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Corren las apuestas

Por Cecilia Lavalle

Tanto tiempo y espacio ha ocupado el duelo político entre el presidente Vicente Fox y el jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, que nos hemos distraído de otros asuntos trascendentales para el país. La legislación para permitir la instalación de casinos en México está cocinándose en la Cámara de Diputados.

La intención no es nueva. La ley de juegos y sorteos que prohíbe la instalación de casinos data de 1938, y leo que formalmente ha habido tres intentos de revertirla: en 1999, 2002 y 2004. Esta última es la que se discute ahora y, en una de esas, podría aprobarse.

Con la información disponible en distintos medios de comunicación, entiendo que la iniciativa argumenta de manera fundamental el beneficio económico que, dicen, traería a nuestro país la apertura de casinos.

La apuesta es que abrir tan sólo 10 casinos generaría dos mil millones de dólares en dos años y la creación de 50 mil empleos directos. Además, aumentan su apuesta y sostienen que se ganarían alrededor de siete mil millones de pesos anuales por concepto de impuestos, más dos mil millones adicionales que se obtendrían al regularizar sitios de apuestas ya existentes y que funcionan ilegalmente.

Quienes se oponen –y no son pocos- muestran sus cartas y no son nada despreciables. Afirman que los beneficios económicos se opacan con los riesgos sociales que se enfrentarían. Y hacen una lista: aumento de la delincuencia, prostitución, lavado de dinero, violencia familiar y ludopatía, entre otros.

Sólo en el tema de lavado de dinero, un estudio titulado Casinos: efectos sociales negativos y ludopatía, elaborado por la División de Política Social del Servicio de Investigación y Análisis de la misma Cámara de Diputados, explica al menos tres maneras de “lavar” dinero en los casinos. Cita un estudio del especialista Humberto Ojeda López, quien afirma que los carteles de la droga en México requieren de este tipo de negocios para lavar al menos 25 mil millones de dólares al año.

Integrantes de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, que es la que promueve la iniciativa, cambian cartas y vuelven a apostar. Afirman que una legislación adecuada puede disminuir los riesgos, que la ley tiene suficientes candados como para prevenir y en su caso castigar el “lavado” de dinero y que con el dos por ciento de lo recaudado en impuestos se podría crear un fondo destinado a programas de atención y tratamiento de ludopatía.

Las voces opositoras también cambian cartas y reviran la apuesta. Afirman que de acuerdo con sus estudios las ilegalidades y la corrupción han aumentado en las ciudades en que operan casinos, que pueden ser notablemente “generosos” con legisladores, jueces, políticos, partidos y policías, entre muchos otros, y que si esto se presenta incluso en países donde hay un estricto respeto al Estado de Derecho, con más razón en países como el nuestro donde corromper a alguna autoridad es asunto cotidiano.

Hay voces que también lanzan su apuesta y dicen que al legalizar los casinos se atraería más turistas, se acabaría con la ilegalidad en la que operan un sinnúmero de casas de apuestas, y con respecto a la ludopatía, afirman que el Estado no es un policía moral, que cada cual es libre de hacer lo que quiera y que el Estado lo que debe hacer es proteger esa libertad.

Las voces opositoras vuelven a revirar y afirman que la atracción de más turismo no es todo, que habría que recordar cómo Cuba en el régimen de Batista era considerada el burdel de Estados Unidos; que cómo se pueden explicar las casas de apuestas ilegales sin corrupción de por medio y que es un absurdo legalizar lo que por ineptitud, ineficiencia o corrupción no se puede impedir, y no se espera que el Estado sea un policía moral sino que garantice la seguridad de su población, algo que por cierto, ahora no hace.

La suerte no está echada aún. En la fecha límite para recibir estudios a favor o en contra, y ante la petición de numerosas voces opositoras en el sentido de contratar a una institución neutral y de reconocido prestigio para realizar un estudio a fondo de los beneficios y perjuicios que la nueva ley acarrearía, la UNAM presentó una propuesta que costaría casi cuatro millones de pesos.

La Cámara de Diputados la rechazó bajo el argumento de que es muy costosa, pero ayer el Consejo Nacional Empresarial Turístico propuso financiar con dinero de la iniciativa privada ese estudio.

Veremos en los próximos días qué resuelven. Yo por lo pronto me sumo de lleno a las voces opositoras y hago mi apuesta: La ley prohíbe el contrabando y la piratería ¿verdad? Entonces, ¿qué tal si esperamos a que deje de haber contrabando y artículos piratas, digamos en Tepito, y hasta ese momento empezamos a platicar lo de la apertura de casinos? ¡Corren las apuestas!

Apreciaría sus comentarios: cecilialavalle@hotmail.com

2005/CLV/SJ

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