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Cuba es omiso ante explotación sexual comercial: CEDAW

Por la Redacción
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El gobierno cubano se niega a reconocer el clima de violencia en el que viven las mujeres de ese país, especialmente la grave problemática de trata y explotación sexual que enfrentan miles de cubanas.
 
La semana pasada el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) dio a conocer las conclusiones del informe presentado por La Habana ante el organismo internacional.
 
El Comité, cuyo objetivo es dar seguimiento al cumplimiento de lo establecido por la Convención por parte de los Estados miembro de Naciones Unidas, manifestó su preocupación de que Cuba no reconozca “la existencia ni de la explotación, ni de la ‘prostitución’ ni de la trata de personas”.
 
Sumado a ello, agregó el Comité, hay una “falta de protección y servicios disponibles para las víctimas de esa explotación”, que podría realizarse con programas de refugios y rehabilitación.
 
En conferencia de prensa en Ginebra, Suiza, Olinda Barrero Ruiz, integrante del Comité de la CEDAW y responsable de dar a conocer las conclusiones, agregó que no son suficientes los argumentos presentados por las autoridades cubanas.
 
En su informe, Cuba sostiene que el fenómeno de la “prostitución” no tiene causas estructurales de discriminación o violencia contra las mujeres, pues éstas fueron eliminadas tras el triunfo de la revolución.
 
Además esta práctica “constituye una elección personal de las mujeres y hombres que buscan en el ejercicio de la ‘prostitución’ una vía para acceder a determinados bienes de consumo que propicien un nivel de vida superior al del resto de la población trabajadora, y en algunos casos emigrar al exterior”.
 
Por ello, el Comité urgió al Estado cubano a llevar a cabo todas las acciones necesarias para que las mujeres y niñas afectadas por este flagelo no sean estigmatizadas.
 
Cabe recordar que Cuba fue el primer país del mundo que firmó y ratificó la CEDAW (en marzo de 1980), pero no ha signado el protocolo facultativo mediante el cual el Comité tendría la facultad de examinar las denuncias particulares, además de que no cuenta con una ley específica para castigar la violencia contra las mujeres.
 
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