La reforma a la Ley del Salud en el Distrito Federal incluye, además del servicio de interrupción legal del embarazo (ILE), un apartado en el que se obliga al gobierno de la ciudad y a los servicios de salud a promover una amplia campaña de anticonceptivos y aplicación de los mismos, con especial énfasis hacia las mujeres que acaban de interrumpir un embarazo normal, declaró la presidenta de IPAS-México, Rafaella Schiavon Ermani.
Asimismo, se pronunció porque los elementos de la consejería insistan a las mujeres que acuden a practicarse una ILE sobre la importancia de cuidarse para no tener un embarazo no deseado al poco tiempo de ese evento. De ahí la importancia de entender que no es algo que cae en un terreno virgen, ya se ha trabajado mucho con los prestadores de servicios para que incluyan y aumenten la cobertura anticonceptiva después de un aborto.
Schiavon Ermani reiteró que eso es parte de las obligaciones de los servicios de salud y del gobierno capitalino, lo que significa: asignación del presupuesto, promoción por parte de la consejería de campañas anticonceptivas y la prestación de métodos, a todos niveles, pero principalmente a las mujeres que acaban de interrumpir un embarazo.
En entrevistacon Cimacnoticias, la feminista subrayó que la mujer tiene la idea de que después de un aborto tienen un periodo de infertilidad, como sucede en un parto, cuando durante la cuarentena no sucede nada si tiene relaciones sexuales.
Y explica: en realidad, en el primer trimestre después de una interrupción del embarazo, el regreso de la fertilidad es inmediato. A las dos semanas, la mujer que tenga una relación no protegida se puede volver a embarazar después de la interrupción del embarazo.
La doctora Rafaella, de IPAS, ONG especializada en salud sexual y reproductiva en México, destacó la importancia de que las mujeres utilicen un método anticonceptivo inmediatamente después del procedimiento de la interrupción del embarazo, el cual puede iniciar ese mismo día con: dispositivo; el ciclo de pastillas anticonceptivas; un ciclo de inyecciones mensuales de anticonceptivos, así como el implante hormonal.
MENOS RECURSOS
La directora de IPAS-México rechazó los argumentos de la derecha en el sentido de que la atención al aborto legal va a costar «muchísimo» dinero a las instancias de salud y ya no van a tener lo suficiente para atender los partos, aclaró que «ya las instituciones de salud están gastando mucho dinero atendiendo abortos incompletos».
Investigaciones de dos organizaciones internacionales, dijo, demuestran que la interrupción del embarazo en condiciones legales puede reducir a la mitad los costos, con respecto a las intervenciones clandestinas, debido a que las mujeres ya no llegan con complicaciones, se reducen los porcentajes de las complicaciones hemorrágicas e infecciosas de perforaciones.
Aseguró que ahora los sistemas de salud están gastando mucho por la atención de un aborto incompleto, los cuales son resultado de abortos inducidos y realizados en malas condiciones. Pero al atender las demandas de interrupciones legales y en condiciones de calidad y tecnología óptima, los costos se pueden reducir a menos de la tercera parte.
Inclusive, comentó Schiavon, si en el contexto legal se utilizan procedimientos que no implican la hospitalización de la mujer, sino más bien una atención ambulatoria, eso puede reducir todavía más el costo de la atención, de lo que pesa sobre los sistemas de salud pública.
Schiavon subrayó que el programa de planificación familiar de México tiene una de las gamas más amplias de métodos anticonceptivos que se ofertan en los servicios públicos de salud, comparados con otros países que generalmente tienen uno o dos métodos anticonceptivos.
En México, precisó, hay pastillas, inyecciones anticonceptivas, dispositivos, anticoncepción de emergencia, condón masculino y condón femenino, pero «no siempre están tan accesibles y eso implica una necesidad de inversión y de presupuesto adecuado».
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