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Crece violencia contra las y los defensores de DH en Guerrero

Por Sandra Torres Pastrana

Las amenazas contra defensoras y defensores de derechos humanos en Guerrero se han incrementado en los últimos meses: Obtilia Eugenio Manuel presidenta de la Organización de Pueblos Indígenas Me`phaa (OPIM) recibió el pasado 17 de marzo tres mensajes en su teléfono celular advirtiéndole que “le va a pasar lo mismo que a Raúl (Lucas) y a Manuel (Ponce)”, presidente y secretario respectivamente de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), cuyos cadáveres fueron hallados el pasado 20 de febrero con visibles huellas de tortura.

Los mensajes advierten también que aunque tenga el apoyo del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, y otras organizaciones, eso no la salva de que “le atraviesen las balas”.

Las amenazas también han recaído sobre Cuauhtémoc Ramírez, esposo de Obtilia, a pesar de que ambos cuentan con medidas cautelares sugeridas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado mexicano, y de han tenido el acompañamiento de las Brigadas Internacionales de Paz.

La pareja ha tenido que abandonar la región y el estado, pero los demás integrantes de la OPIM permanecen en sus comunidades en estado de gran vulnerabilidad, informó hoy Abel Herrera, director de Tlachinollan, quien agregó que las amenazas contra las y los defensores de derechos humanos se han intensificado en los últimos 20 días.

Durante una conferencia de prensa realizada en las instalaciones del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), donde más de 111 organizaciones de derechos humanos y diversas OSC brindaron su apoyo al Centro Tlachinollan, Herrera señaló que también Guadalupe, esposa de Raúl Lucas, y su hermana Carmen fueron amenazadas de muerte el pasado 26 de febrero, cuando en Acapulco ésta última fue interceptada por un sujeto quien la sujetó violentamente de los brazos y le advirtió que próximamente las iban a matar, a ellas y al hijo de Raúl, “por andar de bocones”.

La más reciente amenaza ocurrió el pasado 20 de marzo, cuando ocho integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, fueron seguidos por tres hombres que viajaban en una camioneta Chevrolet Silverado, color azul, placas UN88768, en el tramo de la carretera de Ayutla-Tecoanapa y donde los activistas también escucharon cinco detonaciones de arma de fuego, que se presume fueron disparos al aire.

Ante estas evidencias, se dijo en la conferencia, es un hecho que en todo el país, pero en particular en Guerrero defensoras y defensores de derechos humanos carecen de condiciones para ejercer su labor, poniendo en riesgo su vida, seguridad e integridad física, y se cuenta con la falta de procuración de justicia de la propia Procuraduría del estado, aunado a la ausencia de investigación por parte de las autoridades.

Por eso, dijo Herrera, la escalada mayor de esta violencia son las autoridades que no investigan los delitos, poniendo a defensoras y defensores en una situación de vulnerabilidad, se les criminaliza y les dicen que “hacen campañitas” para desprestigiar a las instituciones. Ocurre sobre todo en las zonas más pobres, como la región de Ayutla y la zona de la Montaña de Guerrero.

A este respecto, el director de Tlachinollan dijo que esto ha representado el cierre de la oficina de Ayutla, lo cual, sin embargo, dijo a Cimacnoticias, no significa claudicar o abandonar los casos de la zona, sino dejar por el momento el espacio por cuestiones de seguridad.

Herrera destaco que las autoridades federales y estatales son las que están obligadas a brindar las garantías para que ellos sigan en Ayutla, y si no lo hacen querrá decir que tienen una responsabilidad para no garantizar el trabajo de las y los defensores.

LAS DEFENSORAS

Ante la pregunta de si existe alguna medida particular para proteger a las mujeres integrantes de Tlachinollan, Herrera explicó que la presencia de las mujeres defensoras de los derechos humanos en Tlachinollan ha sido fundamental, destacó que la fuerza de las mujeres en Ayutla ha sido imprescindible y muy valiosa porque han sido ellas las que han dado la batalla.

Asimismo dijo, han preferido que ellas no sigan realizando su trabajo como lo venían haciendo solas y sin acompañamiento, y por tanto su labor tiene que considerarse con mucha reserva, porque hay precedente que se han venido dando agresiones a las mujeres de Ayutla, como parte de una estrategia de mayor intimidación y de querer sobre todo desmovilizar y desalentar la fuerza de las mujeres en la lucha de los derechos humanos.

INTENTAN DESACTIVAR A ORGANIZACIONES

Todos estos actos de violencia, asesinatos e intimidación, consideró el Director de Tlachinollan, tienen como fin desactivar a las organizaciones que defienden los derechos de los pueblos indígenas, acabar con su lucha, presencia, visión y sobre todo con su derecho a ser pueblos indígenas.

Herrera recordó que la masacre del Charco; las violaciones por parte de militares a las indígenas tlapanecas, Inés y Valentina en 2002; los 30 casos de esterilizaciones forzadas a indígenas mixtecos y tlapanecos, así como las amenazas a las defensoras y defensores del pueblo Me`phaa integrantes de la OPIM y la OFMP.

El asesinato de Raúl Lucas y Manuel Ponce “es una forma de querer arrodillar a los pueblos indígenas”, dijo Herrera, ellos “se encontraban en las listas negras del Ejército, debido a su labor desde la masacre de el Charco y las denuncias que venían realizando en contra de elementos del Ejército por el abuso y violaciones realizadas en la región de Ayutla.

Por su parte, Edgar Cortéz, secretario técnico de la Red todos los derechos para todas y todos, que integra a más de 64 organizaciones de derechos humanos, recordó que la anterior Alta Comisionada de Derechos Humanos, Mary Robinson, decía que la situación de las y los defensores es un termómetro de cómo están los derechos humanos en un país.

Consideró que lo que hoy padecen las y los defensores de los derechos humanos, deja claro que en este país y en este momento, con la lucha contra el narcotráfico, delincuencia organizada, se les ve como un enemigo, como un obstáculo que dificulta la estrategia gubernamental de construir “seguridad”.

Por ello, las organizaciones presentes en la conferencia exigieron al Estado cumpla con los compromisos internacionales de proteger a las y los defensores.

En la conferencia estuvieron también, Mayra López, abogada de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos; Ernesto López, director del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde); Darío Ramírez, director de Artículo 19; Brisa Maya Solís, directora de Cencos, y Jorge Romero, director del Centro de Análisis e Investigación (FUNDAR).

09/STP/GG

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