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CRONOLOGÍA DEL CASO ALBERTA, TERESA Y JACINTA

Por Anayeli García Martínez

26 de marzo de 2006.- Agentes de la AFI vestidos de civil ingresaron al mercado de Santiago Mexquititlán, para realizar un supuesto operativo contra productos “pirata”.

Durante el “operativo” se dio un enfrentamiento entre los agentes y los vendedores, en su mayoría informales, mismo que culminó horas más tarde con un “acuerdo” de “indemnización” por 70 mil pesos a los vendedores por el daño a sus mercancías.

Ese mismo día, según consta en la recomendación 47/2009 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), se inició la averiguación previa A.P./PGR/QRO/SJR-VIIA/064/2006, signada por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Subdelegación de Procedimientos Penales “A”, de la Procuraduría General de la República en Querétaro.

27 de marzo de 2006.- Se iniciaron las comparecencias ministeriales de los agentes de la AFI.

Tres semanas después, el 21 de abril, se realizaron los primeros desahogos de diligencias y se citó a rendir su declaración sobre los hechos al delegado interino de Santiago Mexquititlán.

9 de mayo de 2006.- Durante las comparecencias ministeriales, los seis agentes hicieron “la supuesta identificación” a través de fotografías de las tres mujeres otomíes como sus “presuntas secuestradoras”.

30 de junio de 2006.- Se presentó el “pliego de consignación” suscrito por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Subdelegación de Procedimientos Penales “A”, en San Juan del Río, Querétaro.

En éste se resolvió imputar el delito contra la salud en su modalidad de posesión de narcóticos (cocaína) a Alberta Alcántara Juan, señalada como probable responsable y se determinó que se “había acreditado la existencia del cuerpo de los delitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro y contra servidores públicos”, señalando como “probables responsables” a Alberta Alcántara y Jacinta Francisco.

3 de agosto de 2006.- Jacinta, vendedora de aguas frescas, nieves y paletas en el tianguis de Santiago Mexquititlán, fue detenida bajo engaños en su domicilio y trasladada a Querétaro, donde fue presentada ante los medios de comunicación conjuntamente con Alberta y Teresa, acusadas por un delito que no cometieron.

Luego de su traslado al Centro de Readaptación Social femenil de San José el Alto, Querétaro, Jacinta fue sentenciada el 19 de diciembre de 2008, a 21 años de prisión y al pago de una multa por 90 mil pesos.

9 de agosto de 2006.- El juez cuarto de distrito de Querétaro, Rodolfo Pedraza Longi sentenció a Alberta y Teresa a 21 años de prisión, y al pago de 91 mil pesos de multa, por el “presunto secuestro” de seis elementos de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI).

Enero de 2009.- El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) tomó el caso. A partir de ello, se hicieron diversas movilizaciones y pronunciamientos exigiendo la libertad inmediata de Jacinta.

En marzo de ese mismo año, la CNDH recibió la queja por los hechos ocurridos el 26 de marzo de 2006.

9 de junio de 2009.- Ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Centro Prodh presentó el caso de Jacinta como “paradigmático” de la vulnerabilidad de las mujeres indígenas frente al sistema de justicia mexicano, quienes se enfrentan a una triple discriminación: por ser mujeres, indígenas y pobres.

19 de julio de 2009.- La CNDH emitió la recomendación 47/2009 a la PGR.

18 de agosto 2009.- Amnistía Internacional declaró a Jacinta como “presa de conciencia” y pidió su inmediata liberación sin condiciones.

3 de septiembre 2009.- La PGR presentó conclusiones no acusatorias contra Jacinta, pero se negó a reparar el daño.

La madrugada del 15 de septiembre de 2009, Jacinta salió libre del penal en el que permaneció tres años.

22 de septiembre de 2009.- En un oficio girado a la Cámara de Diputados firmado por Jorge Alberto Lara Rivera, director General de Normatividad de la PGR, leído en la sesión ordinaria de ese día, la instancia precisó que “al actualizarse la duda razonable a favor de Jacinta Francisco, lo procedente es presentar conclusiones no acusatorias después de que la autoridad judicial cierre la instrucción”. No así para el caso de Alberta y Teresa.

En el mismo oficio informó también, aunque no precisó la fecha, que la PGR notificó a la CNDH el rechazo a su recomendación 47/2009 emitida en julio de ese año, ya que “ésta carece de competencia en casos que se ventilan en órganos jurisdiccionales”.

25 de noviembre de 2009.- En el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la PGR dictó conclusiones acusatorias contra Alberta y Teresa, y solicitó al juez Rodolfo Pedraza Longi una condena de 40 años de prisión.

3 de febrero de 2010.- Se llevó a cabo la audiencia de vista, en donde la PGR y la defensa ratificaron sus posturas.

15 de febrero de 2010.- Amnistía Internacional México declaró a las dos indígenas “presas de conciencia” luego de una investigación donde concluyó que “no hay ni un solo elemento probatorio que demuestre la comisión de delito”.

22 de febrero de 2010.- Fueron sentenciadas por segunda ocasión, esta vez a 21 años de prisión y a pagar una multa de 91 mil pesos y 70 mil pesos más para reparar los daños causados a los “secuestrados”.

16 de marzo de 2010.- El senador perredista Pablo Gómez presentó ante el Pleno un proyectó de decreto de Ley de Amnistía, la cual proponía la liberación de Alberta y Teresa, pero no las declaraba inocentes.

17 de marzo de 2010.- Se conformó en la Cámara de Senadores una comisión para investigar las violaciones de derechos humanos de Alberta y Teresa. Ese mismo día la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrae el recurso de apelación a la sentencia.

13 de abril de 2010.- En un acto de apoyo y solidaridad, cuatro mujeres victimas de violación sexual en San Salvador Atenco, Estado de México, visitan a Alberta y Teresa

21 de abril de 2010.- Después de considerar que no es el recurso más adecuado el Senado congeló la Ley de Amnistía.

28 de abril de 2010.- Luego de casi cuatro años de permanecer en el penal de San José El Alto, Querétaro, Alberta y Teresa son liberadas. Esto luego de por unanimidad, cinco ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvieran revocar la sentencia y declararlas inocentes.

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