Las mujeres que viven violencia política en razón de género no cuentan con vías institucionales para denunciar los ataques y muchas veces ni siquiera cuentan con el apoyo de sus agrupaciones políticas, por lo que es necesario que exista una defensoría de oficio que las acompañe.
Esta fue la idea que dio origen a la Comisión Nacional de Defensa de los Derechos Políticos de las Mujeres (CNDM), una agrupación civil de abogadas y expertas en derechos de las mujeres que se conformó en noviembre de este año.
Estas abogadas y expertas en Derecho electoral se dieron cuenta que al no contar con un tipo penal de violencia política de género y no tener mecanismos institucionales claros para denunciar y obtener justicia, la mejor forma de prevenir estas agresiones es sentar precedentes en los tribunales electorales.
Así lo explicó en entrevista con Cimacnoticias, la directora de la CNDM, Joanna Alejandra Felipe Torres, quien aseguró que este espacio se trata de una defensoría de oficio que litigará, pro-bono (para el bien público y sin retribución monetaria), y acompañará a víctimas de violencia política.
La idea de Felipe Flores y cuatro expertas más se concretó tras la elección del 1 de julio cuando se renovaron 3 mil 406 cargos de elección. Hoy la agrupación cuenta con el respaldo de las ex candidatas presidenciales Margarita Zavala y Josefina Vázquez Mota, quienes forman parte de su Consejo Consultivo.
MÁS CANDIDATAS, MÁS VIOLENCIA
Para la abogada, este proyecto es importante porque si las candidatas y funcionarias que quieren incursionar en este ámbito del poder son violentadas, se les inhibe para continuar participando y se limitan sus derechos político-electorales, lo que significa que en el futuro, no habrá más mujeres tomadoras de decisiones.
La también licenciada en Derecho y maestra en Derecho Administrativo y Fiscal explicó que las mujeres políticas normalmente viven violencia pero no se dan cuenta y cuando lo detectan no saben a dónde acudir ni cuál es el proceso jurídico a seguir, en parte gracias al vacío legal.
Entre 2013 y 2016 la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) detectó 416 expedientes, entre averiguaciones previas y carpetas de investigación, que podrían constituir violencia política de género; y durante 2018 registró 11 denuncias por incidentes relacionados con esta violencia.
La primera forma de contrarrestar esta problemática, señaló Felipe Torres, es crear precedentes a través de juicios. Si los tribunales electorales emiten sentencias y precedentes cada vez que conozcan nuevos casos similares, volverán a realizar los mismos señalamientos.
Por otro lado destacó el papel de los partidos políticos que dejan solas a sus candidatas pues aunque cuentan con órganos de litigio estos no defienden candidatas sino al partido; o bien, sólo dirimen conflictos partidistas en el terreno interno de las agrupaciones políticas.
Joanna Felipe Torres, explicó que además de litigar los casos la asociación civil tiene como fin dar un acompañamiento político, es decir, promover acciones públicas de mujeres políticas, de ahí la importancia de que legisladoras y funcionarias apoyen este proyecto.
Las abogadas también observaron que aun cuando las mujeres que acuden a los tribunales y obtienen respuestas favorables, como la orden para que el funcionario o candidato deje de amedrentarlas, no hay autoridad que se cerciore del cese de la violencia. En estos casos, como los ocurridos con alcaldesas y síndicas de Chiapas y Oaxaca, es necesario hacer que las sentencias se cumplan.
Para lograr que una resolución se acate o se dicten sanciones específicas a funcionarios como alcaldes y síndicos hay que llevar procesos jurídicos ante los Congresos locales porque son las autoridades facultadas para sancionar a los gobiernos locales, algo que actualmente no ocurre, expuso la experta.
Advirtió que las candidatas o funcionarias que enfrentan violencia deben tener acompañamiento político de mujeres que están en la vida pública.
Es por ello que la CNDM tiene consejeras consultivas, entre ellas legisladoras federales como la diputada federal Martha Tagle, la diputada local Paula Soto; funcionarias electorales como la magistrada Janine Madeline Otálora Malassis y mujeres de partidos políticos, quienes tienen como tarea ser observadoras de los procesos, respaldar a las mujeres y hacer pronunciamientos o recomendaciones en sus casos.
Aunque de Felipe Flores también es directora Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, asegura que esta asociación civil defenderá casos de mujeres sin importar su filiación política.
CARENCIA DE VÍAS LEGALES
En 2017, en México las instancias electorales crearon el Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, sin embargo la también síndica electa en Cuautitlán Izcalli, aseguró que no hay mecanismos que digan cómo sancionar esta violencia.
En la capital del país, en junio de este año la Secretaría de Desarrollo Social presentó la Guía para la atención de la violencia política por razones de género en la CDMX; mientras que los partidos políticos también han elaborado protocolos en la materia.
Sin embargo la Cámara de Diputados y el Senado aun no llegan a un acuerdo de cómo debe incluirse el concepto de violencia política en la ley, por esta razón a tientas, y en ocasiones a solas, o con apoyo de agrupaciones civiles, las mujeres han acudido a los tribunales electorales para dirimir conflictos y presentar acusaciones.
Con este ejercicio para exigir el respeto a sus derechos político- electorales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha sentado una jurisprudencia, por ejemplo ya acordó una definición de esta conducta (jurisprudencia 48/2016).
Además, en otros casos ha impuesto sanciones ejemplares: En el proceso electoral de julio pasado, el Tribunal Electoral resolvió cancelar el registro de Juan García Arias, candidato a presidente municipal de San Juan Colorado, Oaxaca, por no contar con el requisito de tener modo honesto de vivir al violentar a la síndica Herminia Quiroz Alavéz.
A pesar de estos avances los juicios electorales son caros, en algunos casos las candidatas no cuentan con recursos económicos para solventar los procesos o si lo logran no conocen las formas idóneas para lograr un resultado favorable, por ejemplo saber qué pruebas presentar y cómo presentarlas.
La abogada explicó que muchas veces la violencia son afirmaciones durante discursos pero la violencia también puede quedar plasmada en audios, videos, mensajes en redes sociales, panfletos o incluso en spots de radio y televisión y las denunciantes deben estar preparadas para presentar estas pruebas para su defensa.
Mientras se concreta una tipificación de esta conducta, la tarea más importante para la Comisión Nacional de Defensa de los Derechos Políticos de las Mujeres será el próximo año cuando cinco estados del país tengan elecciones: Aguascalientes elegirá 11 cargos; Baja California, 31; Durango, 39; Quintana Roo, 25 y Tamaulipas, 36, pues deberán conocer y litigar los casos que se presenten antes, durante y después de la jornada electoral.
18/AGM/LGL
