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Cuando transportar droga se convierte en opción para salir de la pobreza

Por Sonia Gerth
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Aunque las mujeres representan sólo cinco por ciento de la población carcelaria en México, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muchas veces sufren una doble desventaja. La discriminación y las violaciones a sus Derechos Humanos a menudo tienen lugar desde el momento del arresto hasta el juicio y aún cuando salen libres.

Cimacnoticias visitó el Centro de Reinserción Femenil en Santa Martha Acatitla, ubicado en la Alcaldía de Iztapalapa y colindante con el Estado de México, para conversar con mujeres en reclusión acusadas por delitos contra la salud en la modalidad de transporte e introducción, para conocer cómo llegaron ahí y cuál ha sido su proceso en el acceso a la justicia.

“Todo comenzó con una relación tóxica”, relató Diana, una mujer de 32 años de nacionalidad colombiana, que dejó por un momento su trabajo en la costura que hace en el Centro de Reinserción para salir al patio y conversar con Cimacnoticias.

Hace 3 años y medio, Diana trabajaba para el servicio al cliente de una compañía telefónica en su ciudad natal, Pereira, en el eje cafetero de Colombia. Su novio era adicto, y cada día acumulaba más deudas; tantas, que al final Diana no vio otra salida que transportar droga.

Los conocidos de su novio le dijeron que recibiría tres mil dólares (aproximadamente 60 mil pesos mexicanos) si dejaba un paquete de cocaína en un hotel en la Ciudad de México. Pero eso nunca sucedió. En el aeropuerto registraron su equipaje y antes de que Diana lo supiera, se encontró en una celda de detención. «Nos dejaron allí por tres días, me quitaron todas mis cosas y luego me llevaron a la prisión de Tepic, en Nayarit», narró. No había personal de la embajada ni abogado o abogada presentes en el interrogatorio.

El caso de Diana solo es un ejemplo de los muchos que se encuentran en las cárceles de México. De acuerdo con datos de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la CDMX, a agosto de este año había 32 extranjeras en las cárceles de la capital.

Isabel Erreguerena, de “Equis Justicia para las mujeres», organización que trabaja por el acceso de mujeres a la justicia, ha identificado un patrón común en las entrevistas que hizo con las mujeres en reclusión. La mayoría de ellas afirmó haber ingresado al negocio de las drogas por pobreza. Otro motivo fue que la pareja u otro conocido la convencieron. Y finalmente estuvieron las que se autodenominaban «ambiciosas», de querer ver el mundo o tener cierto lujo.

Lo que tuvieron en común todas ellas es que no tenían suficiente dinero para pagar un buen abogado o abogada, y obtuvieron largas sentencias. A Diana le dieron 10 años, el mínimo por el delito de introducción de drogas, aunque nunca había tenido conflictos con la ley.

De acuerdo con el Código Penal Federal del catálogo de delitos contra la salud previstos en los Artículos del 193 al 199, se impondrán de 10 a 20 años de prisión y de 100 hasta 500 días de multa “Al que ‘transporte’, es decir, la conducción de géneros o mercancías que se trasladen de un lugar a otro por un precio, refiriéndonos en este caso a los productos ilícitos que se contemplen en el artículo 193 del Código de la materia”.

Y “Al que ‘introduzca o extraiga’ del país alguno de los narcóticos o psicotrópicos ya referidos en el artículo 193 del Código Penal Federal aunque fuera de forma momentánea o en tránsito. Si la introducción o extracción no llegase a consumarse, pero de los actos realizados se desprende claramente que esa era a finalidad del agente, la pena aplicable será hasta dos terceras partes de lo previsto en este artículo 194 del Código Penal Federal.

Matilda, de Honduras, compañera de ella en el Centro Femenil, tiene una sentencia más larga por el mismo delito: 17 años y seis meses de los cuales ya compurgó 14 años y 7 meses. Matilda se sienta en la mesa del patio de la prisión, con postura recta, trenza exacta, y aretes. Su voz es profunda y severa. «En ese momento, era ingenua y egoísta», dice, sobre su motivo de transportar droga. «Quería ver el mundo, y mi amigo se encargó de todo».

