La crisis económica podría agudizar los casos de violencia en el país y las mujeres son las más afectadas, porque en un ambiente de carencias como la falta de alimentos, el creciente desempleo y el temor de engrosar las filas del desempleo, las tensiones aumentan señala Emilio Álvarez Icaza, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
En la conferencia: «La justicia y los derechos humanos en tiempos de crisis», ofrecida en el marco del VI Congreso Nacional de Mediación, aseguró que en este contexto de crisis es indispensable apostar a procesos de no violencia, es decir a la construcción de la paz y derechos humanos, así como generar a partir del funcionamiento del aparato de justicia y de la intervención del Estado mexicano las garantías para enfrentar los efectos de la crisis y de las condiciones de inseguridad.
Álvarez Icaza añadió que la correcta impartición de justicia y el combate a la impunidad tienen un papel fundamental en la convivencia social y la paz, las cuales deben darse con una perspectiva de género ya que las mujeres también en estos casos sean más discriminadas y afectadas, pues a ellas se les castiga más severamente por el simple hecho de ser mujeres.
Esto, dijo, se puede constatar en las cifras de los centros de reclusión donde una de cada cuatro mujeres se encuentra ahí por delitos contra la salud, siendo condenadas a varios años de prisión, cuando en la mayoría de los casos fueron usadas sólo para transportar de un lugar a otro la droga, «como burras», por lo que consideró hay un abuso del derecho penal.
Durante el Congreso, organizado por la Asociación Nacional del Notariado Mexicano, informó que cerca del 60 por ciento de las internas e internos en reclusorios están acusadas por delitos menores a los mil pesos, lo cual significa un abuso de la pena privativa de libertad.
Por casos como estos, comentó el Presidente de la CDHDF, es necesario que la justicia tengan perspectiva de género, por ello informó que buscará antes del término de sus gestión modificar el Código de Procedimientos Penales, y crear una política pública en la materia que no ponga en situación de riesgo a quienes son recluidos por pobreza y que casos como estos no continúen ocurriendo.
Agregó que el sostenimiento del desarrollo para el ejercicio de los derechos humanos y el acceso a la justicia, en este contexto de crisis económica es un mayor desafió, ya que las familias mexicanas viven la reducción de su patrimonio.
«Una de las maneras en que la crisis mundial afectará más gravemente a nuestro país en la disminución de remesas, por lo que exhortó a asumir que estamos viviendo una crisis, no es posible que sigamos en la negación ya que entre más pronto lo asumamos, más rápido será el proceso de mediación».
Refirió que la crisis financiera afecta más a las mujeres, pues ellas están perdiendo un 2 por ciento más su trabajo, y una de cada 4 son jefas de familia, por lo que es indispensable que se establezcan políticas públicas, coordinadas entre el Gobierno federal y local, a favor de esta población.
Álvarez Icaza afirmó que es urgente que en este momento se ponga privilegio para tutelar los derechos laborales de las personas, es decir que a través de políticas públicas se cuide el trabajo de las y los mexicanos; que se generen condiciones, para que las medianas y pequeñas empresas puedan operar mejor, en términos de reducciones fiscales o estímulos, así como que se generen condiciones para proteger, a través de los programas sociales, a las poblaciones en mayor riesgo, puntualizó.
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