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Continúa batalla femenina por derechos sexuales y reproductivos

Por la Redacción

A 30 años de la aprobación de la Ley General de Población, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres son reconocidos como parte de los derechos humanos, registrándose avances en materia legislativa en problemas medulares como el aborto, demanda de los grupos feministas durante décadas.

En nuestro país la década de los 90 abrió una nueva era en cuanto a los derechos de las mujeres. Así, en 1994 se realizó la Conferencia Internacional sobre Población y el Desarrollo (CIPD) en El Cairo, Egipto.

En ese evento, México se comprometió a garantizar los derechos a la salud sexual y reproductiva establecidos en la plataforma de acción de la CIPD. La primera reunión de evaluación de los acuerdos, conocida como Cairo+5, se realizó cinco años después. La siguiente, Cairo+10, será en 2004.

Antes, la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos de Viena, Austria en 1993, resaltó que los derechos de las mujeres y niñas son parte integral de los derechos humanos, y afirmó que ellas deben disfrutar de los más altos niveles de salud mental y física durante su vida.

PARTICIPACION DE ONG

En nuestro país la organización Foro Nacional de Mujeres y Políticas de Población (FNMPP), fundada en 1993, se creó con el objetivo de participar activamente en la CIPD para impulsar las demandas de las mujeres en coordinación con otras redes feministas internacionales.

En ese sentido, el énfasis de la CIPD se debió en gran medida a la participación activa de más de mil 200 organizaciones no gubernamentales (ONG), que estuvieron desde en la etapa preparatoria hasta su realización.

Un análisis de María Eugenia Romero, representante FNMPP en el Distrito Federal (DF), revela que desde el inicio del decenio de los 90 hubo un cambio drástico en las ideas tradicionales sobre la forma en que los gobiernos deben influir en el tamaño y el bienestar de las sociedades que representan.

En El Cairo, 184 naciones llegaron a un consenso sin paralelo en su política demográfica, quienes bajo está nueva perspectiva restaron énfasis a las políticas dirigidas a reducir el crecimiento de la población, concentrándose en mejorar la calidad de vida de las personas, especialmente las mujeres.

Romero dice que la CIDP reconoce lo que las feministas han planteado por varias décadas: que el aborto es un problema de salud pública en todos los países, y que en ningún momento se le considera como método de planificación familiar.

A partir de ello, en el programa de acción, los gobiernos acuerdan ocuparse de los efectos que tienen en la salud los abortos realizados en condiciones no adecuadas, y reducir la incidencia de la interrupción del embarazo mediante la prestación de más amplios y mejores servicios de planificación familiar.

En nuestro país, refiere Romero, se ha avanzado un trecho importante para aumentar el acceso de las mujeres al aborto legal y seguro. Específicamente en el DF a partir de lo que se conoce como la Ley Robles.

Sin embargo, destaca la representante de la FNMPP, es necesario impulsar programas de capacitación a Ministerios Públicos, e intensificar las campañas de información para que las mujeres sepan que tienen esta posibilidad y puedan acceder a este derecho.

RECURSOS

En 1998, integrantes de organizaciones del FNMPP, se dieron a la tarea de analizar los recursos destinados a promover la salud sexual y reproductiva de nuestra población en el marco del programa de acción de El Cairo.

Sin embargo, se han enfrentado a la falta de información presupuestal desagregada por sexo y edad que no permite evaluar el impacto diferencial de las políticas entre mujeres y hombres.

Ante este panorama, las organizaciones feministas tienen que articularse con las diputadas comprometidas con las demandas de las mujeres para, asignar y etiquetar, hasta ahora, recursos dirigidos a atender los problemas de violencia y salud de las mujeres, así como a programas para prevenir la expansión del VIH/Sida.

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