Organismos No Gubernamentales (ONG) de América Latina se manifestaron hoy en contra de la resolución presentada por Estados Unidos para reducir la demanda del tráfico de mujeres y niñas, porque es una «forma de criminalizar la migración», como parte de la política anti inmigratoria que caracteriza a esa nación.
En el marco de la 49 Sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y de Social de la Mujer, Beijing + 10, diversas organizaciones latinoamericanas destacaron la necesidad de apegarse al acuerdo de Tegucigalpa porque la resolución estadounidense no es clara y deja muchos términos ambiguos.
Estados Unidos pretende establecer los 18 años como la edad apropiada para que las jóvenes puedan viajar y sostiene que el abuso y la explotación sexual por parte de funcionarios de las fuerzas de paz y civiles de algunas misiones de la ONU, «alimenta la demanda» de mujeres traficadas.
En ese sentido, propone al Secretario General de la ONU, Kofi Annan que los integrantes de sus cuerpos de paz sean capacitados y se garanticen las denuncias de abuso y explotación sexual.
La resolución norteamericana sostiene que el uso de mujeres para la prostitución internacional y las redes de tráfico, se han convertido en uno de los focos principales del crimen organizado.
La resolución de EU no especifica cuales son las «otras medidas» que sugiere a los países para desalentar la demanda que alimenta todas las formas de explotación de personas, especialmente mujeres, niñas y niños que las conduce al tráfico, sostienen las organizaciones no gubernamentales.
El gobierno norteamericano pide también que se penalice el tráfico de mujeres, niñas y niños y sé de protección a las víctimas e insiste en adoptar medidas legislativas «y otras» para detener la acción de los explotadores y compradores de sexo que crean la demanda de prostitución.
Más adelante, refiere la necesidad de concretar cooperación policial y acuerdos sobre compartir la información y medidas específicas que apunten a reducir la demanda.
La resolución se presentará esta tarde al pleno y sólo podrá ser votada por los países miembros de la comisión de tráfico de personas.
2005/SJ/LR
