La directora de Salud Integral para la Mujer (SIPAM), Pilar Muriedas, denunció la presunta complicidad del Secretario de Salud, Julio Frenk, y del Secretario de la Función Pública, Eduardo Romero, en el caso del fraude y evasión fiscal cometido por Provida en el ejercicio de 30 millones de pesos que recibió de la Secretaría de Salud (SS).
Durante el panel Muerte Materna e Infantil, organizado por la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, Muriedas cuestionó las razones para que el gobierno federal no haya aplicado la ley.
Señaló que luego de que el entonces diputado Luis Pazos asignara de forma unilateral esos recursos, la SS a través de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública (APBP), firmó un convenio con Provida.
La directora de ese organismo social explicó que dicho acuerdo justifica la asignación de esos 30 millones de pesos bajo el supuesto de que serían destinados a fortalecer el programa Arranque Parejo en la Vida (APV) para evitar que mujeres tomaran la decisión de interrumpir embarazos no deseados.
Así pues, enfatizó la directora de SIPAM, con el aval de Luis Pazos y de la SS, Provida recibió dinero público para disuadir a las mujeres de realizarse abortos a pesar de que la legislación lo permite en diversos casos, como es la violación o cuando está en peligro la vida de la madre.
En el recinto legislativo, Pilar Muriedas recordó que en enero de 2003, seis organizaciones civiles se percataron del desvío de 30 millones de pesos del presupuesto público, que habían sido asignados al rubro de salud aprobado en 2002.
Enfatizó que sin importar las reglas de operación para proporcionar financiamiento a organismos civiles, Luis Pazos ordenó a la SS otorgar los recursos a Provida en lugar de destinarlos para el tratamiento de enfermos de VIH/sida, como lo había determinado la Comisión de Equidad y Género.
En este sentido, dijo que a más de dos años de la auditoría ciudadana realizada por seis organizaciones civiles en la que se comprueban las irregularidades cometidas por Provida y que confirmó la Auditoria Superior de la Federación (ASF) hace 15 días, los responsables siguen impunes.
Y es que «ni el señor Luis Pazos ni Serrano Limón se robaron un chocolate o se pasaron el alto de un semáforo, ellos violaron flagrantemente la ley desde el ejercicio del abuso de poder», señaló.
Una vez que ASF comprobó que la organización encabezada por Serrano Limón malgastó 27 millones de los recursos públicos recibidos en 2003, es decir, 90 por ciento del total, Pilar Muriedas cuestionó las razones para que el gobierno federal no haya aplicado la ley.
La titular de SIPAM preguntó a las y los panelistas -entre los que se encontraban diputadas de la Comisión de Equidad y Género; el presidente de la Comisión de Salud, José ángel Villalobos, y representantes de organismos civiles, si a Serrano Limón y a Luis Pazos se les aplicará la ley durante el presente gobierno. Pero no hubo respuesta.
2005/MP/SJ
