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Critica ONU desmantelamiento de derechos a favor de españolas

Por la Redacción

La Organización de Naciones Unidas (ONU) emitió un demoledor informe sobre la situación de las mujeres en España, a través del Grupo de Trabajo sobre la Cuestión de la Discriminación contra la Mujer en la Legislación y en la Práctica, instando al Estado a que cumpla sus compromisos internacionales en materia de igualdad de género ante los alarmantes retrocesos de los últimos años.
 
Más de 250 organizaciones feministas, de Derechos Humanos (DH) y cooperación al desarrollo, integradas en la Plataforma CEDAW Sombra-España, llevan dos años y medio denunciando ante diferentes organismos internacionales (Comité de la CEDAW, Parlamento Europeo, Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Comité de la CSW) el retroceso de la equidad de género en España en los recientes cinco años, tal y como confirma el informe publicado el pasado 17 de junio por el Grupo de Trabajo sobre la Cuestión de la Discriminación contra la Mujer en la Legislación y en la Práctica, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
 
El próximo 8 de julio, el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) examinará a España en Ginebra, Suiza, mientras compañeras de la Plataforma CEDAW Sombra denunciarán ante el Comité los recortes y retrocesos en los DH de las mujeres.
 
Tras la visita encabezada por el Grupo, compuesto por la presidenta-relatora, Frances Raday, y Eleonora Zielinska, y después de entrevistarse con integrantes de la sociedad civil, así como representantes de las distintas administraciones públicas y del Estado español, el informe viene a subrayar de forma tajante el alarmante retroceso en los DH de las mujeres en la nación ibérica en los años recientes.
 
Tal y como la Plataforma CEDWAW Sombra-España ha denunciado ante el Comité de la CEDAW, el Grupo de Trabajo llama la atención al Estado español describiendo un ensombrecido panorama en el marco de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las mujeres.
 
De manera específica, el Grupo refiere todas las áreas que de forma directa e indirecta consolidan la discriminación de género en España: violencia, igualdad, salud, empleo, derechos sexuales y reproductivos, reparaciones a las mujeres víctimas del franquismo, centros de internamiento, trabajadoras del hogar, participación política, protección social, políticas de austeridad, reforma laboral, migración, discapacidad, educación, estereotipos, medios de comunicación, y acceso a la justicia.
 
En términos generales, el Grupo de Trabajo, destacando su preocupación por los retrocesos y la falta de medidas encaminadas a la lucha contra la discriminación por motivos de género, recomendó al Estado español que cumpla los convenios internacionales firmados y ratificados en el marco de la igualdad de género y la no discriminación.
 
Entre el cúmulo de recomendaciones se encuentran: eliminar las barreras para la participación de la mano de obra femenina; incrementar la participación de las mujeres en la iniciativa empresarial y toma de decisiones económicas; y la ratificación del Convenio 189 de la OIT sobre las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos para la protección de los derechos de las personas empleadas en el hogar.
 
En materia de educación, cultura y estereotipos, el Grupo de Trabajo solicitó la revisión de los libros de texto y planes de estudio, para la eliminación de los estereotipos de género; y el diseño, en colaboración con la comunidad gitana, de mejores políticas de integración para la educación de las niñas.
 
Respecto a la violencia de género, el Estado español debe garantizar que no se otorguen derechos de visita sin supervisión a los padres cuando puedan suponer un riesgo para los derechos, el bienestar y la seguridad de la víctima o de sus hijas e hijos; y realizar programas de formación en violencia de género para todo el personal de todas las instituciones, incluido el Poder Judicial.
 
En cuanto a salud y seguridad, el Grupo de Trabajo recomendó la eliminación de los obstáculos que dificultan el acceso de las mujeres a servicios seguros y legales de interrupción del embarazo; así como la redacción de una norma adecuada sobre la tutela pública para que las menores de 16 años puedan practicar un aborto sin el consentimiento de sus padres y madres.
 
Hizo especial énfasis en la suspensión de todos los intentos de restringir el actual acceso seguro y legal al aborto.
 
El análisis del Grupo de Trabajo, en relación con la situación de la igualdad de género en España, así como las conclusiones y recomendaciones que aportan, constatan el desmantelamiento de las políticas de igualdad de género en el país ibérico, tal y como la Plataforma CEDAW Sombra-España denuncia en su Informe Sombra ante el Comité de la CEDAW, y sobre el cual éste tendrá que pronunciarse en los próximos meses.
 
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