Dejó cinco hijas entre 1 y 13 años de edad en Honduras.  A la niña de 8 años se la llevó. Viajaron en grupo, con cinco adultos y tres niños, “para pasar desapercibido” según su amigo. Pero el viaje terminó traumático. Los oficiales descubrieron cuatro kilogramos de cocaína en su maleta. Separaron a madre e hija al instante, la niña quedó bajo la custodia de la embajada y luego fue deportada a Honduras.

«Desde ese momento, no la veo. Y ya va cumplir los 23», dijo Matilda, bajando la mirada. «Yo era una mala madre en ese momento». El defensor público que tenía era “horrible, ni siquiera pidió la sentencia mínima, a pesar de que no tenía antecedentes penales y era la primera vez que lo hacía”, afirmó a Cimacnoticias, la mujer de 44 años.

JUSTICIA

El acceso a la justicia es punto clave en los procesos penales, explicó Isabel Erreguerena de Equis Justicia, y sin embargo, es un punto que casi nunca se cumple. En la falta de acceso a la justicia, se manifiesta la discriminación que han vivido las mujeres toda su vida, y se refuerza la vulnerabilidad cuando son indígenas o migrantes.

Según el Inegi, aproximadamente 75 por ciento de las mujeres en reclusión sólo han completado educación primaria, principalmente porque se casaron temprano y tuvieron hijos. «Es un problema estructural que puede estar relacionado con el desarrollo», dice Erreguerena. «El Estado no puede garantizar a las personas su derecho básico a la alimentación o la salud, y ven a la delincuencia como la única fuente de ingresos».

Luego, en el proceso penal, siguen las violaciones de Derechos Humanos. Según la encuesta entre mujeres y hombres en reclusión elaborada por el Inegi en 2016, alrededor del 58 por ciento de las personas entrevistadas sufrieron violencia física durante su arresto, casi la mitad fue amenazada con un arma, cinco por ciento violada; 41 por ciento dijo que la policía había amenazado con fabricar cargos falsos y 30 por ciento dijo que la policía amenazó a la familia.

En el Ministerio Público, sólo 67 por ciento fue informada de sus derechos, 20 por ciento pudo comunicarse con su abogado o abogada. Casi la mitad de todas las personas en reclusión, afirmaron haber sido obligadas por la policía u otras autoridades a declarar.

El panorama desolador continúa en la penitenciaría y termina con las medidas de reinserción. En otros penales, la situación es peor. Diana lo vivió en carne propia. «En el penal federal, ni siquiera te podías soltar el cabello, siempre tenías que bajar la vista hacia el piso. Éramos siete en una celda con tres camas. Todo el día estábamos encerradas, sólo había una hora en el patio», recordó.

«Nos pegaron, también usaron pistolas con toque eléctrico. Algunas mujeres sufrieron violencia sexual, pero yo afortunadamente no”. Lo que la afecta de manera profunda es el trato que vivió. «Te bajan la autoestima hasta el piso. No teníamos shampoo, crema, no había espejos, nada más un tipo de lata para mirarte. Si te encontrabas en tus días, era muy difícil.»

Sobre el acceso a los servicios de salud afirmó: «aquí en Santa Martha simplemente vas a la consulta del médico, pero en el federal, si te dolía algo y estabas en tu celda, si ellos consideraban que no era grave no te llevaban.” Diana contó cómo le tocó ver a una compañera que se murió en su dormitorio. “Ella dijo que se sentía mal y no la llevaron al doctor. Le dio un infarto y falleció.”

Las defensoras de Equis Justicia ven deficiencias aún mayores en la atención psicológica. En Santa Martha, donde las cifras de mujeres podrían alcanzar más de mil 600, ellas sólo fueron atendidas por “un puñado” de psicólogas.

De la misma manera, también Diana y Matilda conversaron sobre sus grupos de autoayuda, pero no de una atención psicológica individual.

«Las mujeres se ven afectadas de otra manera que los hombres», estimó Isabel Erreguerena. «Por ejemplo, se sienten más responsables por sus familias, hijas e hijos». Casi 90 por ciento de las mujeres en situación de reclusión en México son madres. Pero en la cárcel es difícil mantener el contacto.

«En la prisión federal sólo se podían hacer llamadas una vez a la semana a cierta hora, y luego, si no contestaban, te perdías el chance», contó Diana. Las extranjeras como ellas casi nunca tienen visitas. Pero el viaje hacia reclusorios alejados (por ejemplo, sólo hay dos federales femeniles en el país), también se dificulta a familias mexicanas.

