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Cuestiona Lucía Morett silencio de Gobierno mexicano ante masacre

Por Guadalupe Gómez Quintana

Lucía Andrea Morett Álvarez, estudiante mexicana herida durante el ataque del Ejército colombiano contra un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio de Ecuador, el pasado 1 de marzo, afirma que le duele la intención del Gobierno mexicano de revertir con su silencio la responsabilidad que, ante el mundo y la historia, tienen los autores de la masacre, “para desviar la atención preguntándose qué estábamos haciendo allí”.

Mediante una carta escrita el pasado 25 de marzo desde su cama del Hospital Militar de Quito, difundida por la Red Interactiva de difusión del Observatorio Ciudadano de los Derechos de las Mujeres, Lucía envía un “saludo sincero, bolivariano”, y explica que llegaron al campamento “unas pocas horas antes de la barbarie”, donde murieron “cuatro de mis mejores amigos”, en su condición de civiles y estudiosos universitarios.

No imaginamos, señala, “que íbamos a ser víctimas de una de las peores infamias cometida recientemente en América Latina, justo en un lugar al que se nos invitó para conocer las propuestas de paz”.

Me duele, dice, que en un mundo lleno de comunicación, los medios y su poder tergiversen la realidad con absurdas y dolosas mentiras, y que con ellas busquen lastimar la dignidad de jóvenes que desde las vías pacíficas y legales queremos un cambio en la sociedad.

Ahora nos salen, continúa la estudiante, “con la abominable pretensión, eso sí ampliamente difundida, de que las autoridades colombianas nos van a interrogar. En qué cabeza cabe pensar que nuestro verdugo sea al mismo tiempo el juez de estos hechos y que sean además los asesinos quienes sentencien a las víctimas”.

Señala que “existe ya un culpable confeso: a Álvaro Uribe se le debe investigar y castigar y lo mismo debe hacerse con otros autores materiales e intelectuales, a todos aquellos que nos lanzaron bombas igualitas a las que arrojaron en guerra contra Irak, para después atacar por la espalda a los heridos”.

Señala categórica que “nosotros no cometimos ningún delito, ingresamos y transitamos legalmente en el Ecuador, participamos de actividades públicas y, en cambio arteramente se nos acribilló. Tan abrumadores son los hechos, que el Fiscal General de esta nación me ha dicho que no hay nada en mi contra, que fui víctima y me deseaba una pronta recuperación”.

Desde este hermoso pueblo ecuatoriano que me ha abierto sus brazos y su solidaridad, sé que allá en México el coraje y la dignidad también están encontrando su lugar y que son muchos los actos y las formas mediante las que se exige que este crimen de Estado no quede impune, afirma.

“Gracias por estar con nosotros, con Juan, con Fernando, con Verónica, con Soren. Tengo la confianza que no estoy sola, que la gente de mi pueblo sabrá luchar y hacer justicia; que en la UNAM nuestras autoridades han condenado los crímenes y han estado a la altura de los acontecimientos para defender el derecho a pensar y actuar críticamente”.

Estoy segura –señala– que muy pronto mis compañeros tendrán una lápida digna, que su muerte no será en vano, ya que su semilla cayó en suelo fértil por lo que junto a ellos nacerán flores y frutos hermosos. Su voz que pretendieron apagar de una manera muy ruin se multiplicará en el grito de muchos millones por todo el planeta.

Me despido, concluye Lucía Morett, desde esta mitad del mundo fracturada por ese bombardeo cobarde. Sigo confiada en que esa América, esa Patria Grande por la que lucharon y soñaron Bolívar y Martí, muy pronto llegará. Nuestras naciones después de un largo eclipse florecerán. No hay imperio que viva eternamente.

“SALVEMOS A INGRID”

Por su parte, organizaciones de Víctimas de Crímenes de Estado hacen un llamado “desde lo más profundo del sentido de la solidaridad, de la humanidad” para que se generen las condiciones necesarias e Ingrid Betancourt, ex candidata presidencial de Colombia secuestrada por las FARC hace 6 años, sea dejada en libertad para ser atendida ante su estado de salud.

Mediante un comunicado difundido por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y fechado en Colombia, hacen también un llamado “a la liberación de todos los civiles privados de la libertad que se encuentran retenidos por las FARC EP”.

Las precarias condiciones de salud en que se encuentra Ingrid Betancourt, retenida desde hace 6 años, un mes y tres días –como lo revelan los medios de comunicación nacionales e internacionales y la misma Defensoría del Pueblo– “convierten en imperativo nacional su inmediata liberación”.

A la guerrilla de las FARC, afirman, le cabe la responsabilidad de velar por la vida y la integridad de Ingrid, y de garantizar que regrese sana y salva a la libertad. También la obligación de buscar todos los medios y procedimientos posibles para asegurar que esa liberación se produzca cuanto antes.

Es deber del Gobierno Nacional, de acuerdo a las normas constitucionales y a los tratados internacionales, agotar todos los mecanismos y recursos a su alcance para lograr que Ingrid regrese con vida a su hogar a la mayor brevedad.

Ya no hay tiempo que perder, advierten. Este es un clamor nacional que no soporta más dilaciones ni posiciones inamovibles por parte del Gobierno y de la guerrilla de las FARC. Su vida se encuentra seriamente comprometida y para poder sobrevivir requiere de una inmediata atención médica especializada que ni los combatientes de la guerrilla, ni los centros de salud del Guaviare o de cualquier otra población, puede brindarle.

A esta exigencia nacional, se han sumado también las voces de gobiernos del mundo, del Parlamento Europea y de los países amigos que vienen ofreciendo su mediación para que se produzca un inmediato y urgente Acuerdo Humanitario, aseguran en el comunicado.

Por tanto, hacen un llamado humanitario para que cesen las arrogancias e intransigencias y sobre las posiciones y razones políticas de ambas partes, prime el derecho y la defensa a la vida.

Sobre cualquier tipo de consideración y sin más demoras, inadmisibles en este momento, debe prevalecer el compromiso nacional de producir la inmediata liberación de Ingrid Betancourt, y un acuerdo humanitario que permita avanzar hacia la Paz.

08/GG/CV

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