Luego de que diputados federales anunciaron que la reforma a la Ley de Seguridad Nacional podría dictaminarse en un eventual periodo extraordinario de sesiones, Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) afirmaron que la discusión de esta iniciativa debe ser amplia, con participación de la sociedad civil y sin premuras.
En entrevista con Cimacnoticias, Silvano Cantú, director de Incidencia e Investigación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), y Édgar Cortez, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), insistieron en que este debate debe incluir a la sociedad civil para lograr una reforma incluyente y democrática.
Ambas organizaciones, junto con la Red de Organismos de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas y Todos», Incide Social, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Centro de Derechos Humanos «Fray Francisco de Vitoria», ofrecieron una rueda de prensa en San Lázaro donde reiteraron que esta reforma debe evitar la militarización de la justicia penal.
Silvano Cantú afirmó que la alerta sobre este tema es latente pese a que el priista Alfonso Navarrete Prida anunció que se hicieron cambios a la minuta que el Senado envió a los diputados el 23 de abril de 2009, para evitar que el sistema de justicia militar juzgue e investigue violaciones a Derechos Humanos. Precisó que estos cambios se hicieron en un documento de trabajo que no es un dictamen como tal.
Explicó que exigieron a los diputados que los próximos documentos de trabajo que discutan, omitan la aplicación extensiva de la jurisdicción militar, establezcan controles sobre el uso de la fuerza y que se elimine la intervención de las fuerzas armadas en asuntos políticos, electorales, laborales y sociales que implican la criminalización de la protesta social.
Por su parte, Égdar Cortez aseguró que en el involucramiento de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad está claro que hay consecuencias negativas en materia de Derechos Humanos. «Frente a ello tiene que haber un mecanismo institucional eficiente para investigar y castigar esos hechos», aseguró.
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