Ante la proyección realizada por distintos organismos internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que anuncian para este año cerca de medio millón de personas desempleadas en el país, de los cuales mujeres y jóvenes resultarían más afectados, organizaciones sindicales y civiles iniciarán una «cruzada» judicial para exigir al Gobierno federal que garantice empleo «digno» para las y los mexicanos.
Así lo refirió en conferencia de prensa, Eduardo Miranda Esquive, presidente de la organización Unión de Juristas de México, quien aseguró que, con base en la experiencia de interponer alrededor de 1.5 millones de amparos contra la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), es viable demandar al Ejecutivo el derecho humano al trabajo, establecido en el Artículo 123 constitucional.
«Cerca de millón y medio de mexicanas y mexicanos este año de 2009 se quedarán sin empleo, porque más de 550 mil perderán el que ya tienen y otros 900 mil que se incorporan al mercado laboral no podrán tenerlo, porque no hay trabajo, siendo los jóvenes y las mujeres maduras, muchas de ellas madres solteras, entre los más afectados», indicó el abogado laboralista, según las previsiones del Banco Mundial (BM), la OIT, Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
A estas cifras «alarmantes», dijo, se suman los 2.3 millones que ya existen al ubicarse en 5.1 por ciento la tasa de desempleo en el primer trimestre de 2009. Así como a los 3.4 millones de subempleados y 12.1 millones de ocupados en la economía informal, además de los 5.7 millones ubicados como Población No Económicamente Activa (PNEA) que según el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) «han renunciado a buscar» trabajo.
«El empleo es un derecho constitucional que el Estado no cumple ni protege en México, cuando está obligado a hacerlo en sus diferentes poderes y niveles, por ser el trabajo un derecho humano fundamental de la sociedad para que los habitantes vivan con dignidad y estabilidad económica, social y psicológica», agregó el jurista.
Según estimaciones de este organismo, el número de mujeres con empleo aumentó en 200 millones durante la última década hasta alcanzar los mil 200 millones en 2007, frente a mil 800 millones de hombres. Pero en el mismo lapso también aumentó el número de mujeres desempleadas, de 70.2 a 81.6 millones.
Este panorama puede agravar en los próximos meses, debido a la recesión en la planta productiva y la baja en el consumo, que agravará la llamada crisis de sobreproducción.
De acuerdo con el informe Tendencias mundiales del empleo de las mujeres – marzo 2008, de la OIT, a nivel internacional el 56 por ciento de las mujeres económicamente activas laboran en restaurantes y hoteles, el 63 por ciento en atenciones sociales y un 51 por ciento en comercio, con predominio de contratos temporales.
La proporción de mujeres con empleo vulnerable, es decir en las categorías de trabajadora familiar auxiliar no remunerada o por cuenta propia, y no en la de trabajadora remunerada y asalariada, bajó de 56.1 a 51.7 por ciento desde 1997. Sin embargo, la vulnerabilidad sigue afectando más a las mujeres que a los hombres, en especial en las regiones más pobres del mundo.
Mientras que la tasa mundial de mujeres desempleadas fue de 6.4 por ciento, frente a 5.7 por ciento de los hombres, en 2008.
Las y los desempleados «tienen el derecho de organizarse y exigir trabajo, apoyo económico y resarcimiento de los daños y perjuicios, porque es un deber del Estado para que cada mexicano goce de un empleo digno, y al no hacerlo, los gobernantes incurren en desobediencia y mala gestión, pudiendo ser demandados por las y los desempleados», añadió Miranda Esquivel.
Aseveró que «sin empleo no tienen cabida los derechos laborales y de seguridad social, al ser jurídicamente irrealizables, ni tampoco la posibilidad de una vida satisfecha, digna», pues la desocupación trae consigo pobreza, hambre, incremento de la inseguridad y delincuencia, «sometiendo a la sociedad a una constante tensión por la competencia en el mercado laboral».
Para hallar una solución, insistió, no se necesita una reforma laboral, como la propuesta por Javier Lozano, titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), sino «exigir al gobierno federal, mediante la acción judicial, un empleo, el pago de un seguro de desempleo y la indemnización resarcitoria de los daños y perjuicios que el mal gobierno y sus funcionarios han causado a las y los desempleados por su negligencia, falta de pericia y de voluntad política para fomentar la apertura de nuevas fuentes de empleo».
Se requiere medidas urgentes y efectivas como el establecimiento del seguro de desempleo a nivel nacional, la fijación del control de precios de la canasta básica, la disminución de las tarifas eléctricas, de las gasolinas y diesel, así como, el control y reducción de las tasas de interés bancarias de tarjetas de crédito y préstamos hipotecarios, además de la moratoria a los deudores.
09/GCJ/GG
