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Congresos locales, 10 años de impasse en violencia de género

Por Lourdes Godínez Leal

México es un país de mujeres violentadas de una u otra forma y en una década ha habido un impasse en los Congresos estatales en materia de violencia contra las mujeres: “no ha pasado nada en materia legislativa, se quedaron con las reformas que hicieron hace diez años”, enfatizó Patricia Olamendi Torres, ex subsecretaria para asuntos multilaterales y derechos humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Entrevistada al término de la presentación de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2006, Olamendi Torres señaló que después de muchos años de trabajo en el tema de violencia “no ha pasado nada en materia legislativa. Me impresionó brutalmente porque no es posible que los Congresos se quedaron prácticamente con las reformas que hicieron hace 10 años”.

Tal vez, dice Olamendi, les pareció “suficiente” lo que habían hecho y ejemplificó que en los estados de Campeche y Querétaro no ha habido una legislación en violencia familiar, incluso, remarcó, todavía hay entidades federativas que señalan el homicidio en razón de honor “que es algo que pensábamos que ya no existía”, agregó.

NO SE TOMA CON SERIEDAD

Para Patricia Olamendi, especialista en temas de género y violencia, “estamos en una situación muy seria” ya que la inmensa mayoría de las mujeres mexicanas sufrimos violencia y no se ha logrado dimensionar la gravedad del problema, pero tampoco se ha tomado con seriedad el asunto.

“Si el gobierno no da el ejemplo y no pone señalamientos claros de que esas conductas no serán toleradas, entonces resulta muy complicado que la sociedad también las rechace”.

Y enfatizó que en pleno 2007 resulta “prácticamente imposible tener datos reales, desagregados, para saber cómo se manifiesta la violencia”.

Si bien existen las encuestas, subrayó, es necesario conocer el número de averiguaciones previas, porque algunas se registran, otras no, otras denuncian y luego se retractan, por ejemplo, y entonces ya no es averiguación previa.

Indicó que también es importante saber cómo están clasificando los homicidios; el número de denuncias por pensiones alimenticias, para saber si hay cumplimiento o no de las obligaciones alimentarias; número de denuncias de acoso u hostigamiento sexual, de violaciones, de abusos sexuales.

“Ahorita no tenemos ese registro, seguimos sin ese registro”, aseveró. Y puntualizó que falta voluntad política de los gobiernos y de las legislaturas para castigar todas las formas de violencia”.

Olamendi consideró necesario construir indicadores que permitan hacer una evaluación más precisa y conocer la situación estado por estado y saber si se están realizando políticas públicas o no. Pero advierte que mientras “la responsabilidad corresponda a los estados, seguiremos viendo esta respuesta desigual”.

Al referirse a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada el 1 de febrero en el Diario Oficial de la Federación, Olamendi Torres puntualizó que es “muy significativo” contar con ella , no obstante señaló que ésta no plantea procedimientos o cuestiones muy concretas.

Aún así, para que la Ley tenga una aplicación real es necesario construir indicadores. Porque si no, entonces queda otra vez a nivel de recomendación y “ya sabemos qué pasa con las recomendaciones en este país”.

LAS CARENCIAS

Patricia Olamendi lamentó que no haya espacios de atención para la violencia contra las mujeres y cuestionó el papel de los Institutos de las Mujeres que “siguen siendo normativos, viven en la estratosfera, pero la realidad de las mujeres es que no hay dónde acudan”.

Agregó que sería conveniente revisar la situación de estos institutos porque “tienen muy poca presencia política, muy poco o nulo presupuesto” y no tienen capacidad de negociar con sus pares.

“Yo creo que tenemos floreros en muchos estados, en lugar de instituciones tenemos el adorno que el gobierno quería para decir que tiene cumplido el tema de mujeres, pero sin presupuesto, sin recursos, sin presencia, sin una infraestructura, sin nada”.

Señaló que faltan centros integrales de atención para las mujeres, no hay centros de apoyo, refugios y los que hay continúan siendo operados en su mayoría por ONG.

Patricia Olamendi participó por invitación del INEGI para realizar la primera clasificación de delitos cometidos contra las mujeres, presentada conjuntamente con la Endireh 2006 que, explicó, “recoge todos los delitos que hay en el país, tanto federales como estatales, contra las mujeres”.

07/LGL/GG/CV

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