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Cuestiona duramente Soberanes al gobierno por el caso Juárez

Por Miriam Ruiz

Negligencia, desprecio del Estado de actuar con la debida diligencia, contradicciones, tortura e impunidad son las palabras recurrentes del nuevo informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un lustro después de la incumplida recomendación 44/98 sobre las mujeres asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez.

El ombudsman mexicano José Luis Soberanes rindió hoy ante el Senado el nuevo reporte en el que responsabiliza a todos los niveles de gobierno por la falta de resultados en las investigaciones y pide castigo a las autoridades municipales y estatales de Chihuahua.

El tono del informe y de la presentación que hizo Soberanes se caracterizó por ser más crítico y fuerte contra el gobierno mexicano, a diferencia de sus últimas declaraciones sobre el caso Juárez, donde hoy la CNDH contabiliza 263 mujeres asesinadas en una década.

Al iniciar el informe, Soberanes ratificó la voz de las ONG sobre “la intolerable carga de negligencia, desatención, omisiones e incluso discriminación y engaños, que ha caracterizado la conducta de muchos agentes de la autoridad responsables de investigar y esclarecer los casos de mujeres asesinadas y desaparecidas de Ciudad Juárez.”

Y se dirigió al gobierno federal al abundar sobre “las conductas omisas de quienes desde otros niveles de gobierno estaban llamados a prestar apoyo y colaboración”, al presentar un estudio de mil 600 páginas en el que participaron 20 visitadores y que habla también de cuatro mil 587 mujeres desaparecidas.

La CNDH sostiene que en 89 casos se lograron confesiones “espontáneas” de detenidos ante el Ministerio Público juarense, al tiempo que “quedó acreditado que los señores Gustavo Gónzalez Meza y Víctor Javier García Uribe fueron objeto de sufrimientos graves o tortura.”

Ambos confesaron en 2001 bajo tortura ocho asesinatos de mujeres. González Meza falleció el ocho de febrero pasado en prisión durante una cirugía no programada.

Sin embargo, nueve personas fueron absueltas, a pesar de sus confesiones, por las autoridades locales.

El estado real de los expedientes cuentan también cuatro “sentencias especiales”, 61 en investigación, tres en reserva, 17 con órdenes de aprehensión pendiente de ser ejecutadas, cuatro con órdenes de aprehensión denegadas, dos con sentencia de libertad por falta de elementos, una remitida a la Procuraduría General de la República (PGR) y nueve remitidos al archivo.

En estos 105 casos en “trámite”, de acuerdo a la CND, “resulta evidente que se ha incurrido en la omisión de allegarse de indicios para identificar a los probables responsables”, dado que solamente se realizaron investigaciones mínimas.

Por otro lado, en 42 de los 263 asesinatos analizados no se ha logrado establecer la causa de la muerte y 12 no se conoce el año en que ocurrieron por falta de información. “No se estudia el fenómeno de manera global, sino que a cada asunto se le ha otorgado un tratamiento individual”, agrega el ombudsman nacional.

La CNDH “obtuvo información suficiente para desvirturar las afirmaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado en el sentido de dar por resueltos casos, sin que existan bases jurídicas para sustentar dichas afirmaciones”, sobre todo donde el móvil, la víctimas y los responsables no han sido identificados.

DESAPARICIONES

“Con mucha pena tengo que informar de manera enfática que no fue factible ubicar un solo caso en donde se hubiese considerado a sujeto alguno como responsable de la desaparición de mujeres”, dijo José Luis Soberanes.

La CNDH encontró contradicciones en los reportes de las autoridades de Chihuahua: mientras a la Comisión Interamericana se le informó en enero del 2002 que tenían en trámite 257 casos de desaparecidas entre cuatro mil 154 casos, la CNDH solamente pudo consultar cinco por ciento de estos reportes.

PROPUESTA, NO RECOMENDACIÓN

Sin poder hacer por ley una segunda recomendación sobre el caso Juárez, la cual hizo ya en 1998, la CNDH propuso la creación de un Registro Nacional de Personas Desaparecidas, replantear la fiscalía mixta, así como apoyo y colaboración de las autoridades estatales y municipales en la investigación.

Entrevistado después del informe, Soberanes consideró a un lustro de la recomendación 44/98, la primera emitida en México por violencia de género, que:”Es como una relación de pareja, conforme van pasando los años la indiferencia va creando resequedad y la indiferencia de todos estos años va creando resequedad en las relaciones sociales, en este tejido, este entramado social.”

Tres senadores llegaron a la Reunión de Comisiones Unidas de Derechos Humanos, Especial para el Seguimiento de Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez, Justicia y Equidad de Género de la Cámara Alta: Dulce María Sauri, presidenta de la comisión especial para Juárez; Guillermo Herbert Pérez, y José Ernesto Gil Elorduy, ambos de la Comisión de Derechos Humanos.

Se esperaba toda la comisión especial sobre Ciudad Juárez integrada por Lucero Saldaña, Martha Tamayo, Micaela Aguilar, Luisa María Calderón, Leticia Burgos y Sara Isabel Castellanos, entre aquellas más comprometidas con las causas feministas.

03/MR/GMT

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