La organización internacional Human Rights Watch (HRW) denunció que durante la guerra contra la delincuencia organizada en México, se incrementó la violencia así como las violaciones a Derechos Humanos (DH) cometidas por militares y policías, sin que estos casos se investiguen adecuadamente.
En el informe «Ni Seguridad, Ni Derechos: Ejecuciones, desapariciones y tortura en la ‘guerra contra el narcotráfico’ de México», la organización da cuenta de las consecuencias de la estrategia de combatir a los cárteles de narcotráfico y hace un llamado para que el Estado proteja a la ciudadanía.
En el documento, HRW reitera que en el sistema de justicia militar la impunidad se manifiesta de manera más evidente y recordó que desde 2009, en el informe «Impunidad Uniformada», documentó la falta de imparcialidad e independencia que se genera cuando el Ejército investiga a sus efectivos militares que cometen violaciones a DH.
A través de investigaciones exhaustivas llevadas a cabo en cinco de los estados más violentos del país, Human Rights Watch encontró evidencias que sugieren fuertemente que miembros de las fuerzas de seguridad habrían participado en más de 170 casos de tortura, 39 «desapariciones» y 24 ejecuciones extrajudiciales desde que Calderón asumió la presidencia en diciembre de 2006.
En los cinco estados documentados –Baja California, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Tabasco– HRW comprobó que las fuerzas de seguridad aplican torturas sistemáticamente para conseguir que los detenidos confiesen mediante coerción o proporcionen información sobre los cárteles.
El informe también contiene evidencias contundentes que sugieren que soldados y policías han perpetrado «desapariciones» y ejecuciones extrajudiciales, y que en muchos casos han adoptado medidas para ocultar sus delitos.
Para esta organización defensora de derechos humanos, tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en cuatro sentencias sobre desaparición forzada, violación sexual y tortura y detención arbitraria, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se han pronunciado en contra de los alcances de la jurisdicción militar.
No obstante, esta práctica no se ha modificado y los resultados son los mismos: se siguen remitiendo las denuncias de violaciones de DH al sistema de justicia militar, donde continúan quedando impunes al no obtener condenas, sostiene el informe.
Menciona que de acuerdo con información obtenida a través del Sistema de Acceso a la Información Pública, en los cinco estados se ha observado que los agentes del Ministerio Público militar han iniciado mil 615 investigaciones de violaciones a DH presuntamente cometidas por soldados contra civiles.
HRW criticó que Calderón ha señalado en varias oportunidades que el 90 por ciento de las personas que pierden la vida en hechos de violencia vinculados al narcotráfico son miembros de bandas de delincuencia organizada, afirmaciones que calificó de «fácticas» porque no están basadas en investigaciones rigurosas y objetivas.
En este contexto, el informe formula recomendaciones específicas a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial destinadas a abordar los abusos documentados por HRW. Entre éstas destaca reformar el Código de Justicia Militar para impedir que las presuntas violaciones de derechos humanos contra civiles sean investigadas en tribunales civiles.
Además afirma que «Los funcionarios públicos deberían abstenerse de efectuar declaraciones en las cuales desestimen las denuncias de abuso antes de que éstas hayan sido investigadas, así como de afirmar que las víctimas de abusos son delincuentes antes de que hayan sido condenadas por algún delito».
Lo anterior porque considera que los jueces deberían hacer cumplir la prohibición de emplear pruebas obtenidas mediante tortura, y los legisladores deberían derogar las disposiciones legales –como el arraigo y otras normas excesivamente amplias que permiten la detención de personas in flagrante (mientras cometen un delito) – que facilitan el abuso de los detenidos.
De acuerdo con la organización, una delegación de HRW presidida por Kenneth Roth y por José Miguel Vivanco, director ejecutivo y director para las Américas de HRW (respectivamente), presentó el informe a Felipe Calderón, a miembros del Congreso mexicano y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a organizaciones de la sociedad civil.
11/AGM/LGL
