Con 400 casos de desapariciones forzadas a partir de 1985 registradas, 80 de las cuales fueron mujeres, y a partir de 1996 a la fecha, 160 casos de tortura, el capítulo de la «guerra sucia» en México sigue abierto, indican organizaciones de derechos humanos en el país,
Durante el primer año de la administración de Vicente Fox, –quien hizo compromisos en su segundo día de gobierno por los derechos humanos– la organización Acción Cristiana contra la Tortura (Acat) recibió 20 denuncias de tortura en México, la mitad de ellas en la región indígena Loxicha de Oaxaca.
Desde la fundación de esa organización, 80 por ciento de los casos han ocurrido en esa región depauperada del país con activa presencia militar, cuyas mujeres sostienen una importante resistencia en la defensa de sus familiares.
En Loxicha, el mecanismo utilizado es la detención de algunos campesinos, obligarlos a realizar declaraciones inculpatorias bajo tortura y continuar ese círculo vicioso. Así, van creando los expedientes jurídicos, de acuerdo con el organismo.
Mientras que en el 2001, una estudiante activamente involucrada en el Consejo General de Huelga (CGH) fue secuestrada y violada por segunda ocasión desde el estallido de la huelga en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en abril de 1999, informó el director de Acat, Fernando Valadez, guardando el nombre de la joven por su protección.
Al analizar las violaciones cometidas durante el primer mes de la huelga estudiantil de 1999, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Pro) encontró 130 casos contra estudiantes activistas: 40 de hostigamiento e intimidación; 24 de espionaje, 19 de persecución política y 13 amenazas de muerte.
Durante el conflicto que culminó con la entrada de la Policía Federal Preventiva (PFP) el 5 de febrero del 2000 a las instalaciones universitarias, también se denunciaron secuestros y violaciones sexuales. El Pro denunció que los agresores pertenecían a grupos parapoliciacos y los agredidos, en su mayoría, eran menores de 20 años de edad.
Y más allá de cerca de 300 casos que investigaría la fiscalía especializada por desapariciones forzadas en Guerrero ocurridas hace dos décadas, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) documenta más de 200 nuevos casos de amenazas directas contra dirigentes sociales en el segundo estado más pobre del país.
La FIDH denunció también que las autoridades, incluyendo el ombudsman nacional, José Luis Soberanes, se han negado a investigar la masacre ocurrida el 7 de junio de 1998 en El Charco, municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero.
Ahí, los medios de comunicación y testigos presenciales reportaron el tiroteo del Ejército Mexicano contra un grupo de indígenas que pernoctaban en una escuela tras una asamblea comunal, con un saldo de 11 muertos y cinco heridos, quienes quedaron detenidos con otras 22 personas en instalaciones de la Novena Región Militar, contrario a las leyes.
Entre las personas detenidas se encontraba Erika Zamora Pardo, actualmente presa en Neza Bordo, tras haber estado en uno de los dos penales de máxima seguridad para mujeres.
Ella señaló que su declaración ante el Ministerio Público Federal fue obtenida mediante tortura. «Me vendaron los ojos, me desnudaron y me dieron toques eléctricos en los pies, me inyectaron y me obligaron a ingerir sustancias desconocidas, me amenazaron con desaparecerme, esa declaración fue filmada y grabada en la zona militar», consigna en su testimonio a la Limeddh.
Se le obligó a vincular a dirigentes sociales como dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Rocío Mesino, y al ex diputado guerrerense y exiliado político, Ranferi Hernández Acevedo.
Las ONG de derechos humanos coinciden en que el terror se expande por Guerrero, Chiapas y Oaxaca donde las cárceles clandestinas persisten, igual que la militarización, pero con encuadres jurídicos por lo que al llegar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no es posible señalar culpables y, por tanto, dar seguimiento a los casos.
Estas oleadas de detenciones y muertes, provocan aún mayor pobreza en las familias que quedan encabezadas por mujeres con pocas posibilidades de salir adelante, por lo que la obtención de justicia también debe acompañarse de una reparación del daño que les permita dignificar su vida.
SOSTEN PARA UNA «GUERRA SUCIA»
«La ´guerra sucia´ es la utilización de recursos extralegales y extrajurídicos que dentro de la democracia se ejecutan para la práctica de la seguridad nacional, violentando el marco jurídico sin que la responsabilidad del Estado pueda ser evidenciada,» explicó en entrevista el presidente de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), Adrián Ramírez.
«Es la forma más limpia de hacer todo el trabajo sucio. El mejor ejemplo de «guerra sucia» es la reciente ejecución de Digna Ochoa: una ejecución limpia. Llegaron con guantes, dejaron allí el arma homicida, no hay nada personal.»
En medio de un proceso de alternancia, pactado en el poder, éste se ha concentrado y fortalecido, en tanto que la administración se ha hecho más eficiente, «con una menor corrupción, pero la impunidad persiste por ser un acuerdo cupular».
En el mundo, aseguró el representante regional de la FIDH, Luis Guillermo Pérez Casas, el modelo económico neoliberal agudiza la represión porque debilita la inversión social en la promoción del empleo, de educación y salud y se criminaliza la protesta social, al mismo tiempo que se invierte más en policías, ejércitos y prisiones.
Consideró en entrevista que las «guerras sucias» solamente terminan cuando se decide acabar con la impunidad o cuando el enemigo del Estado es completamente eliminado. En tanto que esas opciones no se den, los aparatos represivos se reactivan y las prácticas de terror contra los movimientos sociales subyacen.
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