Ante la elevada violencia contra niñas y mujeres en Perú, que cobra la vida de 12 de ellas cada mes, y afecta a cuatro de cada 10, defensoras de Derechos Humanos (DH), exhortaron al gobierno del presidente, Alan García, enfrentar el flagelo.
En un comunicado, la organización Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, (Demus), informó que en las últimas semanas, el país se ha conmocionado con noticias sobre asesinatos de mujeres por sus ex parejas, la violación de tres niñas por su padre, y la tendencia lamentablemente vigente en el sistema de justicia, de la impunidad en estos casos.
Cifras del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (Mimdes); señalan que 286 mil, 462 mujeres fueron atendidas de 2002 a 2010, por haber sufrido algún tipo de violencia, lo que representa un promedio de 173 casos por día, además de unos 12 feminicidios por mes.
Jeannette Llaja Villena, abogada especialista en DH y directora de Demus, afirmó que en Perú se requiere mucho más que declaraciones públicas y frases de impacto mediático de parte de las autoridades.
«El propio presidente Alan García ha expresado su desacuerdo con la violencia, sin embargo esa voluntad debe expresarse en forma concreta en una acción concertada del gobierno contra las agresiones hacia las peruanas que se producen en la familia, la comunidad y el Estado».
Es necesario, dijo, que el gobierno asuma como un problema prioritario la atención nacional de la violencia contra las mujeres en sus diferentes manifestaciones, para lo cual es necesario que el Ministerio de Economía y Finanzas otorgue el presupuesto suficiente para concretar el Plan Nacional Contra la Violencia Hacia la Mujer 2009-2015.
«Tenemos el Plan Nacional, en el que están involucrados los ministerios de Educación, Salud, Interior y Justicia; sin embargo, sus limitaciones presupuestales impiden que se concrete adecuadamente mediante políticas públicas eficaces que permitan avanzar en el derecho a una vida libre de violencia para todas las mujeres».
Llaja Villena, agregó que además de presupuesto, se requieren mujeres y hombres sensibilizados sobre las causas de la violencia de género, funcionarias, funcionarios y operadores estatales, que puedan cumplir con su rol de orientación, prevención y sanción de acuerdo a los estándares internacionales de DH.
La mayoría de los crímenes contra las mujeres en Perú quedan impunes, tendencia lamentable y vigente en el sistema de justicia de ese país, a lo que se añade la debilidad que existe en los servicios de salud para detectar los casos de violencia entre las mujeres que acuden para atenderse alguna dolencia o malestar.
El Informe Mundial sobre la Salud y Violencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que la violencia es un problema de salud pública pues genera graves daños psíquicos, físicos, privaciones y deficiencias en el desarrollo de las personas.
De igual manera, el estudio multicéntrico de la OMS sobre la violencia de pareja y la salud de las mujeres, revela que el 48 por ciento de las mujeres en Lima, y el 61 por ciento en Cusco reporta haber sufrido violencia física por parte de sus parejas.
Mientras que el 23 por ciento de las mujeres en Lima, y el 47 por ciento de Cusco, afirman haber sufrido violencia sexual. Es decir que más de la mitad de las mujeres en dichas ciudades señalan que han sido violentadas sexual o físicamente por sus parejas.
El Estado peruano ratificó la Convención para erradicar todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer.
«Estos dos instrumentos forman parte de nuestro ordenamiento legal y son de obligatorio cumplimiento, además de que dan el marco para las leyes, normas y políticas públicas en la materia», enfatizó Llaja Villena.
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