El Comité Latinoamericano por los Derechos de la Mujer (Cladem) anunció aquí que trabaja por la creación de una Convención Latinoamericana sobre Derechos Reproductivos, para que no se niegue a las mujeres los derechos esenciales de su vida reproductiva.
El anuncio lo hizo Silvia Pimentel, de Brasil, durante la Primera Conferencia del Consorcio Latinoamericano de Anticoncepción de Emergencia (CLAE), y sostuvo que en la región, las consideradas victorias «son menos efectivas de lo que las evaluamos», al referirse a los límites de las conferencias de Naciones Unidas donde los gobiernos sólo hacen compromisos políticos. En cambio, una convención es vinculante y obligatoria.
La tarde en esta reunión fue para analizar las cuestiones jurídicas de la anticoncepción de emergencia.
Luisa Cabal, del Centro Legal para Derechos Reproductivos y Políticas Públicas (CRLP) de Nueva York, sostuvo que actualmente existe legislación nacional e internacional que protege y asegura el derecho a exigir que los gobiernos de América Latina y otros del mundo, ofrezcan y aseguren la anticoncepción de emergencia para las mujeres que la demandan.
Explicó que apenas hace unos cuantos días se aprobó la anticoncepción de emergencia en Inglaterra y que el juez de la causa reconoció que forma parte de los derechos humanos; lo mismo sucedió en Francia y Uganda, por lo que parece absurda la postura de países de América Latina.
La anticoncepción de emergencia está en el marco de las garantías consagradas en diversos tratados internacionales, pues se vincula con los derechos a la salud; a la información, a la intimidad, a decidir el número de hijos y su intervalo, y a la libertad de conciencia. Bajo esa óptica, está garantizada en muchas constituciones.
Sin embargo, para que se ponga en práctica siguen habiendo muchos obstáculos y entonces es urgente hacer que los estados respondan a sus obligaciones básicas de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Hay incluso jurisprudencia a la que pueden acudir las mujeres para exigir esta obligación estatal.
La discusión en esta conferencia busca profundizar y hacer notar que el derecho existe, que lo que faltan son estrategias diversas para hacerlo cumplir. En ese sentido, Hernán Sanhueza, del Grupo Parlamentario Interamericano de la IPPF, sostuvo que la alianza con los parlamentarios es fundamental para avanzar en los derechos reproductivos de las mujeres y de los hombres.
Analizó algunas de las tendencias en América Latina y dijo que a pesar de que hay mayor estabilidad entre las organizaciones civiles para la defensa de estos derechos, las y los parlamentarios han sido fundamentales para algunas garantías como el derecho a la información sobre anticonceptivos, al cambio de leyes de población y de desarrollo social.
Anunció que a la Conferencia asisten 17 parlamentarios que mañana tendrán aquí algunas resoluciones sobre anticoncepción de emergencia puesto que, por ejemplo, en México el artículo cuarto de la Constitución garantiza los derechos básicos y sin embargo cuestiones de burocracia o ignorancia les ponen obstáculos.
Por su parte, María José Lubertino, de Argentina, y Lidia Casas, de Chile, hablaron de las experiencias recientes de prohibición de algunos productos de la anticoncepción de emergencia que ahora mismo están en el mercado. El problema es la idea de algunos sectores conservadores de que su disponibilidad promueve el aborto y las relaciones sexuales fuera del matrimonio.
Sobre las cuestiones culturales y sociales esta conferencia trabajará esta tarde y mañana.
| |
disponible para periodistas y medios de comunicación impresos y electrónicos por favor citen la fuente El servicio informativo se realiza gracias al apoyo |
