El Colectivo Huaxyacac pidió al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Genaro David Góngora Pimentel, que intervenga contra la violencia patriarcal que se ejerce hacia las mujeres y que ha cobrado la vida de 23 en los últimos 11 meses, en tanto otras 12 se encuentran desaparecidas en el mismo lapso en la entidad.
Las activistas que concluían su denuncia pública en el Paseo Juárez, en la que pidieron la renuncia de la Procuradora General de Justicia del Estado (PGJE) y la titular de la Fiscalía Especial para Atender los Delitos contra las mujeres, interceptaron a Góngora, que aminoró el paso e inició un diálogo entrecortado por las voces de las activistas y periodistas. «¿Qué opina del asunto?», insistían.
El ministro, rodeado de una veintena de funcionarios del Poder Judicial se quedó casi solo, el resto había ignorado a las activistas que lo detenían con cartelones. Se detuvo entonces y miró el documento que un minuto antes le habían entregado en el Huaxyacac.
«Es la primera vez que escucho esto, necesito leer estas hojas y luego platicamos», dijo, en espera salir al paso. Pero ante la pregunta insistente, y casi por reflejo respondió: «¡Qué bueno!»
«¿Qué bueno?», insistieron las y los trabajadores de los medios y rectificó sus palabras: «¡Qué bueno que lo denuncien, hacen falta valor…!»
Eduardo Liendro, del colectivo dijo: «El año pasado un juez de Oaxaca condenó a un hombre que mató a su esposa a tres años de prisión. Estando en la cárcel se le permutó la pena a dos años y el gobernador (Ulises Ruiz) lo excarceló en diciembre bajo un programa oficial después de un año ocho meses, a pesar de que asesinó a su esposa, bajo una ley que se ampara de homicidio por honor. ¿Qué le parece?»
Góngora hacia caras y dijo que no conocía el caso ni la ley. Liendro insistió: «Hay una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que el Gobierno (estatal) no aceptó y ese juez sigue impartiendo justicia aquí en Oaxaca.»
«¿Nombre? ¿No saben el nombre?», pidió el ministro.
Entonces Aline Castellanos Jurado, del Huaxyacac, intervino y solicitó una respuesta sobre el problema. La respuesta fue la inicial: «Voy a leer esto, no estoy enterado.»
La voz de Ana María Hernández se escuchó con la promesa de que le enviarán el caso para que se entere.
El ministro, de sobrio traje negro que hacía juego con los vestidos del mismo color que portaban las feministas como señal de luto por la muerte de una joven de 16 años un día antes, habló: «Lo único que les puedo decir es que denuncien ustedes, es lo que se necesita, gente valerosa, mujeres valerosas. Como Lydia Cacho…»
«Queremos hombres también como ustedes, que estén en el Poder Judicial, no basta sólo la ciudadanía denunciando, queremos instituciones que funcionen, que respondan al reclamo de la ciudadanía, que cumplan con sus funciones». Luego aclaró que el juez del que se hablaba era de Tlacolula.
Góngora sintió un respiro y señaló confiado: «Si es de Tlacolula es juez local, no depende de nosotros».
Pero Ana María Hernández argumentó con aplomo: «Lo sabemos. Pero moralmente las instituciones federales tienen un compromiso, somos un país único, aunque seamos una Federación, tenemos corresponsabilidad, no podemos hablar de estados autónomos cuando las instituciones federales tienen responsabilidades en los estados. No puede decir que no tienen competencia. Tienen competencia moral. Tienen competencia ética.»
«A eso le estamos llamando que hagan recomendaciones, llamamientos. ¿Qué está haciendo el señor gobernador para que las mujeres dejen de morirse a manos de la violencia patriarcal? ¿Qué se está haciendo, porqué dejamos que se crezca? No queremos que eso ocurra, le pedimos, hacemos un llamado respetuoso», remató.
No hubo más palabras ni más argumentos. El ministro de la SCJN solo dijo: «¡Qué gusto conocerla!, Cómo se llama usted? Es una luchadora social, la felicito». Se abrió pasó y se fue.
06/SJ/MR
