La secretaria general de Amnistía Internacional (AI), Irene Khan, aseguró que los asesinatos de mujeres no son exclusivos de Ciudad Juárez y Chihuahua, sino que están ocurriendo en otras partes del país, como resultado de falla sistémica del aparato de justicia que deben corregirse mediante reformas legislativas.
En el segundo día de su visita a México, al frente de una Misión de Alto Nivel de AI, Khan sostuvo que es responsabilidad del gobierno federal impulsar esas reformas, «para garantizar que las mujeres que se enfrentan a este tipo de violencia en otras partes del país también reciban justicia».
Recordó que en su anterior visita a México, realizada en 2003, el mensaje que trajo al gobierno federal fue que debía intervenir para detener la violencia contra las mujeres, que tenía en Ciudad Juárez su peor expresión, y, dos años después, todavía las medidas adoptadas son insuficientes y siguen ocurriendo agresiones y asesinatos contra mujeres.
Irene Khan destacó que las mayores violaciones a los derechos humanos en México ocurren ahora en el ámbito local, de los gobiernos estatales, y que se producen en el contexto del proceso de procuración de justicia.
«Lo que significa tortura, abuso de procedimientos de investigación, manipulación de expedientes y manipulación de la Fiscalía, aunque también nos preocupan otros problemas en materia de derechos humanos, como las violaciones masivas a las garantías de las comunidades indígenas», precisó.
En conferencia de prensa improvisada al término del encuentro que sostuvo con el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Luis Ernesto Derbez, dijo que el Estado mexicano tampoco ha podido poner fin a la impunidad en materia de crímenes del pasado, que se cometieron en el contexto de la guerra sucia, durante las décadas de los 70 y los 80.
Señaló que aun cuando el gobierno federal designó un fiscal especial para encargarse de las investigaciones, en AI hay preocupación ante la falta de avances, la lentitud de las investigaciones, las dificultades para hacer las consignaciones y sancionar a los responsables y, en general, porque no ha sido un proceso muy efectivo.
La defensora de los derechos humanos afirmó que el actual gobierno será juzgado por su capacidad de cerrar la brecha entre la fuerte política de derechos humanos que se impulsa en el ámbito internacional y que contrasta con la realidad doméstica, por lo que el reto es reflejar en el plano local la posición que sostiene el gobierno mexicano en el exterior en materia de derechos humanos.
Por ello, dijo, AI espera que en lo que resta de la actual administración y durante la próxima, el gobierno federal actúe con la energía necesaria para poner fin a la impunidad, porque es muy importante para poder crear confianza en la sociedad civil de que se van a proteger los derechos humanos.
«Una de las cosas que estaremos monitoreando es el paquete de reformas judicial y constitucional, especialmente aquellas que podrían garantizar un mayor respeto a los derechos humanos», anticipó.
Sobre su reunión con Derbez, explicó que la delegación discutió con el canciller la persistencia de violaciones a los derechos humanos en el ámbito de los gobiernos estatales, de manera particular los casos de Oaxaca y Guerrero.
«Discutí con el canciller las maneras en las que el gobierno federal podría promover y asegurar mayor respeto a los derechos humanos a nivel estatal», y consideró que es precisamente en este ámbito en el que será un reto la aplicación del Plan Nacional de Derechos Humanos.
La delegación de AI se entrevistó también con el secretario de la Defensa Nacional, Clemente Vega García, para pedirle información sobre las medidas tomadas para garantizar el acceso a la justicia a las seis mujeres indígenas de Guerrero que fueron violadas por militares y los avances en el cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el documento.
Explicó que el objetivo de la entrevista era preguntarle al secretario qué acciones ha tomado para remediar estos casos y cómo es que dentro del sistema de justicia militar las violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas serán juzgados y sancionados.
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