«Encontramos que las mujeres reciben mucho menos visitas que los hombres, lo que probablemente tiene que ver con el rol de cuidadora del hogar.», dice Isabel Erreguerena.

Matilda tuvo a su séptima hija en reclusión. La niña tiene 9 años ahora, pero hasta los 6, le permitieron quedarse con su madre en Santa Martha. Iba al Cendi, el maternal del penal, el cual atiende hasta 100 niñas y niños. Matilda sabe que la estancia de la niñez tras las rejas es un tema polémico al nivel internacional. «Pero para mi fue un regalo muy grande. Seis años de ver su desarrollo, nos ayuda a valorar un poco más. Y los niños son muy queridos, no les hace falta nada. La directora, el trabajo social, se desviven por los niños aquí adentro”, afirmó.

La hondureña lamenta mucho no poder mantener a sus hijas desde la prisión. Trabajando en la costura gana 70 pesos al día, dinero que apenas alcanza para cubrir sus propios gastos. Ella misma compró su ropa dentro del Centro de Reinserción: chaleco, leggings y tenis azul marino para las sentenciadas; color beige para la población sin sentencia.  Si tienen suerte, las familias llevan ropa o artículos de aseo cuando las visitan porque todo, “todito” hay que comprar: el papel higiénico, el shampoo, el jabón para lavar.

La falta de estas necesidades básicas es una violación a las “Reglas de Mandela”, sobre los derechos de la población penitenciaria, y las “Reglas de Bangkok”, sobre los derechos de las mujeres privadas de libertad, adaptadas por las Naciones Unidas.  

Las Reglas de Bangkok también cubren los temas de reinserción y alternativas a la prisión, puntos de referencia para organizaciones como Equis Justicia. «En las capacitaciones (para reinsertarlas a la sociedad) dentro del penal, vemos muchos estereotipos de género, como cortar cabello, pintar uñas”, contó Isabel Errenguerena. Pero ella se pregunta cómo las mujeres pueden salir de una vida precaria una vez fuera del penal, cuando únicamente saben hacer trabajos informales. Sin embargo, concluye que “la prisión solo es un microcosmos, un reflejo de nuestra sociedad patriarcal. Las mujeres sí piden esas actividades.”

Equis Justicia y otras organizaciones trabajan para que muchas mujeres ni siquiera entren a la vida detrás de las rejas y abogan por otras sanciones como las llamadas “Casas de medio camino”, el arresto domiciliario, o el trabajo social. Es el caso con los delitos de drogas. Erreguerena analizó que el Estado mexicano quiere demostrar su fuerza y eficacia en el combate contra las drogas “pero las mujeres están abajo de la pirámide de delincuencia”, opinó.

Dijo que desde Equis impulsarán que en el proceso de pacificación que inició Andrés Manuel López Obrador se les otorgue amnistía a estas mujeres privadas de la libertad con penas excesivamente altas en el fuero federal, “cuando en su mayoría son mujeres que no tienen antecedentes penales, fueron detenidas sin ningún arma, y no están vinculadas a ningún otro delito.”

Para ella, el anuncio de la futura Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de intentar renegociar los tratados internacionales sobre drogas suena esperanzador. Pero también resaltó que hubo declaraciones contradictorias de diferentes integrantes del próximo gobierno, y consideró importante seguir las acciones por parte de la sociedad civil.

Los hijos de Matilda en Honduras se quedaron con familiares y “gracias a dios”- dice- terminaron su carrera. Dos están en la escuela todavía. Su hija menor vive en la Ciudad de México en un internado de una fundación. Una vez al mes visita a su madre con las y los trabajadores sociales. “Nos la pasamos muy padre ese día. Padrísimo”, dijo Matilda, aunque “cada vez que viene me cuenta los meses. Yo digo no los cuentes mami, porque faltan más de 2 años todavía”. Cuando salga quiere volver a Honduras lo antes posible. ¿De qué quiere vivir ella entonces? Se le pregunta. «Tal vez coser como lo aprendí aquí. Fundas y manteles, eso podría ser un proyecto”, concluye.

18/SG/LGL

 

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