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Corrupción en la frontera sur

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La migración y detención de personas indocumentadas, mujeres y menores de edad entre ellos, parece ser el negocio de algunas autoridades, algo contrario a lo que debe ser su responsabilidad: velar por la seguridad y respeto de los derechos de esta población altamente vulnerable.

Un informe elaborado por el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova sobre detención y aseguramiento de migrantes indocumentados en tránsito (junio 2004 a junio 2005), detectó abusos cometidos por autoridades migratorias, corporaciones policiacas y militares contra la población que transita el país, provenientes en su mayoría de Centroamérica -Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua- con destino al norte de México, Estados Unidos y Canadá.

Esta conclusión es resultado de 244 cuestionarios y entrevistas aplicadas a migrantes en la estación migratoria y el Albergue Belén en Tapachula, de los cuales 76 fueron mujeres y 63 menores de edad, que representaron el 57 por ciento de la muestra.

Las y los migrantes señalaron como responsables de extorsión, robo de sus pertenencias y violencia física y/o moral a elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI), Ejército mexicano (Sedena), Policía Federal Preventiva (PFP), Policía de Seguridad Pública del Estado (SPE), Policía de Seguridad Pública Municipal (SPM), Agencia Estatal de Investigación (AEI) y a los propios agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), además de la violencia con que fueron tratados en la estación migratoria.

PARA MUESTRA BASTA UN BOTON

La reciente detención y reclusión en el Centro de Readaptación Social No. 14, El Amate, del agente de migración Francisco Cabrera Durán por la presunta comisión de delitos como el ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad y cohecho, revela la magnitud de los beneficios económicos que puede dejar el tráfico de personas en la región.

A Cabrera Durán se le acusa de haber dejado en libertad (12 de enero de 2005) a 178 centroamericanos indocumentados y recibir 195 mil pesos, a cambio de no reportar a sus superiores que había detectado a este grupo en la caseta migratoria de Tuxtla Gutiérrez. Al parecer, el agente se encuentra sujeto a proceso penal ante el Juez Primero de Distrito en Chiapas, quien ha decretado auto de formal prisión en su contra.

OTRO EJEMPLO

El pasado 9 de agosto, al referirse al tema migratorio en un programa televisivo local, el diputado federal Carlos Osvaldo Pano Becerra informó que el delegado regional de Migración en Tapachula maneja en forma discrecional los recursos de la institución, beneficia a sus familiares, y que existen denuncias señalando que agentes de migración le pasan una «cuota» para «dejarlos trabajar» en zonas de mayor afluencia de migrantes.

De ser ciertas estas declaraciones, los hechos denunciados por el diputado son sumamente graves, por lo que el Centro Fray Matías de Córdova le pidió, mediante un boletín de prensa, proporcione los detalles de dicha información a las autoridades correspondientes para que sea debidamente investigada.

Consideramos que el problema de la corrupción y el ejercicio indebido de la función pública en México es añejo y requiere medidas enérgicas para su erradicación. En el ámbito federal se realizó una campaña en medios de comunicación de corto tiempo para combatirla. No ha sido suficiente, pues continúan dándose abusos cotidianos que se ocultan bajo el velo de la impunidad.

«Zapatero a tus zapatos», dice el conocido refrán. Empecemos por respetar la voluntad popular, las reglas, las normas de derecho. Que cada autoridad cumpla con sus funciones, que cada instancia se dedique a lo suyo, trabajar por el bien del país, producir conocimiento, dar buenos resultados. Que cada autoridad cumpla con la ley, que quien se salga del marco legal sea realmente condenado moral y jurídicamente, para ser «luz verdadera en casa…» y no candil de la calle.

05/RM/GM

* Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C.

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