Luego de casi un mes de permanecer en una morgue de California, los restos de la indígena mixteca Ofelia Lorenzo Ramírez, de 25 años, y de su hija Maribel Vázquez, de 4 años de edad, fueron repatriados a Metlatónoc, Guerrero, su tierra natal.
De acuerdo con un comunicado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, fue en agosto pasado cuando ambas murieron trágicamente en un accidente automovilístico, mientras se dirigían a su hogar, ubicado en Oxnard, California.
Sin embargo, durante más de un mes, el Consulado de México en Oxnard fue omiso para localizar, por todos los medios, a los familiares de las víctimas, aún cuando contaban con datos e información precisa sobre el pueblo de Ofelia, dice Tlachinollan.
Y luego, cuando los padres de la indígena establecieron por iniciativa propia el contacto con el consulado, las autoridades respondieron que enviarían únicamente las cenizas de sus parientes, toda vez que ya habían decidido que los cuerpos serían cremados.
La familia de Ofelia hizo varias apelaciones ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para que les fueran entregados los cuerpos, pues de acuerdo a los usos y costumbres de los pueblos es inaceptable la cremación, ya que eso implica una profanación y un vilipendio a la memoria de los muertos.
Finalmente éstos llegaron el pasado viernes por la noche a la Ciudad de México y el sábado a Tlapa, de donde partieron de inmediato a Zitlatepec.
No está demás reiterar -denuncia Tlachinollan– que todo ello ocurre entre trámites burocráticos, engorrosos, y en medio de una insensibilidad de las autoridades del Consulado.
SALIR DE LA MONTAÑA
En La Montaña de Guerrero, la región con un mayor rezago económico y social en la entidad, donde están los municipios más marginados del país, como Metlatónoc, las condiciones de pobreza y el abandono de las autoridades al campo obligan a las y los indígenas a emigrar a Estados Unidos.
No obstante, allá la suerte no es del todo fácil, pues las políticas migratorias no los favorecen y en sus empleos no tienen la protección de ningún derecho laboral, lo que equivale a decir que no tienen la condición de ser humano, señala Tlachinollan.
Por ello, cuando sufren un accidente de muerte, no existe ninguna norma o ley que los proteja para garantizar que por lo menos sean trasladados en condiciones de dignidad.
Es evidente que los migrantes en Estados Unidos realizan su trabajo en tal estado de indefensión y con ello las autoridades conculcan flagrantemente todos los tratados internacionales, que protejan los derechos de las y los trabajadores migrantes.
PALABRAS DESOÍDAS
Es el caso de Ofelia, que trabajaba como jornalera agrícola y murió junto con la pequeña Maribel (la segunda de sus tres hijas), cuando se volteó sobre una autopista de California, en un vehículo que manejaba su esposo, Rogelio Vázquez Arce, originario de Oaxaca.
Tras ese accidente, él fue detenido y los cuerpos de ellas fueron depositados en la morgue del Consulado de Oxnard.
Casi un mes después del hecho, un paisano de Ofelia que también vive en Oxnard avisó por teléfono a los padres de ésta: Tomás Lorenzo Peñafort y Socorro Ramírez Ignacio.
Les hizo saber que no conocía el lugar dónde estaban los cuerpos. Y el 4 de septiembre pasado, con sus limitados medios económicos, los padres de Ofelia iniciaron la búsqueda vía telefónica en los distintos consulados que tiene México en California y fue en el de Oxnard donde les confirman que estaban ahí los cadáveres.
Sin embargo la cónsul, Rosa Elba García Franco, expresó a Tomás Lorenzo que se les iban a enviar las cenizas de su hija y su nieta y que incluso estaban agradecidos de que se hubieran comunicado porque justo dos días después estarían siendo cremados los cuerpos y las cenizas serían arrojadas al mar con base en las políticas de Estados Unidos.
El argumento de que no podían enviar los cuerpos es que ya había pasado más de un mes desde que ocurrió el accidente, estaban en avanzado estado de descomposición y de acuerdo a las leyes de sanidad del país vecino ya no estaba permitido trasladar restos en ese estado.
Cuando los familiares reclamaron que no fueron localizados cuando ocurrió el deceso de Ofelia y Maribel, el argumento de García Franco es que sí lo hicieron y que incluso pidió el apoyo de la delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Guerrero, con sede en Acapulco, así como del Departamento de Atención a Migrantes en el Extranjero de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en Guerrero, pero que no obtuvo respuesta de ninguna dependencia.
En medio de un proceso que enfrentaba la familia por asimilar la idea de que sólo recibirían las cenizas de sus parientes, el padre de Ofelia apeló ante la SRE para que interviniera ante las autoridades de EU, pues en los valores y prácticas culturales en los pueblos indígenas es inaceptable la cremación de un cuerpo.
Explicó que el hecho de que los cuerpos siguieran en la morgue no era por una cuestión suya, sino una irresponsabilidad de la cónsul, quien asumió un papel omiso al no localizarlos con mayor eficiencia y celeridad.
Finalmente el consultado en Oxnard aceptó enviar los cuerpos, aún con reticencias y en medio de una situación demasiado hermética.
Esto demuestra -explica Tlachinollan-que lamentablemente dentro de las visión de las autoridades estadounidenses importan más lo trámites burocráticos que el dolor, sufrimiento y los valores culturales de los pueblos indios.
Y lo que es más inaceptable es que lo representantes de las autoridades mexicanas en ese país sigan esta misma lógica de priorizar los trámites burocrático antes que el dolor humano.
CUENTAS ALEGRES Y REALIDAD
Como Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan consideramos -indica el comunicado– que pese a las cuentas alegres y a las estadísticas que hablan del mejoramiento económico de nuestro país, la realidad es que cientos de personas emigran a los Estados Unidos y a los estados del norte del país, justamente por la pobreza en que viven en sus territorios y por la falta de empleo y oportunidades para vivir en condiciones dignas.
Y en su búsqueda por mejorar sus condiciones de vida sólo en lo que va de 1999 al primer semestre del 2007, han muerto en su intento por cruzar la frontera, 2 mil 994 mexicanos y mexicanas, según cifras de la investigación que hizo el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados federal.
Por otra parte, la misma SRE en medios de comunicación nacionales ha reconocido que de las investigaciones por los decesos de migrantes registrados de 2005 a la fecha han avanzado con gran lentitud por lo prolongado de los procesos judiciales y por la falta de cooperación de las agencias o corporaciones involucradas en los incidentes.
De ahí que entonces resulta necesario que haya una buena coordinación entre las autoridades en EU con sus homólogos en México y es además imperativa la sensibilidad de las autoridades consulares, pues no deben tomar decisiones unilaterales, sin antes haber agotado realmente todos los medios para localizar a familiares de inmigrantes muertos en ese país.
Por todo ello, el Organismo No Gubernamental de Derechos Humanos demanda al gobierno federal y estatal, así como a las dependencias que manejan programa sobre migrantes, que instrumenten políticas que tiendan a proteger de manera real y efectiva a los migrantes.
Que asuman un compromiso real que se traduzca en el respeto absoluto a los tratados internacionales que protejan a los migrantes, para evitar que estos sigan viviendo en estado de indefensión.
Que se realicen de manera ágil y sin burocratismos los trámites necesarios para dar con el paradero de las otras dos niñas de Ofelia Lorenzo, de las que sólo se sabe tiene 5 y 2 años, porque hasta se encuentran desaparecidas.
Y que, una vez localizadas las menores, las autoridades de nuestro país brinden todo el apoyo e indemnización necesaria para las menores, y así garantizar su sobrevivencia en condiciones dignas.
07/GG
