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Crímenes de odio

Por Lucero Saldaña

Creo que ante la interrogante que exige entender por qué siguen los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, es necesario un acercamiento integral para que de verdad comprendamos, qué es lo que estos crímenes tienen en común, y qué es lo que los hace especiales y tan diferentes a los cientos de asesinatos de mujeres cometidos alrededor del mundo, en cada país, en la última década.

El denominador es que estas mujeres y niñas fueron cruelmente asesinadas precisamente, por ser mujeres. Todas estas mujeres y niñas fueron atacadas y despojadas de sus vidas debido a causas del género.

Ante el rompimiento del tejido social, dada la población desbordante de 1.3 millones de habitantes cuyo tamaño se duplicó en 20 años; con la migración atraída por la industria maquiladora proliferada por su ubicación como frontera con el país del norte, ha ocasionado una atracción mayor de la población a la que se puede atender con servicios básicos de electricidad, agua, salud, educación, vivienda, transporte.

Resultando una mezcla entre marginación, vulnerabilidad y pobreza. La ciudad necesita del respaldo del Estado y la Federación, para una reingeniería en muchos rubros, por ejemplo el educativo.

Ciudad Juárez tiene la taza más alta relativa a alumnos por maestros en educación secundaria en el Estado, y sólo el 40 por ciento de los niños y niñas, entre los 15 y 19 años de edad, asisten a la escuela. La mayoría de las y los adolescentes de esta edad trabajan en las calles. Además, 27 mil familias viven en las zonas consideradas de mayor riesgo y en donde hay menos escuelas.

No es de sorprendernos que haya una relación entre pobreza y migración que cobija el crimen, incluyendo el negocio lucrativo de la droga y todas las clases de tráfico.

Pero no es el crimen de la delincuencia organizada el que esté creciendo más en Juárez, sino la discriminación de las mujeres en sus necesidades y derechos intra y extramuros.

Las mujeres son consideradas ciudadanas de segunda, son tratadas como objetos, mercancías o lo peor, usadas, abusadas, secuestradas, violadas y, finalmente, privadas de sus vidas. Las que subsisten, lo hacen privadas de sus derechos fundamentales. Y esto sucede en ciudades y comunidades de varios países.

Muchos hombres usan la violencia como instrumento de control de sometimiento, de dominio, de abuso de un poder inequitativo entre las relaciones de mujeres y hombres en los ámbitos público y privado.

Cuando se habla de cifras, sabemos que aunque se pongan de acuerdo las autoridades en los números, siempre habrá en realidad más debido a la falta de registros, de una clasificación homogénea, de confusión de nombres y que, además, una mujer ausente de su núcleo familiar afecta a por lo menos otras cuatro personas.

Por ello, cuando el Presidente Fox declaró que los medios “refritean” el caso de Juárez, sin hablar de los casos atendidos o los logros, valdría la pena que nos sentáramos a platicar de dónde salen las cifras y qué entiende por casos resueltos, ya que en la administración de justicia, un caso resuelto significa sentencia ejecutoriada en contra del responsable acompañada de la reparación del daño a las víctimas. Sin duda que la mayoría de los casos está en el rubro de la impunidad.

El nombramiento de Mireille Roccatti como la nueva Fiscal Especial, independientemente de su experiencia y profesionalismo, deja ver que ante los recientes casos tan dramáticos de los asesinatos de dos niñas, una decisión del Presidente fue cortar cabezas, pero se corre el riesgo de cometer los mismos errores metodológicos y burocráticos.

No queremos chivos expiatorios, deseamos una evaluación de las actuaciones de cada dependencia para su fortalecimiento y no para su debilitamiento.

Insistimos en que una respuesta para atender los crímenes y delitos violentos de mujeres en toda la república está en la creación de una Fiscalía Especializada, ex profeso y competente a nivel nacional, por lo que debe tener autonomía técnica y administrativa, ubicándose en línea directa al nuevo Procurador General.

Y por otro lado, el también recién nombrado Secretario de Gobernación deberá evaluar la necesidad de fortalecer la estructura de la Subcomisión Especial creada hace un año para la coordinación de las acciones del gobierno federal.

Estos dos relanzamientos son claves para que las instancias, propuestas por la sociedad civil, cumplan con mayor efectividad su encomienda y no sucumban ante la falta de respaldo económico y político.

*Senadora. [email protected]

2005/LS/SJ

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