Para que México se convierta en un Estado moderno y verdaderamente democrático, le urgen tres cosas: una nueva Constitución Política con equidad de género; crear una Secretaría de la Mujer y tener un gobierno genérico que transversalice la igualdad entre hombres y mujeres en todas sus políticas, afirmó la diputada federal Marcela Lagarde y de los Ríos.
En una conferencia titulada La equidad entre los géneros en la reforma del Estado, en el vestíbulo del Congreso zacatecano, la diputada se pronunció también por la armonización de los cambios jurídicos con los políticos, y de los cambios en el avance de las mujeres en la sociedad, con el avance de las mujeres en el Estado.
Desde una perspectiva de género hay una enorme disparidad entre los logros reales de las mujeres y el atraso en el Estado mexicano desde la perspectiva de género, puntualizó.
Lagarde fue invitada por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como partidos políticos y organismos civiles participantes en el Acuerdo por Zacatecas y la Reforma del Estado. Estuvo acompañada en el presídium por María Elena Ortega, secretaria de Asuntos de la Mujer del Partido de la Revolución Democrática; la diputada Aída Alicia Lugo Dávila, presidenta de la Comisión Legislativa de Equidad, y la directora del Instituto de la Mujer Zacatecana, Aurora Cervantes Rodríguez.
Lagarde propuso la elaboración de una nueva Constitución Política, en la que a diferencia de la actual concurran constituyentes de ambos géneros, en igual proporción numérica (50-50 por ciento para cada sexo), así como indígenas y otros grupos emergentes.
Comentó que el mexicano es un Estado «androcéntrico», excluyente de los derechos e intereses de las mujeres, contradictorio en el reconocimiento de la igualdad, por una parte, pero cada vez más excluyente de la mujer en los hechos.
El reconocimiento de la ciudadanía femenina, observó, se da a cuentagotas, sin una inclusión universal, situación que sólo se ha revertido gradualmente a través de acciones afirmativas, entre las que citó la proporción 70-30 por ciento para la elegibilidad de la mujer, la que en términos prácticos equivale a una negociación del grado de exclusión de la mujer. Lo más lamentable es que esto fue aceptado por mujeres y que muchas se han quedado conformes con esa «exclusión legalizada», dijo.
Se tratará de un simulacro de democracia mientras no exista una plena participación de las mujeres en todos los campos de actividad; «no basta la igualdad numérica, sino también cualitativa», agregó.
La diputada federal demandó la democracia doméstica, así como la igualdad en partidos, sindicatos y asociaciones civiles, a la vez que distinguió entre «igualdad», como principio, y «equidad» como método y camino.
También se pronunció por la adopción de medidas reparadoras y justicieras, para revertir la realidad de la inequidad, y por una reforma concatenada, horizontal, con perspectiva de género concordante, que incluya cambios políticos y jurídicos.
La conferencista propuso una gobernabilidad democrática que remonte la «inequidad brutal» prevaleciente, e hizo recomendaciones concretas en el ámbito del Instituto de la Mujer, que propuso elevar a secretaría de Estado, la procuración de justicia y los programas de seguridad, con la incorporación de enfoques específicos.
En tanto que no se haga una nueva Constitución, propuso como una urgente necesidad la reforma de dos artículos constitucionales: uno, la igualdad en el artículo cuarto constitucional, y dos la no discriminación en el primero.
05/RGM/GM
