Montserrat Comas de Argemir tomó posesión de su cargo en septiembre de 2002 como magistrada y vocal del Consejo General del Poder Judicial y Presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, se han puesto en marcha diferentes iniciativas, una de las cuales es la Ley de Protección a las Víctimas de la Violencia Doméstica, a la que se han acogido más de seis mil mujeres.
Sin embargo, el día elegido para hacer la entrevista es un día aciago. Una trabajadora de los servicios de limpieza del Ayuntamiento de Cúllar Vega (Granada) moría durante su jornada laboral a manos de su ex marido.
La orden de alejamiento de cien metros que pesaba sobre su agresor no impidió que éste cometiese el crimen. Se trata del primer caso con resultado de muerte desde que se pusiera en marcha la ley de protección, difunde el portal Mujereshoy.
Montserrat Comas comenta lo ocurrido con pesar. Porque la consternación y la tristeza también forman parte de la lucha contra los malos tratos a las mujeres junto a leyes, legislaciones, normas u órdenes.
Reflexiva y expresiva con sus manos nos cuenta aciertos y desaciertos, aunque está convencida de que la sociedad española ya asumió que la violencia contra las mujeres es un problema que compete a todos y a todas.
«Ya nadie se atreve a decir determinados comentarios, ya nadie lo considera un tema privado. Se trata de un problema social y político y nos corresponde a todos resolverlo. En 2004 y a fecha de hoy (fines de marzo de 2004), han muerto ya 15 mujeres, por lo tanto estamos en un promedio de una muerte semanal».
La violencia verbal, psicológica, sexual y física continúa ocupando un espacio importante en muchas familias del Estado español.
¿Cómo definiría el maltrato?
Montserrat Comas: En 1995, cuando se celebró la IV Conferencia Mundial de la Mujer en Pekín, auspiciada por asociaciones feministas y apoyada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se definió la violencia de género como el crimen más encubierto y más numeroso en el mundo.
No sólo afecta a la sociedad española, es un problema universal. Según un estudio realizado por el Centro Reina Sofía, y teniendo en cuenta la tasa de población, hay siete países en Europa por encima de España, en cifras de mujeres muertas en el ámbito de la pareja. Entre estos países se encuentran Finlandia, Dinamarca, Suecia, Luxemburgo, Inglaterra y Alemania.
¿Hay estudios o investigaciones que indiquen cuáles son los principales obstáculos o frenos que tienen las mujeres a la hora de denunciar?
M. C. :Lo que tenemos son datos reales y objetivos de las mujeres que denuncian. El Consejo General del Poder Judicial ha recogido datos sobre las muertes violentas que se produjeron durante los años 2001, 2002 y 2003; necesitábamos conocer si era cierto el reproche social que se hace de las actuaciones policiales y judiciales cada vez que una mujer muere.
De aquí nació mi idea de conocer si era verdad que todas las mujeres que morían previamente habían denunciado y, por tanto, saber donde se comete el fallo, si judicial o policialmente.
Es imposible cuantificar la violencia de género que no emerge. Encuestas realizadas por diferentes instituciones públicas a la población femenina demuestran que hay una franja muy importante de mujeres que manifiesta haber sufrido en algún momento o sufrir habitualmente violencia por parte de su pareja.
En 2003, se presentaron 50 mil 060 denuncias, el doble que en el 2001. Otro dato es que existe una gran franja de violencia doméstica que no emerge. Hay una constante en los tres años: que el 75 por ciento de mujeres muertas no había denunciado una situación de maltrato o de amenaza de muerte.
¿Es necesario ponerse en la piel de quienes sufren maltrato?
M. C.: En el seno de una pareja, el primer acto violento no es el homicidio o el asesinato. Con anterioridad, seguro que había situaciones de violencia. Hay que situarse en la piel de las víctimas para entender por qué se tarda, en promedio, cuatro o cinco años en denunciar.
Éste es el único delito en el que se denuncia a la persona con quien se tiene o se tuvo una relación sentimental. A veces, las dependencias emocionales son importantes y además hay mujeres que dependen económicamente de su agresor.
En segundo lugar, hay víctimas que no confían en el sistema, y no tienen la seguridad de que denunciar les vaya a ayudar, no saben si se las va proteger, y todo esto es comprensible.
Un Pacto de Estado, ¿de alguna manera pide que la violencia contra las mujeres no se utilice políticamente?
M. C.: La violencia de género debe ser considerada una cuestión de Estado dadas las altas cifras de mortalidad que existen en este país.
Apuesto por un gran consenso social y político; para que todas las asociaciones feministas que históricamente han defendido los derechos de las mujeres para que tengan voz, sean oídas, puedan participar, dar sus propias opiniones y soluciones; y para que todas las fuerzas parlamentarias consideren este asunto como una prioridad.
¿Se puede afirmar que ahora hay más casos de violencia extrema?
M. C.: No hay ningún dato que nos lleve a formular que ahora hay más casos de malos tratos o de violencia sexista que hace 20 años, lo que sucede es que ahora se denuncian más y se conoce mejor gracias a la contribución de los medios de comunicación.
