Inicio Costo económico, pretexto para no ratificar Convenio 189 de OIT

Costo económico, pretexto para no ratificar Convenio 189 de OIT

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Al analizar el cumplimiento de acuerdos internacionales por parte del Estado mexicano, expertas en Derechos Humanos de las mujeres criticaron que el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre personal del hogar remunerado, sea el primero para el cual el gobierno federal tenga que evaluar su impacto económico antes de ratificarlo.
 
Esto como parte de las actividades del Congreso Internacional “Buenas prácticas en el juzgar: el género y los Derechos Humanos”, que inició hoy en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y es coordinado por la investigadora Lucía Raphael de la Madrid.
 
En su intervención, Leticia Bonifaz Alfonso, directora de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), señaló que en México se vive un atraso en cuanto a la protección de las garantías de las mujeres a pesar de que sus derechos figuran cada vez más en el marco normativo.
 
No obstante, el Convenio 189 de la OIT (que establece garantías laborales para las trabajadoras del hogar remuneradas, como seguridad social y prestaciones) es el primer tratado internacional en el que el Estado evalúa el impacto económico que tendría antes de ratificarlo, acotó la experta.  
 
En contraste, observó, el Ejecutivo federal sí hace compromisos para el cambio climático y otros temas cuyas metas son más difíciles de alcanzar e implicarían muchas más medidas, sin que los costos económicos que traerían para el país sean un obstáculo para que se firmen.
 
Pero en el caso del Convenio 189 (ya ratificado por 23 países, la mayoría de América Latina, una de las regiones con más trabajadoras del hogar en el mundo), la evaluación de los costos que generaría dar seguridad social a este personal, conformado en México por 2.3 millones de personas, 90 por ciento mujeres, que viven en pobreza y con vulneración de derechos, sigue siendo una traba para que se ratifique, precisó Bonifaz.
 
Al respecto, la jurista y escritora Alda Facio se unió al reclamo porque los derechos de las trabajadoras del hogar sean reconocidos a través de este convenio, pero recordó que tales garantías ya están contenidas en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).
 
No obstante, la especialista en justicia con perspectiva de género expresó la necesidad de que desde las organizaciones civiles –cada vez más acotadas en Naciones Unidas, observó– se visibilicen las recomendaciones que la CEDAW hizo a México hace 20 años (por ejemplo en materia de derechos sexuales y reproductivos).
 
El pasado 29 de marzo –como parte de la conmemoración por el 30 de marzo, Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar–, el director de Fomento de la Seguridad Social de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STyPS), Rodrigo Cárdenas Gómez, pretextó que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aún no crean el “escenario financiero” para incorporar a la seguridad social a 2.3 millones de empleadas y empleados del hogar.
 
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