Parlamentarias de México, Guatemala y España firmaron hoy el pacto para crear la Red Interparlamentaria por el Derecho a una Vida sin Violencia de las Mujeres, que promoverá la tipificación del feminicidio como crimen de lesa humanidad en la legislación internacional.
En el documento, las parlamentarias responsabilizan a los Estados de no dar garantías a las mujeres y no crear condiciones de seguridad para sus vidas en la comunidad, la casa, los espacios de trabajo, de tránsito o esparcimiento.
El Pacto para crear esta Red Interparlamentario fue resultado de los trabajos del seminario Diálogo Internacional sobre Violencia Feminicida y, en éste, demandan a los gobiernos se adopten de inmediato medidas que pongan fin a la impunidad.
Las legisladoras reconocen que las mujeres que son objeto de actos de violencia y discriminación, no gozan de una debida protección de la ley ni tienen acceso a recursos judiciales eficaces, por lo que se deben adoptar políticas públicas que abarquen las reformas legislativas necesarias y, en particular, las reformas del sistema de justicia penal.
En el documento, sostiene que la violencia contra las mujeres es un mecanismo de poder y discriminación basada en el sexo, fruto de la estructura social, que responde a un sistema patriarcal, asimétrico y desigual de dominación de los hombres y las instituciones sobre las mujeres.
La declaración de las parlamentarias participantes en el encuentro ratifica que la violencia contra las mujeres es cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico.
Destacan que la violencia contra las mujeres es todo acto de violencia perpetrado en el hogar, en la familia, el trabajo o la comunidad, así como aquellos perpetrados o tolerados por el Estado o las instituciones en época de guerra o de paz.
Los legisladores señalan que el feminicidio es la culminación de diversas formas de violencia contra las mujeres: de género, clase, étnica, etaria, ideológica y política, que se concatenan y potencian en un tiempo y un territorio determinados y culminan con muertes violentas, homicidios, accidentes mortales e, incluso, suicidios que suceden y no son detenidos ni prevenidos por el Estado.
Más aún, sostienen, a los homicidios de mujeres se suman la violencia institucional de la injusticia y la impunidad, por lo que consideran imprescindible que los Estados asuman la obligación de reparar el daño a todas las mujeres víctimas de violencia.
SEIS PUNTOS DE ACUERDO
El Pacto contiene seis puntos de acuerdo, entre los que destacan el compromiso de las legisladoras de fomentar en sus respectivos países la creación de políticas de Estado para enfrentar la violencia contra las mujeres y de impulsar la ejecución de las recomendaciones que surjan de las tres reuniones del Diálogo Interparlamentario en México, Guatemala y España.
Otro de los acuerdos contenidos en el documento es que los firmantes coordinarán sus actividades para intercambiar información, ideas y políticas públicas para el análisis concreto del feminicidio en cada país.
Acordaron, además, establecer un diálogo permanente con la Comisión Interamericana de la Mujer de la Organización de Estados Americanos (OEA), que tiene bajo su responsabilidad el Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana Contra la Violencia contra las Mujeres y con el Comité de Seguimiento de la CEDAW:
Al afirmar que los derechos de las mujeres son derechos humanos, las legisladoras ratificaron los compromisos adquiridos por sus respectivos países, consagrados en diversos instrumentos internacionales, que garantizan a las mujeres el goce y el ejercicio de todos los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos sin discriminación y reconocen el derecho de todas a una vida sin violencia.
La declaración subraya que la discriminación contra las mujeres viola el principio de igualdad de derechos, dificulta la participación de ellas en la vida política, social, económica y cultural de los países y constituye un obstáculo para el fortalecimiento de la democracia.
El encuentro parlamentario que concluyó este vienes, fue coordinado por la Cámara de Diputados, a través de la Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana y a la Procuración de Justicia Vinculada; UNIFEM y el Instituto Internacional de Investigación y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer.
2005/LG/SJ
