Contradicción en leyes impide proteger a mujeres migrantes

Especialistas en migración afirmaron que las migrantes en situación de vulnerabilidad –en su mayoría mujeres, indígenas, menores de edad o embarazadas– no tienen garantizado medidas de protección efectivas ante cualquier delito que se cometa en su contra.
 
Ayer, académicas y activistas que defienden los derechos de la población migrante señalaron durante el seminario “La satisfacción de los Derechos Humanos de colectivos en situación de vulnerabilidad”, realizado en el Senado, que las normas para atender a estas personas son insuficientes para proteger sus garantías fundamentales.
 
Fray Tomás González, presidente del albergue “La 72”, en Tenosique, Tabasco, señaló que su organización registró un aumento en el número de personas que ingresan de manera irregular al país por la frontera sur, ya que mientras en 2011 recibieron a seis mil personas, de enero a junio de 2014 van ocho mil 500, de las que 30 por ciento son mujeres y 20 por ciento menores de edad.
 
Agregó que casi el total de quienes llegan al albergue y deciden no viajar en el tren de carga conocido como “La Bestia”, es porque padecieron alguna vejación en el trayecto, además de que el 85 por ciento denuncia que fueron víctimas de algún delito en su país de origen.
 
González detalló que en algunas zonas de Centroamérica los niveles de violencia son tan graves que sus habitantes no tienen otra alternativa que emigrar; pero las autoridades fronterizas, por orden de Estados Unidos, están impidiendo el tránsito sobre todo de mujeres, niñas y niños.
 
También señaló que una vez en México, las personas migrantes son víctimas de abusos y robos, y las autoridades locales y del Instituto Nacional de Migración (INM) son las más acusadas porque además de que también se aprovechan económicamente, están “coludidos con redes criminales”.
 
Acusó que las estaciones migratorias no tienen condiciones dignas, ya que al menos la que está en Tenosique está resguardada por policías estatales que portan armas, y tiene una capacidad para 70 hombres y 10 mujeres, pero han estado ahí hasta 200 personas y se acondicionó un cubículo para las y los menores, mismo que es especialmente pequeño para las niñas.
 
Diana Martínez, directora de la organización Sin Fronteras, criticó que la reforma de 2010 al artículo 33 constitucional “legaliza” la detención de las personas migrantes, aunque hayan acusado alguna violación a sus Derechos Humanos o hayan solicitado la condición de refugiados o la visa humanitaria.
 
En las estaciones migratorias, abundó, tampoco existe un convenio con una defensoría de oficio, lo que complica su representación legal y es una situación que empeora sus condiciones.
 
Martínez aseveró que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) –instancia de la Secretaría de Gobernación–, en conjunto con el INM, acepta pocas solicitudes de refugio para migrantes de Centroamérica, ya que según cifras de la misma dependencia, de 2009 a 2013 recibió 4 mil 589 peticiones, pero sólo concedió 24 por ciento.
 
Las académicas Patricia Zamudio, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), y María Auxiliadora Moreno, de la Universidad de Sonora, señalaron que la Ley de Migración y su Reglamento impiden que las mujeres y los otros grupos poblacionales en vulnerabilidad puedan acceder a visas humanitarias, un recurso de obligatoriedad constitucional para salvaguardar la seguridad y la vida de las personas.
 
Recordaron que en el caso de las mujeres, la vulnerabilidad es múltiple, ya que a su condición de género se suman otros como ser menor de edad, indígena, embarazada o discapacitada; sin embargo, a ellas sólo se les conceden visas humanitarias cuando son víctimas de delitos graves.
 
“No basta con que sean mujeres para que se reconozca la vulnerabilidad, ni que estés embarazada mientras aún puedas caminar. Es necesario que alguien vulnere tus derechos e integridad para que te protejan”, cuestionó Zamudio.
 
Ambas expertas propusieron incorporar a la Ley de Migración un enfoque que resuelva las “contradicciones internas” entre la norma y su reglamento, de modo que a la hora de llevar los procedimientos de atención no se prepondere la detención, sino que se les den a las migrantes garantías especiales de cuidados y protección.
 
14/AJSE/RMB