La denuncia involucra a los servidores públicos que a la fecha de los hechos desempeñaban diversos cargos en la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y que hayan intervenido de cualquier forma en el proceso administrativo de adjudicación y contratación del servicio de credencialización, además de otros que resulten responsables por los actos denunciados.
LA CREDENCIAL
La operación de las credenciales inició con el propósito de contratar un sofisticado servicio de credencialización que permitiría automatizar los registros de información en materia de gestión de servicios de salud, agilizando los trámites administrativos de las unidades médicas y hospitales que conforman la red de servicios del Sistema de Protección Social en Salud, como se especificó el 10 de noviembre de 2005, en la convocatoria 004 para la Licitación Pública Nacional número 12161001-004-05, publicada en el Diario Oficial de la Federación.
La licitación invitaba a participar a personas físicas o morales cuya actividad u objeto social fuera, entre otros: «la integración de sistemas o el desarrollo de software, la emisión de credenciales o el procesamiento electrónico de datos», a fin de contratar: «servicios para el programa de implementación para el uso de tarjetas inteligentes en el sector salud en el ámbito de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (servicios de la infraestructura para la operación, emisión y distribución de 3 millones 700 mil credenciales y soporte en la operación)», recordó.
OPACIDAD
Asa Cristina Laurell resaltó que hubo procedimientos poco transparentes en la licitación. Por ejemplo, para una licitación tan compleja y tan cuantiosa se contrató como servicio de «impresión de documentos oficiales; sin que mediara justificación normativa alguna. El proceso de licitación se llevó a cabo bajo la modalidad de «tiempos recortados», por lo que en el desarrollo del proceso se observan incongruencias en los plazos, lo cual limitó la participación de diversas empresas interesadas.
Finalmente, la beneficiaria de la licitación fue la empresa Image Technology, México, SA de CV., con participación conjunta de Esiglo, SA de CV, según el contrato CNPSS/S/LP/020/2005 de fecha 15 de diciembre de 2005; la adjudicación se realizó el 6 de diciembre de ese mismo año y se estableció como fecha de terminación del contrato el 31 de diciembre de 2006.
Si la licitación estuvo llena de opacidad, en sus resultados se observa un conjunto de irregularidades, afirmó Laurel, entre ellas:
La credencial «Tusalud» se hizo sin cumplir a cabalidad con la normatividad establecida, toda vez que se diseñaron sin contemplar la fotografía y huellas dactilares de los beneficiarios, pues los Módulos de Afiliación y Orientación (MAO) no fueron instalados a efecto de que en ellos se tomaran la fotografía, firma y huellas dactilares de los beneficiarios del Sistema, como se constata en las credenciales remitidas a los beneficiarios.
La emisión de la credencial «Tusalud» permitiría automatizar los registros de información en materia de gestión de servicios de salud, agilizando los trámites administrativos de las unidades médicas y hospitales que conforman la red de servicios del Sistema de Protección Social en Salud; sin embargo, en las entidades federativas no fue instalada la infraestructura necesaria para su operación.
Asimismo, la credencial «Tusalud» contaría con un chip con la información de los beneficiarios y su familia, a través del cual se ingresaría posteriormente información complementaria relacionada con su expediente clínico. A la fecha de terminación del contrato, no existía evidencia del cumplimiento de estos requisitos, ya que en las entidades federativas no fue instalada en tiempo y forma la infraestructura necesaria para su operación; por lo tanto, no se pudo constatar que el chip contuviera la información básica para concretar el objetivo para el cual fue diseñado.
La credencial «Tusalud» sería la base para el modelo de suministro de medicamentos para los beneficiarios del Seguro Popular, ya que la información contenida en el chip y los servicios complementarios permitirían ser utilizadas como «tarjetas inteligentes», tal como se estableció desde la licitación; sin embargo, este objetivo tampoco se cumplió, ya que al 31 de diciembre de 2006 en ninguna entidad federativa se puso en marcha el modelo de suministro de medicamentos, como estaba previsto.
Las bases de la licitación contemplaban que el proveedor otorgaría capacitación al personal de salud y apoyaría el desarrollo de la plataforma tecnológica para el desarrollo del modelo en su conjunto, lo que a la fecha de terminación del contrato tampoco se llevó a cabo.
Como una irregularidad adicional, en el folleto con el que se hace entrega de la credencial «Tusalud», se afirma que la credencial es portable y que con ella las familias inscritas al Seguro Popular podrían ser atendidos en los 31 estados de la República y en el DF, además de que con ella retirarían los medicamentos de la Red de Farmacias del Seguro Popular (sic).
Esta propaganda, dice el boletín, engaña una vez más a los ciudadanos, ya que para que esto sea un hecho, previamente se deben firmar convenios de colaboración, interestatales e interinstitucionales, y a la fecha de la emisión de las credenciales no existía ningún convenio de este tipo en el país.
LA OTRA CREDENCIAL
Las irregularidades en le programa de credencialización «Tusalud» se evidenciaron todavía más, continúa el comunicado, por el hecho de que el 16 de noviembre de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el «Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones generales para el establecimiento del Programa de Simplificación de Surtimiento de Medicamentos a los beneficiarios del Seguro Popular», por el cual se establece la expedición y entrega de ¡otra credencial!, ahora denominada «Tarjeta Universal de Salud», que tendría los mismos propósitos que se habían establecido para la credencial «Tusalud», pero con la diferencia de que la anterior era familiar y la nueva, individual.
Dicho acuerdo ?puntualizó Laurell? reconoce de facto que las credenciales adquiridas en diciembre de 2005 tendrían que ser reemplazadas, por lo que se confirma que al sustituirse la credencial «Tusalud» por la «Tarjeta Universal de Salud» hubo una deficiente planeación que conllevó a una erogación innecesaria de recursos públicos, concluye el boletín.
07/GG
