La oleada de críticas hacia la nueva secretaria de Desarrollo Social, Ana Teresa Aranda, conocida por la visión ultraconservadora que permeó su más reciente cargo frente al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), no cesa desde su designación el fin de semana pasado.
La preocupación de un grupo amplio de organizaciones de la sociedad civil frente a la designación de la poblana Ana Teresa Aranda es la falta de claridad en materia de participación y diálogo ciudadano, de cara a lo que consideran buenos resultados en la saliente gestión de Josefina Vázquez Mota.
«Nosotros no vemos una política pública clara y ampliamente debatida» hacia la infancia, las familias o al desarrollo, expresó vía telefónica Clara Jusidman, directora de Incide Social AC, una de por lo menos 15 redes y organizaciones civiles que hacen una evaluación negativa de Aranda.
Entre ellas también se cuenta la feminista Consorcio por el Diálogo Parlamentario y la Equidad; ambientalistas como Presencia Ciudadana, y organismos de derechos humanos como el Fray Francisco de Vitoria.
Las organizaciones ponen en tela de juicio el reconocimiento a la diversidad de la sociedad mexicana y la discrecionalidad en la colaboración con la sociedad civil durante la gestión de Aranda a la cabeza del DIF.
«No sabemos de la existencia de espacios de diálogo donde se reconozca la diversidad de opiniones en materias tan importantes como son la políticas hacia la infancia, hacia las familias, y las de asistencia social», valoraron.
Lo que es bien conocido, tal como informó Comunicación e Información de la Mujer AC (CIMAC) durante el Congreso Internacional de la Familia organizado por el DIF en el 2003, fue la convocatoria a organizaciones conservadoras y de la jerarquía católica que hizo la institución; de manera destacada, Enlace y la Universidad Panamericana.
Se duda también de la transparencia en el manejo de recursos de la instancia. «Se tienen datos de manejo muy dirigido (de recursos) hacia los gobiernos panistas», aseveró Clara Jusidman, otrora secretaria de Desarrollo Social de la ciudad de México.
Las organizaciones civiles adelantan, sin embargo, una escasa capacidad de gestión pública y una pobre relación con la diversidad de la sociedad civil al expresar su preocupación sobre el blindaje de los programas sociales que reciben 43 millones de personas en el país de cara a la coyuntura electoral.
Cabe señalar que la ex secretaria de Desarrollo Social, Josefina Vázquez Mota, al integrarse hoy al equipo del candidato panista Felipe Calderón Hinojosa, aseguró que los programas sociales de la Sedesol se encuentran «blindados» para evitar un uso político o electoral, pero recomendó la firma de un convenio en todos los niveles de gobierno.
A las críticas de la fracción priísta se sumó la senadora perredista Leticia Burgos, presidenta de la Comisión de Desarrollo Social que promueve una iniciativa de blindaje electoral, para advertir «que vamos a poner muy en alto la mirada en la Sedesol para que Ana Teresa no haga de las suyas en esa Secretaría.»
06/MR/YT
