De un total de 71 personas, todavía seis mujeres se encuentran detenidas en el penal de Miahuatlán por su presunta participación en actividades disidentes antes y después del 25 de noviembre contra el gobierno estatal y por simpatizar con la APPO, informó hoy la presidenta de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH), Yessica Sánchez Maya.
En entrevista, informó que aún están recluidas las hermanas Elia e Hilda Coca Gómez, Edith Coca Soriano, Jenny Pérez Martínez, Sandra Pérez y Blanca Mendoza Ramírez, todas ellas en el penal de Miahuatlán de Porfirio Díaz, ubicado a unos 200 kilómetros de esta capital.
En tanto, permanecen los plantones instalados desde el 1 de enero pasado por el Comité de Familiares de Desaparecidos, Asesinados y Presos Políticos de Oaxaca y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en el penal de Miahuatlán y en el femenil de Tlacolula de Matamoros.
Sánchez Maya señaló que el pasado 31 de diciembre, fecha en que fueron liberadas 18 personas más de ambos penales, al menos siete del penal de Tlacolula «fueron obligados a firmar una carta en la que es señalada de protagonizar a la APPO».
En la supuesta carta, los presos ?que posteriormente informaron que fueron obligados a firmar para obtener su libertad- piden la intervención del gobernador Ulises Ruiz Ortiz «para que se cheque nuestra situación jurídica y obtengamos nuestra libertad».
Además, en la carta escrita a mano y cuya copia fue distribuida en la conferencia de prensa, los presos señalan «haber sido engañados por organizaciones que se dicen defensoras de los derechos humanos pero que en realidad son integrantes de la APPO, como la LIMEDDH, cuya dirigente Jessica Sánchez Maya ha protagonizado a la APPO, por eso pedimos su ayuda para la revisión de nuestros expedientes».
Cabe señalar que integrantes de la Comisión de Familiares de Familiares de Desaparecidos, Asesinados y Presos Políticos de Oaxaca señalaron con oportunidad que fueron obligados a firmar dicha carta y que se elaboró una segunda, misma que ya no fue firmada, «ya que se dieron cuenta de las intensiones de un abogado de apellido Juárez, quien también se dice defensor de los presos», dijo Yessica.
La abogada señaló esta es otra forma de intimidación por parte del Estado en contra de las actividades que realiza la LIMEDDH y específicamente ella, «se trata de criminalizar la defensoría de los derechos humanos, tal y como ha sucedido en otros países como Colombia».
Expuso que durante este largo proceso del conflicto político-social, las y los defensores de derechos humanos han sido sujetos de actos de intimidación, persecución, amenazas de órdenes de aprehensión y difamación, incluso recordó que las oficinas fueron pintadas con consignas y quisieron entrar en alguna ocasión.
Sánchez Maya informó que a la fecha permanecen detenidos 71 personas, 19 en Miahuatlán, tres en Tlacolula, cuatro menores en el Consejo Tutelar, 19 en Etla, dos en Cosolapa, una en Zimatlán, dos en Zaachila, tres más en Tlacolula detenidas antes y después del 25 de noviembre, cuatro en Ixcotel y una más en Matamoros.
Por otra parte, Gabriela, familiar de uno de los detenidos, explicó que en el penal de Tlacolula fueron intimidados por personal de ese lugar, pero aseguró que ahí permanecerán hasta que sean liberados todos los presos políticos detenidos luego del enfrentamiento el pasado 25 de noviembre con elementos de la Policía Federal Preventiva y acusados por diversos delitos, entre ellos sedición, quema de edificios, resistencia de particulares, asociación delictuosa y motín.
De igual forma, el Comité de Padres de Familia de los Presos Políticos Recluidos en el cereso de Miahuatlán emitió un comunicado en el que señalan que el 1 de enero fueron invitados a participar en una mesa de negociación en la que estaría presente Diego Ramos, como «enlace» de la Secretaría de Gobierno del Estado de Oaxaca.
«A él le explicamos que nuestra postura es la libertad incondicional e inmediata de todos los presos políticos, tanto del cereso de Miahuatlán como de Tlacolula, postura que no es negociable, ya que los detenidos son inocentes», señala el documento del Comité que más adelante refiere que ante la respuesta fueron intimidados a quitar el plantón.
El plantón, explicó también Cástulo López Pacheco, de la comisión de prensa y propaganda de la APPO, obedece a que la Secretaría de Gobernación se había comprometido a liberar todos los presos políticos y de conciencia antes de que concluyera el 2006, pero aún permanecen detenidas 71 personas, seis de ellas mujeres.
Consideró que ninguna personas puede ser considerada un delincuente por participar o simpatizar con un movimiento social y político y señaló tajante que «ha quedado demostrado que quienes incendiaron los edificios públicos y privados fueron policías y grupos de porros del PRI».
Cabe señalar que el pasado 25 de noviembre fueron detenidas un total de 149 personas, luego de un enfrentamiento con la PFP en el centro histórico de esta ciudad, una tercera parte eran mujeres y al menos ocho eran menores de edad, quienes de manera inicial fueron llevados a los penales de Tlacolula y Miahuatlán.
A solicitud de la Secretaría de Protección Ciudadana, que argumentó «alta peligrosidad» de las personas detenidas fueron trasladados en avión un total 141 personas al penal de mediana seguridad de San José del Rincón, en el Estado de Nayarit donde permanecieron por espacio de 20 días.
El 16 de diciembre llegaron a Oaxaca las primeras 46 personas liberadas, el resto de las y los detenidos fueron traídos a Oaxaca el 20 de diciembre; el 21 de diciembre fueron puestas en libertad 20 personas más, 18 más el 24 de diciembre pasado y 18 más el día 31 de diciembre pasado, por lo que aún permanecen en prisión 42 personas -26 en el penal de Miahuatlán y 16 en Tlacolula de Matamoros- de quienes familiares exigen su liberación inmediata.
07/SJ/GG
