Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) criticaron que el Estado mexicano no ofrezca mínimas condiciones de protección y vigilancia a periodistas y defensores de Derechos Humanos (DH) que son agredidos, y expresaron su preocupación por las amenazas de muerte contra la activista de Ciudad Juárez Marisela Ortiz Rivera.
En conferencia de prensa, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Centro Mexicano del Derecho Ambiental y el Centro Nacional de Comunicación Social, entre otras OSC, hicieron un llamado urgente a la Secretaría de Gobernación (Segob) a que instale una mesa de trabajo con agrupaciones ciudadanas para dar seguimiento a las agresiones y amenazas contra periodistas y defensores de DH.
Agniezka Raczynska, secretaria ejecutiva de la Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas y Todos» (Red TDT), dijo a esta agencia que las amenazas contra Marisela Ortiz y María Luisa García Andrade muestran el riesgo en que estas defensoras realizan su trabajo cotidiano y que faltan medidas de protección, para que continúen su labor.
Marisela, quien es una de las fundadoras de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, recibió amenazas de muerte contra ella y su familia el pasado 10 de marzo cuando apareció una manta con frases intimidatorias en la escuela secundaria donde da clases, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
La también activista María Luisa García Andrade se vio obligada a abandonar la entidad luego de que su casa fue quemada el 17 de febrero.
La secretaria ejecutiva de la Red TDT dijo que el Estado mexicano ha fallado en su obligación de ofrecer y asegurar protección a los defensores de DH, pese a que este es un compromiso que adquirió al firmar instrumentos internacionales en la materia.
Ante esta situación hizo un llamado a Felipe Calderón para que reconozca públicamente la importancia del trabajo de las y los defensores y de las y los periodistas.
Las OSC señalaron que en el país los mecanismos de Estado encargados de proteger y garantizar la seguridad de periodistas, defensoras y defensores amenazados o en situación de riesgo no están siendo efectivos.
Destacaron que las personas y organizaciones beneficiarias de medidas cautelares de instancias internacionales han constatado la falta de respuesta gubernamental y la ineficacia de las medidas adoptadas.
Explicaron que es fundamental reconocer que en la labor de estas personas está el derecho de una colectividad y recordaron que en febrero de 2010 el gobierno, la sociedad civil e instancias internacionales se reunieron para impulsar un mecanismo de protección. Eses mes comenzaron las reuniones con la Segob, dependencia que debería implementar dicho mecanismo.
En estas reuniones también participaron la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México y organizaciones y funcionarios de Colombia, quienes implementaron un modelo similar en aquel país sudamericano.
Sin embargo, denunciaron que hasta la fecha no hay un seguimiento de ese trabajo, por lo cual exigieron al gobierno federal que se reconozca la vulnerabilidad que enfrentan defensores y periodistas y que cumpla con la creación de un mecanismo de protección.
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