
Sin estos requisitos básicos, existe el gran peligro de que el servir a los intereses agroindustriales agudice más el problema del campo, de la soberanía alimentaria y del daño medioambiental que ya tiene México.
En este sentido, Jorge Villareal, de la Fundación Böll, aseguró que la iniciativa de Ley de Bioenergéticos, que busca aprobar el Congreso vía «fast track», no resuelve la crisis por la que atraviesa el campo mexicano, aunque podría contribuir a aprovechar los recursos energéticos y a brindar mejores condiciones productivas, siempre y cuando tengan principios y criterios de producción sustentable.
Villarreal demandó al gobierno federal a asumir su responsabilidad para desarrollar una política pública de bioenergéticos que sea socialmente inclusiva, que promueva el desarrollo local de manera sustentable y que sea coherente con la estrategia nacional de cambio climático.
Asimismo, externó que la iniciativa de ley que se encuentra en comisiones en la Cámara de Diputados se debe analizar desde la óptica de crear una nueva política en materia energética, ya que pensar que los agrocombustibles son la única o la mejor opción para combatir el cambio climático es un error. «Son muchos los impactos negativos que ya se están viendo en países que llevan una política de agrocombustibles agresiva», apuntó.
Paralelamente, Gustavo Ampugnani, de Greenpeace, dijo que «una ley de agrocombustibles que no lleve a nada es un gran peligro ambiental. Son muchos los impactos negativos que ya se están viendo en otros países al llevar una política de agrocombustibles agresiva. Los agrocombustibles no son automáticamente benignos con el medio ambiente».
Debe haber una autoridad que vigile, limite, ordene y sancione a los productores que no cumplan con los necesarios lineamientos ambientales que deben tomarse en cuenta, señaló.
La Iniciativa de Ley de Biocombustibles del año pasado, que fue vetada por Calderón, no incluía a la Semarnat como autoridad. La actual lo hace, pero le da un papel meramente simbólico, lo cual puede hacer más grave los problemas ya existentes de deforestación, pérdida de suelo, eutrofización, contaminación del aire por pesticidas, etc. No podemos acelerar una Ley sobre un tema tan delicado, sin tomar precaución en el asunto, afirmó por su parte Katya Pérez del Centro Mexicano de Derecho Ambiental.
A DEBATE
Las y los integrantes de las organizaciones civiles ambientalista hicieron un llamado a las y los diputados de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara Baja para que antes de elaborar el dictamen de ley tomen en cuenta las propuestas de los especialistas.
Pidieron al Congreso de la Unión dejar fuera el maíz de la producción de biocombustibles, toda vez que se corre el riesgo de ser dependientes alimentaria y energéticamente.
«Por los problemas del sistema productivo y comercial agrícola, el maíz no debe ser desviado para producir etanol», aseveraron los expositores, al precisar que México importa 30 por ciento de su maíz para consumo y el cultivo para la alimentación debe tener prioridad por sobre su utilización para la producción de combustibles».
El secretario técnico de la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio, Marco Velázquez, se pronunció en contra de la ampliación de áreas de cultivo para producir agrocombustibles a costa de productos básicos y estratégicos para el consumo alimentario, y porque se garantice que los estímulos fiscales den preferencia a los pequeños productores que incentiven el autoconsumo y no a las grandes agroindustrias.
En ese sentido, Susana Cruickshank, de Oxfam, subrayó que cualquiera que sea el insumo agrícola –contemplado en la política de agrocombustibles– no debe poner en riesgo la seguridad alimentaria de la población, ni competir por insumos agrícolas como el agua, la tierra, los fertilizantes, porque incrementar la demanda de biocombustibles pone en riesgo la viabilidad de la producción de alimentos en los países productores.
Los integrantes de las organizaciones sociales y civiles ambientalistas, del campo y agrarias, pidieron a las secretarías de Agricultura, Energía y Medio Ambiente abrir públicamente el debate sobre los programas de producción de bioenergéticos para garantizar que éstos cumplan con criterios estrictos de sustentabilidad, que tengan como prioridad el abastecimiento del consumo local, para no acentuar la vulnerabilidad alimentaria por la que atraviesa el país.
07/MLT/GG/CV
