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Cuestionan expertos aplicación del fuero militar en México

Por Lourdes Godínez Leal

Por la abrogación del Artículo 57 del Código de Justicia Militar y del fuero de guerra se pronunciaron nuevamente hoy el académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Miguel Sarre, el general José Francisco Gallardo y Luis Arriaga, director del Centro de derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” al participar en el Foro Itinerante “Mujeres, Violencia e Impunidad: Diálogos entre la Academia y la Sociedad Civil”.

Miguel Sarre reiteró lo que en otras ocasiones ya se ha denunciado, “es inconstitucional extender la jurisdicción militar para determinar si un civil es víctima o no de un delito” como ha sucedido en los casos de mujeres agredidas sexualmente por militares, quienes –insistió– tienen que demostrar ante los tribunales militares que fueron violadas.

Al respecto, el doctor en derecho del ITAM consideró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe pronunciarse porque “se acabe la jurisdicción militar y dejar muy en claro que en ningún caso debe tener competencia sobre víctimas civiles, o bien, que por la vía legislativa se derogue la fracción correspondiente del Artículo 57 del Código de Justicia Militar (CJM)”.

En el foro, donde participaron académicos y sociedad civil con temas diversos, que el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) lleva a cabo desde 2007, Miguel Sarre enfatizó que “lo ideal” sería reformar el Artículo 13 constitucional tomando en cuenta dos consideraciones: la abolición total del fuero de guerra y la restricción del fuero militar a los delitos que tienen que ver estrictamente con el mando militar.

“Si se toma en cuenta el Artículo 57 del CJM lo que se tendría que considerar es que no comprenda lo que señala la fracción segunda, que son los delitos del orden común o federal, si se elimina esta parte sólo quedarían los delitos especificados en el libro segundo de este Código relativos exclusivamente a la materia militar”, precisó el académico.

REFORMAS EN EL CONGRESO

En reiteradas ocasiones, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) –con estatus consultivo ante la OEA y quien tiene como tema prioritario la justicia militar– se ha pronunciado por la reforma al Artículo 57 del Código de Justicia Militar.

En sus distintas visitas a México Cejil ha sostenido reuniones con legisladores del Congreso de la Unión, donde se encuentran varias iniciativas de reformas a la Constitución con el tema del fuero militar, para discutir esta propuesta y tratar de lograr se unan fuerzas para impulsar una sola propuesta.

Al respecto, en su participación en el foro el general José Francisco Gallardo, defensor de los derechos humanos en el ejército, señaló que reformar el Artículo 57 del CJM es “un trabajo inútil” porque las leyes militares deben estar sujetas al orden constitucional y a los tratados internacionales, por lo que en su opinión “sería más efectivo hacer una reforma constitucional al Artículo 13 a la Constitución y abrogar el fuero de guerra”.

El general Gallardo, a quien se declaró en 1997 preso de conciencia por Amnistía Internacional, agregó como una opción para lograr las reformas que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde hay varios casos de violación a derechos humanos por militares, impulse que éstos se resuelvan, lo cual a su vez llevaría a la no repetición de los hechos (agresiones sexuales) y a una reforma constitucional en este tema.

EXENTAR A SUPERIORES, SINÓNIMO DE IMPUNIDAD

Durante su exposición del tema sobre fuero militar, Sarre fue tajante, mientras no se dé “ese gran paso” de pasar la línea entre superiores y subordinados no se podrá terminar con la impunidad. Y cuestionó, además, hasta qué punto son responsables los mandos superiores en el ejército por “los excesos de los subordinados”, a quienes no deslindó de su responsabilidad en la violación a derechos humanos de la población civil.

Miguel Sarre, ex visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), precisó que en el sistema jurídico mexicano las comisiones de derechos humanos son el único órgano competente constitucionalmente para declarar las violaciones a derechos humanos.

Y, en este sentido, criticó que la CNDH sólo “haga un par de señalamientos” en sus recomendaciones sobre estos casos dejando “exentos” a los superiores, así como el hecho de que las comisiones de derechos humanos frecuentemente caigan en la discusión con las autoridades de querer investigar primero, cuando, su único papel es determinar si hubo violaciones a derechos humanos y llevar esa responsabilidad al superior jerárquico, reiteró.

Sarre Iguíniz consideró que el Estatuto de Roma en su Artículo 28, ratificado por México, establece todo un sustento jurídico para fincar esta responsabilidad que más que penal, dijo, es desde una perspectiva de los derechos humanos.

De manera sintética explicó que el Estatuto señala que los superiores son responsables cuando saben o debieran saber lo que están haciendo los subordinados y, por otro lado, cuando no toman las medidas necesarias para prevenir actos violatorios de esos derechos humanos.

Por lo que insistió en la relevancia de las comisiones de derechos humanos en su papel para señalar responsables en situaciones donde se violen (derechos humanos) y llegar hasta los superiores, y advirtió que “en el momento en que esta responsabilidad empiece a subir, empezarán a disminuir casos como los de Atenco, Oaxaca, entre otros”.

¿JUSTICIA?

Por su parte, Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, consideró que al hablar de justicia militar lo que está en juego es la imparcialidad e independencia con que han actuado hasta ahora en los casos donde ha habido violaciones a derechos humanos, y concretamente en violaciones sexuales a mujeres por parte de militares.

En estos casos dijo, es casi imposible que existan medidas de no repetición, y señaló como muy preocupante que la CNDH emita recomendaciones sin responsabilizar a altos mandos y en el tema de la jurisdicción militar, nunca se ha pronunciado por eliminar el fuero de guerra.

En el caso del fuero militar, el director del Prodh observó que la CIDH se ha pronunciado en reiteradas ocasiones señalando que la jurisdicción militar tiene un carácter restrictivo y excepcional y sirve para proteger intereses específicos.

“En ese sentido, me parece que están varios elementos en juego. Por lo que el fuero militar puede abstenerse a ejercer la acción penal cuando no hay cuerpo del delito, pero muy sujeto a las órdenes de sus superiores”, concluyó.

08/LGL/CV

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