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Convoca CIDH al Estado mexicano a proteger a periodistas

Por la Redacción

Tras el crimen de la periodista mexicana Yolanda Ordaz, quien apareció muerta el pasado martes en Boca del Río, Veracruz, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitó al Estado mexicano agotar con rigor la hipótesis de que el asesinato pudo deberse al trabajo periodístico de la reportera, y le exhortó a implementar una política integral de protección para las y los informadores.

En un comunicado, la Relatoría condenó el crimen de Ordaz quien cubría la fuente policiaca en el diario Notiver de Veracruz. La periodista había desaparecido desde el 24 de julio y su cuerpo fue encontrado decapitado detrás de las oficinas del periódico Imagen del Golfo y cerca de la radioemisora MVS.

Este es el segundo homicidio contra periodistas de Notiver en un mes y el quinto contra comunicadores en lo que va de 2011; los crímenes podrían estar relacionados con el ejercicio de la tarea informativa.

El pasado 20 de junio, el periodista Miguel Ángel López Velasco, subdirector de Notiver, fue asesinado en su casa, en Veracruz, junto con su esposa y su hijo.

En 2011 han sido reportados además la desaparición y posterior asesinato de Noé López Olguín el 8 de marzo en Veracruz; los homicidios de Luis Ruiz Carrillo y José Luis Cerda Meléndez el 25 de marzo en Monterrey, y la desaparición de Marco Antonio López Ortiz el 7 de junio en Guerrero; su paradero todavía es desconocido.

En otros ataques contra medios de comunicación, fueron asesinados la repartidora Maribel Hernández el 31 de enero en Ciudad Juárez, y el ingeniero Rodolfo Ochoa Moreno el 9 de febrero en Coahuila.

La Relatoría Especial manifestó nuevamente su preocupación por los crímenes reportados e hizo un llamado urgente a las autoridades mexicanas para que fortalezcan a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión.

Además demandó que se trasladen a la justicia federal las investigaciones de los crímenes contra las y los comunicadores en los casos en que se requieren mecanismos de seguridad, para proteger efectivamente la vida e integridad de las y los periodistas amenazados.

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