Pero sí es indudable que en cifras mortales hay más. En parte, creo que el repunte de muertes que se está produciendo en los últimos años en este país va en paralelo al proceso de independencia de muchas mujeres.
Ha dicho usted en alguna ocasión que «las mujeres están pagando con la muerte su libertad».
M. C.: Antes, muchas mujeres soportaban y aguantaban, era la moral burguesa y la moral católica imperante en este país; (ahora) muchas mujeres toman conciencia y deciden separarse, incluso sin haber interpuesto una denuncia, y encuentran la muerte.
Al no haber denunciado, son mujeres que carecen de protección judicial o policial. Según un estudio realizado desde el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, un 75 por ciento de mujeres que mueren no habían denunciado previamente situaciones de maltrato.
Es muy importante hacer políticas de información hacia las víctimas para que conozcan todos los recursos legales y sociales que existen en este momento a su favor, incluida la posibilidad de denunciar a fin de que puedan ser protegidas. Son derechos constitucionales esenciales el derecho a la vida, a la integridad física y a la libertad.
Usted misma y su trabajo es un ejemplo positivo para las mujeres que forman parte de la judicatura.
M. C.: En la administración de Justicia estamos muy lejos todavía de alcanzar la igualdad de oportunidades en los ámbitos de decisión de poder. No hay paridad en el órgano de gobierno de los jueces porque de 20 vocales sólo dos somos mujeres, a pesar de que las juezas somos un 42 por ciento en la carrera judicial.
Tampoco estamos representadas en el máximo órgano, el Tribunal Supremo. De 97 magistrados sólo hay dos mujeres, a pesar de que muchas mujeres tienen más de 15 años de antigüedad.
De 17 presidentes de tribunales superiores de justicia no hay ninguna presidenta y del total de 52 presidentes de audiencias provinciales sólo hay cuatro mujeres. Partiendo de la igualdad de méritos y de capacidades con respecto a los jueces varones, creo que no hemos logrado una decidida política a favor del nombramiento de mujeres.
Las juezas no estamos suficientemente representadas. El Consejo General del Poder Judicial tiene que hacer esta apuesta. Al menos es mi compromiso personal el promocionar a mujeres con capacidades y méritos para que ocupen cargos gubernativos.
Hay estudios que dan informaciones alarmantes sobre comportamientos violentos por parte de chicos jóvenes.
M. C.: La violencia de género no tiene fronteras, afecta a todas las culturas y a todos los países, a todas las capas sociales y a todas las edades. Este es un problema que hay que combatir de la mano de muchas administraciones públicas.
La educación tiene que ser el pilar esencial para combatirla. Hay que invertir en educación, sabiendo que es una posible solución a largo plazo. Educar a los menores en igualdad asegurará un futuro sin violencia.
Hay quienes no creen en la posible recuperación de quienes maltratan, ¿qué opina al respecto?
M. C.: Creo que la sociedad no puede renunciar a la reinserción social de los maltratadores. La Constitución establece que una de las finalidades de la pena es la reinserción social de los condenados. Comparto que cuando hay escasez de recursos tienen que ir destinados prioritariamente a la prevención y a la protección y las ayudas sociales para las víctimas. Es más, estas partidas tienen que incrementarse.
Pero creo que hay que hacer una apuesta en este país por la terapia para los maltratadores, darles la oportunidad de salir del ciclo de la violencia. Muchas mujeres, después de tener toda la información y de haber obtenido ayuda psicológica, deciden que quieren seguir conviviendo con sus agresores y han pedido que puedan ser tratados. Este es un terreno de la libertad de las personas que hemos de respetar, siempre que la víctima tenga toda la información de qué puede hacer.
El Código Penal contempla la posibilidad de que los jueces sustituyan, en caso de que sea la primera vez, el primer delito, la privación de libertad por cursos formativos.
Además, puede imponer, si la víctima lo quiere, que no resida con ella, puede dictar también una orden de alejamiento… Pero la realidad es que normalmente no se hace porque no hay centros a los que derivar a los maltratadores.
¿Qué valoración hace de la Ley de Protección a las Víctimas de la Violencia Doméstica?
M. C.: Se aprobó por unanimidad en el Parlamento español. Desde que entró en vigor el 2 de agosto pasado y hasta el 31 de diciembre –que son los datos de los que disponemos en el Consejo General del Poder Judicial– se han acordado 6 mil órdenes de protección.
Ahora mismo los jueces de instrucción tienen entre sus competencias resolver todos los problemas a los que se enfrentan las mujeres: sobre el uso y disfrute del domicilio conyugal, la guardia y custodia de los hijos y una pensión provisional alimenticia.
Si el juez acuerda una orden de protección lo tiene que remitir a un punto de coordinación desde el cual se redistribuye a todas las administraciones públicas competentes para que en cada caso concreto, según las necesidades de la víctima, se le otorgue asistencia jurídica gratuita, sanitaria o psicológica, ayudas sociales, prestaciones económicas si no hay fuentes de ingreso. Creo sinceramente que la ley ha supuesto un avance.
2004/BJ
