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Cuenta con “protección” de Segob, pero defensora es agredida

Por la Redacción

Organizaciones civiles exigieron a Guillermo Padrés Elías, gobernador de Sonora, que garantice medidas de protección y justicia para la defensora de Derechos Humanos (DH) Martha Solórzano, por las agresiones físicas y verbales que sufrió el pasado 14 de junio por parte de elementos de seguridad del mandatario estatal.
 
Ese día, la activista sonorense, integrante de la Asociación Esperanza contra la Desaparición Forzada y la Impunidad, fue agredida física y verbalmente por elementos de seguridad de Padrés Elías mientras intentaba acercarse a él para solicitar su apoyo en el caso de cuatro jóvenes torturados por policías municipales.
 
Por esto, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México emitió una carta abierta dirigida al gobernador sonorense, en la que expresó su preocupación por la seguridad de la activista.
 
Igualmente exigió medidas de protección para salvaguardar su integridad física y psicológica, y que las autoridades estatales y municipales investiguen los hechos para evitar impunidad.
 
Según la misiva, la preocupación por parte de las organizaciones que conforman la Red Nacional está fundamentada en otras agresiones que la defensora experimentó por parte de la policía municipal como represalia a su labor.
 
En este contexto, la agrupación alertó al gobernador que policías municipales han allanado, agredido y hostigado la labor de la activista; además de que la detención en 2012 del hijo de la defensora, Jorge Luis Zavala, pudo haber sido una represalia.
 
Cabe recordar que la activista cuenta con medidas de protección otorgadas por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob), pero aún así sigue enfrentando agresiones.
 
Martha Solórzano es activista del municipio de San Luis Río Colorado, Sonora. En 2008 presentó una denuncia formal contra el policía municipal Diego Navarro por abuso de autoridad, robo y violación, y en 2010 inició protestas pacíficas por el caso de Zulma Janeth Hernández, una joven que murió en la cárcel debido a falta de atención médica tras haber sido golpeada por policías.  
 
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