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Contra la tortura

Por Lucero Saldaña

En noviembre del año pasado, México aprobó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2002.

Esta Convención dicta las normas que deben respetar los países y crear los métodos y programas mediante los cuales harán efectiva tal prohibición en el ámbito nacional e internacional.

Luchar contra la tortura a partir de la prevención, representa que deberá adoptarse un sistema de visitas periódicas a los lugares de detención, es decir, donde las personas son privadas de su libertad, en cualquier forma de encarcelamiento, custodia, ya sea por orden de una autoridad judicial o administrativa, o de otra autoridad pública, en una institución pública o privada, en la cual no se encuentre libremente.

Estas visitas no tienen el carácter de intimidación ya que se realizan conforme a los principios de confidencialidad, imparcialidad, selectividad, universalidad y objetividad.

Para ello, el Protocolo prevé la creación de un Subcomité, integrado por hasta veinticinco miembros expertos en derecho penal, administración penitenciaria o policíaca, que sirva de instrumento para la obtención de su objetivo. Su mandato se encuentra acotado, no siendo de intrusita, ya que sus recomendaciones son de carácter confidencial y sólo apoya el trabajo de los mecanismos nacionales.

Al entregar México la ratificación del protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura ante el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, es el séptimo Estado que se adhiere plenamente, ahora que para que entre en vigor, el protocolo debe ser ratificado por 20 países.

Naciones Unidas dice que la tortura es generalizada en las cárceles mexicanas, mientras que el Presidente Fox y el Secretario de Gobernación, Santiago Creel, señalaron que en México ya no existen esas prácticas.

Sobre esta diferencia de visiones, en torno a los casos de tortura en México, cabe señalar que existe una cifra negra muy grande entre los casos que se denuncian y los que no, que difícilmente reconocen los gobiernos.

A escala mundial, la tortura es una práctica recurrente en la mayor parte de los países y en algunos casos se pretende justificar en el contexto del combate al terrorismo y por razones de seguridad nacional.

En la actualidad las prácticas de tortura se presentan en más de 150 países, el Continente Africano encabeza la lista de estas violaciones, en primer lugar está Angola; en Asia, encabeza la lista Afganistán y China; en Europa, señalo Bosnia, Rusia y Turquía. Israel en el Oriente Medio, junto con Iraq y Líbano.

México aparece entre las 12 naciones con reportes de tortura del Continente Americano. Según informes de la Procuraduría General de la República se tienen reportados 23 casos de tortura en sus diversas formas desde golpes, aplicación de agua mineral a presión por nariz y boca, descargas eléctricas, asfixia, inmovilización de pies y manos, golpear o amagar con arma de fuego, o desnudar y amenazar a la víctima.

La tortura es una práctica común en las cárceles mexicanas, sobre todo para obtener confesiones de culpabilidad y, sabiendo que la tortura se hace de manera clandestina, las dificultades que se presentan porque los torturadores nunca lo reconocen y los casos que se dan a conocer son negados por las autoridades.

El Gobierno Mexicano se comprometió a establecer mecanismos para prevenir esta mala práctica que a pesar de los esfuerzos en diversos campos, tales como la aprobación de la Ley Federal para Prevenir la Tortura y la Implementación de los Tratados de Estambul, la impunidad es la norma para los responsables de cometer tortura y malos tratos y se siga condenando a sospechosos en función de confesiones obtenidas mediante coacción. Ello, da lugar a la imposición de muchas condenas no fiables y que los verdaderos autores de los crímenes queden sin castigo.

La denuncia no se da precisamente por el temor a una nueva forma de tortura como medio de extorsionar e intimidar a presuntos delincuentes o servir directamente a los intereses criminales de funcionarios corruptos. [email protected]

2005/LS/SJ

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