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Crisis de servicios de salud, “punta de lanza” para privatizar servicios

Por Rafael Maya

En medio de la crisis de los servicios públicos de salud, el Seguro Popular (SP), brazo operativo del Gobierno Federal para la reforma del sector, es hasta ahora un catálogo de buenas intenciones, incapaz de dar respuesta a la marginación de millones de mujeres mexicanas, que fallecen por males como cáncer de matriz o mama y complicaciones en operaciones de parto.

Sin recursos suficientes, infraestructura sanitaria adecuada y falta de personal operativo y especializado, el SP, promovido por el actual secretario de Salud, Julio Frenk, es considerado por expertos y agrupaciones civiles como la “punta de lanza” para privatizar los servicios públicos de salud en nuestro país.

Los especialistas consultados, advierten que los efectos las mujeres serán desastrosos, toda vez que con el esquema de atención planteado por este seguro, además de imponer una cuota previa para acceder a una atención médica “integral”, las pacientes serán las únicas responsables del cuidado de su salud, además de enfrentarse al “vía crucis” de acudir a Hospitales saturados, sin equipamiento ni medicinas.

Ante esta situación, la cual forma parte de la ola de reformas sanitarias que ocurre en diversos países, y que afecta directamente la salud de la población femenina, la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos, con sede en Holanda, convocará el próximo 28 de mayo –Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer— a una campaña contra la privatización de los servicios de salud y su impacto en los derechos sexuales y reproductivos femeninos.

LA BURLA

El secretario Frenk anunció en días recientes que el seguro popular cubrirá los medicamentos y la atención especializada de primero, segundo y tercer niveles de males femeninos como cáncer cérvico uterino y mamario, así como otras enfermedades en las que esta parte de la población presentan mayores grados de incidencia como la diabetes y la osteoporosis.

Sin embargo, el decreto que reforma la Ley General de Salud que crea el seguro (promulgado el 15 de mayo de 2003), y el Reglamento en Materia de Protección Social en Salud (publicado en el Diario Oficial apenas el pasado 5 de abril), no presentan el catálogo de beneficios médicos ni la lista de medicinas correspondientes.

El reglamento del SP “es una infamia y una tomadura de pelo”, acusa el profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) plantel Xochimilco, Gustavo Leal.

Advierte que el diagnóstico y tratamiento de males como el cáncer y el VIH/Sida –estipulados en el artículo transitorio decimocuarto de la LGS–, “no están garantizados” con el seguro popular en tanto la Comisión Nacional de Protección Social en Salud –mecanismo en proceso de creación–, no defina el cuadro básico de intervenciones médicas y el catálogo de fármacos para el primero, segundo y tercer niveles de atención.

Además, aún no se establece el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, mediante el cual se atenderían las enfermedades más graves de las y los mexicanos.

Gustavo Leal acota que la creación de dicho fondo podría retrasarse ante una eventual dificultad de los gobiernos estatales para aportar recursos.

“PREVENCIÓN” Y PARTICIPACIÓN PRIVADA

El también especialista del Área Salud y Sociedad de la UAM-Xochimilco, recordó que el Reglamento en Materia de Protección Social en Salud, establece en su artículo siete: “los servicios de salud a la persona se componen de los servicios esenciales”, es decir, anotó, meros paquetes “preventivos” que no resuelven los padecimientos que efectivamente aquejan a los mexicanos.

El articulo 30 del mismo documento –añade– impone a los “beneficiarios” del SP que se hagan responsables del “auto cuidado de su salud”.

Por si fuera poco, y como una señal de alerta ante una posible privatización de los servicios médicos del Estado, Leal apunta que el Reglamento del SP establece “claramente” en su artículo 16: “para garantizar la prestación de los servicios de salud a la persona del Sistema (de Protección en Salud), los Regímenes Estatales podrán brindarlos indirectamente a sus beneficiarios por medio de las instituciones y establecimientos para la atención médica del Sistema Nacional de Salud (SNS)”.

Por lo que el especialista cuestiona: “¿se refieren, acaso, a las ‘instituciones y establecimientos’ privados del SNS?”.

SP: SIN RECURSOS E INFRAESTRUCTURA

El seguro popular operará este año con dos mil 500 millones de pesos y pretende extenderse a todo el país. El secretario Frenk había señalado en octubre del año pasado, que el ese seguro requeriría para 2004, de tres mil 800 millones de pesos adicionales, toda vez que hasta julio de 2003 –argumentó– se había rebasado la meta de afiliación anual al integrarse 520 mil personas más.

Desde 2002 hasta la fecha, se han afiliado 623 mil familias –alrededor de tres millones de personas–. El 60 por ciento de ellas –informó el titular de salud en abril pasado–, son encabezadas por mujeres. La meta del SP es atender a cinco millones de familias para el 2006, esto es, 25 millones de personas, en su mayoría mujeres que no son derechohabientes.

Esa población femenina tendrá que padecer la carencia de infraestructura, personal médico y los fármacos necesarios para atender diversos males, en particular los vinculados a la salud sexual y reproductiva.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSS), ha advertido que para funcionar de manera eficiente, el SP requiere de por lo menos ocho mil nuevas plazas para satisfacer la demanda de servicios médicos. Igualmente es indispensable mejorar la infraestructura hospitalaria.

CADA VEZ MENOS DINERO PARA SALUD

La organización civil Salud Integral para la Mujer (Sipam) en su reporte “Los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres en la política de salud del gobierno federal 2003”, hace énfasis en los “frecuentes” recortes presupuestales al sector salud.

Documenta que en 1999, se recortaron mil 693 millones de pesos a la SS; 700 millones al IMSS y, 300 millones al ISSSTE. En 2002, indica, el recorte al Seguro Social fue de dos mil 500 millones de pesos. En 2003, menos de 11 centavos de cada peso que el gobierno gastó se destinaron a la atención de la salud.

Sipam explica que en 2002 el presupuesto público en salud fue de sólo 2.4 por ciento del Producto Interno Bruto PIB), mientras que el gasto privado fue de 3.4 por ciento, con lo que se llegó a un gasto total de 5.8 por ciento del PIB, cifra inferior al promedio de los países de América Latina.

EL VÍA CRUCIS COTIDIANO

A la ya de por sí deficiente atención sanitaria que se vive en las zonas rurales, se suma la situación que cotidianamente se vive en hospitales del Sector Salud de los grandes centros urbanos, pues con todo y su mayor infraestructura, presentan carencias que inevitablemente se reflejan en mal servicio a las pacientes.

Un ejemplo de ello es el Instituto Nacional de Perinatología –la institución pública más importante en la atención de embarazos de alto riesgo en México–, que apenas cuenta con once médicos en su clínica de embarazo de alto riesgo, cantidad insuficiente para atender al año hasta tres mil embarazos con algún factor de complicación, como reconoce el médico Raymundo Canales.

El Hospital de la Mujer, con apenas 40 millones de pesos de presupuesto y 158 médicos y 487 enfermeras, atendió a cerca de 53 mil mujeres que acudieron en 2003 a consulta externa. El hospital cuenta con tan sólo cinco equipos de ultrasonido, y uno de ellos es para atender diariamente a entre 20 y 25 mujeres que presentan embarazos de alto riesgo.

El equipo y material es deficiente, por lo que los propios médicos solicitan a las pacientes que van a ser intervenidas quirúrgicamente, llevar sus propias vendas o algún otro medicamento, dado que el hospital carece del mismo.

2004/RM/GV

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