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Congreso de Chiapas no asigna un solo peso a favor de infancia

Por Angélica Jocelyn Soto Espinosa
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Grupos civiles que defienden los derechos de la infancia en México denunciaron que el Congreso del estado de Chiapas –entidad con el mayor índice de matrimonios tempranos y pobreza en el país– no asignó recursos al Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SEPINNA), instancia encargada de las acciones para salvaguardar a esta población.
 
Organizaciones como Melel Xolabal se dijeron preocupadas porque tanto el Congreso como el Ejecutivo local, Manuel Velasco Coello, dejaron vencer desde noviembre pasado los plazos para cumplir con las acciones establecidas en los transitorios de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de Chiapas (LDNNACH), y que son indispensables para su implementación.
 
Chiapas es el estado con mayores carencias sociales, por lo que 81.7 por ciento de los 2 millones de niñas, niños y adolescentes en la entidad (incluyendo a población migrante y refugiada) sobrevive en situación de pobreza, documentaron las organizaciones civiles.
 
Se suma que 30.05 por ciento de las jóvenes chiapanecas que viven en pareja, se unieron antes de cumplir 18 años de edad, proporción que está prácticamente 9 puntos porcentuales por arriba del promedio nacional. En el caso de las jóvenes indígenas en el estado, la proporción es de 40 por ciento, de acuerdo con ONU-Mujeres en México.
 
No obstante, el Congreso estatal votó el Presupuesto de Egresos para 2016 sin etiquetar un solo peso para implementar el SEPINNA, denunciaron grupos civiles, entre ellos la Red por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Chiapas.
 
El SEPINNA está previsto como la instancia responsable de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección para las garantías de la infancia, además de articular acciones federales, estatales y municipales en la materia, pero “su operación no será posible sin un presupuesto etiquetado, sin una reglamentación adecuada, y con una secretaría ejecutiva con bajo perfil y poco peso político”, expresaron activistas.
 
INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS
 
A nueve meses de que se promulgó la LDNNACH, los poderes Legislativo y Ejecutivo de la entidad incumplieron los plazos para acatar los siete artículos transitorios de la legislación.
 
Tales artículos mandatan la realización de reformas legales –entre ellas al Código Civil estatal para prohibir los matrimonios infantiles–, además de la integración de los Sistemas de Protección Integral Estatal y Municipales, y la aprobación del programa estatal y de los programas municipales de infancia.
 
Además establecen la expedición del Reglamento de la LDNNACH; definir, integrar, organizar y hacer funcionar comisiones especiales del Sistema de Protección; adecuar los Centros de Asistencia Social; y la creación de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia.
 
Pero los plazos para realizar esas acciones vencieron entre octubre y noviembre de 2015.
 
Las organizaciones, entre las que también participa la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), exigieron en un comunicado integrar los derechos de la infancia en los próximos ajustes al Plan Estatal de Desarrollo, y asegurar montos etiquetados para el adecuado funcionamiento del Sistema en el Presupuesto de Egresos 2017.
 
También pidieron partidas especiales en 2016 para la operación del SEPINNA; la creación urgente del Sistema Estatal de Información sobre Derechos de la Infancia; el funcionamiento de las procuradurías de Protección a nivel estatal y municipal; y la formación de personal público en Derechos Humanos de la infancia.
 
Las y los activistas demandaron que se abran mecanismos para la participación de sociedad civil en la construcción del Reglamento de la LDNNACH, y llamaron al gobernador Velasco Coello y al secretario de Gobierno, Juan Carlos Gómez, a que demuestren que los derechos de niñas, niños y adolescentes son prioridad.
 
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