Periodistas y organizaciones civiles consideraron que la próxima Constitución capitalina debe incluir, a plenitud y en todas sus vertientes, los derechos a la libertad de expresión, la libertad de prensa y a la información.
A propósito del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se conmemoró este martes 3 de mayo, y con miras a la integración de una Carta Magna para la Ciudad de México, especialistas en la materia presentaron hoy propuestas que serán entregadas a la Comisión Redactora que elabora el proyecto constitucional.
Lo anterior durante el foro “Libertad de Expresión”, organizado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), instancia que en marzo pasado registró 66 agresiones a la prensa, de las cuales 15 fueron contra mujeres, 45 contra hombres y seis contra medios de comunicación.
La titular de la CDHDF, Perla Gómez Gallardo, afirmó que según el recuento de la Comisión, durante el primer cuatrimestre de 2016 se han registrado 135 agresiones a periodistas en todo el país, de las cuales 30 ocurrieron contra mujeres, 93 contra varones, y 12 a medios de comunicación.
En cuanto a la violencia contra periodistas que residen en esta capital, se registraron 19 casos en el primer cuatrimestre de este año, seis contra mujeres, 11 contra hombres, y dos más contra medios informativos.
Ante esas cifras, Gómez Gallardo dijo que es necesario plasmar los derechos de todas y todos a la libertad de expresión y al libre ejercicio de la libertad de prensa en el borrador de la Carta Magna, la cual tras ser aprobada por la Asamblea Constituyente, entrará en vigor en 2017.
Respecto al contenido de la ley suprema que regirá a la capital del país, el historiador y periodista Lorenzo Meyer consideró que se debe incluir que el público o las audiencias tienen derecho sobre los medios de información, porque si bien son empresas, no se debe dejar de lado que son parte de la “salud pública”.
Al citar los casos del periodista Julio Scherer, quien en 1976 fue expulsado del periódico Excélsior, y de la conductora Carmen Aristegui, despedida de la empresa radiofónica MVS en 2015, Meyer declaró que se deben analizar medidas para que no se repitan casos donde se coarte la libertad de expresión.
A decir del analista, esta ciudad podría ser pionera en garantizar este derecho si establece en la Constitución que el espacio radioeléctrico es público, y por tanto que la ciudadanía puede opinar en casos donde se saca del aire un programa que es de interés general como el de Aristegui.
Por su parte, la economista especializada en género, Carmen Ponce Meléndez, presentó el panorama general de la precarización laboral en la que trabajan las y los periodistas en México, resultados que arrojó una encuesta realizada por Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) en 2015 en todo el país.
De acuerdo con la encuesta, el salario promedio en todo México es de 8 mil a 10 mil pesos mensuales, mientras que 63.2 por ciento de las encuestadas dijeron carecer de seguridad laboral, y sólo 34 por ciento generan como máximo dos años de antigüedad laboral.
La economista explicó que en el periodismo mexicano hay una alta rotación de personal en diversos medios, pues al carecer de contrato de trabajo, las y los periodistas pueden ser despedidos, no cuentan con prestaciones, tienen bajos sueldos, escasa capacitación y horarios extensos.
Además Carmen Ponce destacó que las reporteras prefieren ejercer el periodismo digital porque les permite compartir la carga de trabajo doméstico con su actividad profesional, aunado a que en muchas redacciones las mujeres son víctimas de acoso y hostigamiento sexual por parte de sus pares o las fuentes de información.
Ponce Meléndez señaló que es necesario que los medios de comunicación analicen si la precariedad laboral es digna o atenta contra el periodismo de investigación y la libertad de expresión. Por tanto sugirió que se reflexione en una política salarial y laboral que promueva un salario justo y una nueva relación patrón-trabajador.
Otros participantes en el foro propusieron que en la próxima Carta Magna se retomen los principios que ya están plasmados en la Constitución federal, e incluir o mejorar otros como el derecho de réplica, el secreto profesional o la cláusula de conciencia, los derechos de los medios comunitarios, el acceso a nuevas tecnologías, y el derecho de que los medios reciban publicidad.
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