El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) presentó hoy el documento «10 criterios básicos para eliminar el lenguaje sexista en la administración pública federal», como instrumento para erradicar una práctica que promueve la exclusión de género.
El documento fue elaborado de manera conjunta por el Conapred y el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), para impulsar directrices para eliminar el lenguaje sexista de la comunicación y documentación oficial del gobierno federal y promover el uso del lenguaje incluyente.
La discriminación empieza por el lenguaje, que si bien no implica en sentido estricto un acto discriminatorio, porque no menoscaba derechos o restringe el acceso a oportunidades de manera inmediata, sí contribuye a legitimar la condición de subordinación de las mujeres, afirmó Gilberto Rincón Gallardo, titular de Conapred.
El uso de lenguaje sexista no es solo una violación a los derechos humanos de las mujeres, que son mayoría poblacional en México y en el mundo, sino un agravio al principio democrático que da prioridad a las mayorías en la toma de decisiones, y el Estado tiene la obligación de erradicar esa práctica, sostuvo.
Sin embargo, reconoció que la adopción de estos criterios por parte de las dependencias federales es voluntaria, pero confió en que, aunque el proceso sea lento, los servidores públicos los incorporen la propuesta a su trabajo cotidiano.
El documento cuestiona, por ejemplo, el uso de los tratamientos de cortesía, como los términos «señorita» o «señora», que se aplican a una mujer soltera o casada, mientras que para el hombre el tratamiento de «señor» es independiente de su estado civil y no existe el término equivalente «señorito».
Entre los criterios recomendados para erradicar el lenguaje sexista destacan la mención de ambos géneros, por ejemplo, «usuarias y usuarios promedio tienen como hábito…» en lugar de «los usuarios promedio tienen como hábito».
También proponen usar genéricos universales, como «la humanidad» o «el pueblo mexicano», en lugar de «el hombre» y «el pueblo mexicano; la utilización de abstractos, como «jefaturas de departamento» en sustitución de «jefes de departamento»; «el personal secretarial» en lugar de «las secretarias».
Durante la presentación del documento se analizaron también los resultados de la Primera Encuesta Nacional sobre Discriminación que aborda aspectos generales de las prácticas discriminatorias contra las mujeres y algunos específicos, como los ámbitos familiar, laboral y de seguridad.
Editado por el Conapred y UNIFEM, el análisis titulado «La discriminación contra las mujeres: una mirada desde las percepciones», sostiene que la discriminación laboral no se manifiesta solo en restricciones para acceder a los puestos de mando, sino también en menores oportunidades para incrementar su productividad.
Lo anterior es resultado de un menor acceso de las mujeres a la educación formal y la falta de capacitación en el trabajo, factores que se traducen, a su vez, en una discriminación salarial respecto de los hombres, que requeriría un incremento de 12.6 por ciento en sus percepciones para lograr la equidad.
La exigencia de pruebas de ingravidez y la minimización del fenómeno de la violencia intrafamiliar fueron identificadas también como prácticas discriminatorias hacia las mujeres.
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